Por: Iván Budinich Castro

La propuesta de los economistas de la Universidad del Pacifico, Bruno Seminario y Juan Mendoza, de destinar el 10% de la recaudación del IGV para crear una pensión previsional mínima para la población es una alternativa que merece considerarse a la luz del escaso nivel de trabajadores formales que existen en nuestro país. Debemos recordar que entre el sistema de AFP´s y la ONP apenas el 20% de nuestra población se encuentra cubierta por algún tipo se seguridad para su vejez.

El sistema de AFP´s requiere ser repensado para que su rentabilidad alcance siquiera la de los ahorros bancarios, otros actores privados como bancos y cajas de ahorro deben entrar a competir en el mercado para beneficio del aportante. Necesitamos un shock de creatividad para solucionar el problema y mucho menos dogmatismo de parte de los adoradores del mercado y el Estado respectivamente.

No se trata de eliminar el sistema privado de pensiones como si el estatal fuera un éxito, de hecho una de las ventajas del sistema de las AFP´s es proteger los ahorros previsionales de la voracidad del Estado que miraba a los ahorros de toda la vida de los ciudadanos como si fueran de su propiedad y por tanto podían ser dispuestos a su antojo. Se entiende que los políticos populistas de izquierdas y derechas sueñen con poner sus manos sobre los ahorros de peruanas y peruanas, no se entiende sin embargo la gentil colaboración de la ciudadanía en esta tarea.

El congreso como siempre opto por la salida más fácil al eliminar la reelección inmediata de alcaldes y presidentes regionales, con ello ha pulverizado también las expectativas e incentivos de muchos para realizar una buena gestión. Cierto es que no podemos permitir ni un día más la creación pequeños feudos en la democracia donde las autoridades se reeligen por años y hasta décadas, pero lo correcto en este caso hubiera sido reducir el mandato a tres años como ocurría en los gobiernos locales antes de que a Fujimori se le ocurriera cerrarle el paso a Andrade ampliando la gestión a cuatro con los cual contribuyo decisivamente a agudizar la crisis de liderazgo político al reducir la rotación de las elites locales y por otro lado establecer un límite de dos gestiones (ni una más) para las autoridades locales y regionales impidiendo la formación de argollas y repartijas.

Con solo cuatro años por delante y sin incentivos siquiera para cubrir las apariencias, no es mucho lo bueno que podemos esperar de nuestras autoridades locales y regionales.