Fuente: Infolatam

(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Alan García es un animal político, un hombre que ha marcado la historia de Perú desde 1985. Ahora sus deseos de regresar a la presidencia en 2016 se ven obstaculizados por la ofensiva política que ha unido contra él a sus enemigos, el nacionalismo de Humala, el toledismo y el fujimorismo.

Alan García fue el presidente más joven de América latina en 1985, perseguido por el régimen de Alberto Fujimori entre 1990 y 2000, líder opositor a Alejandro Toledo (2001-2006), de nuevo presidente (2006-2011) y ahora otra vez opositor, esta vez a Ollanta Humala.

Alan García y el tema narcoindultos

La carrera política de Alan tiene una próxima parada: regresar al Palacio presidencial en 2016. Por ahora. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú Más, encabezan la intención de voto para las elecciones presidenciales del 2016, con 31.6 % y 14.5 % respectivamente, según arroja la encuesta a nivel de Perú urbano de CPI.

El sondeo realizado del 12 al 17 de junio, incluye a la primera dama, Nadine Heredia, como eventual candidata, logrando 9.2 % del apoyo popular. Los encuestados otorgan un 7.4 % de posibilidades a Alan García (APRA) para un tercer gobierno.

Más rezagados aparecen la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, con 6.4 %; Alejandro Toledo, de Perú Posible, con 3.9 %; y César Acuña, de Alianza por el Progreso, con 3.3 %.

Sin embargo, ese deseo de Alan choca con un reto difícil de superar, el escándalo de los narcoindultos.

El Pleno del Congreso de la República aprobó la semana pasada el informe del caso 'narcoindultos' donde se plantea denunciar constitucionalmente al expresidente y a dos exministros de Justicia de su gobierno, Aurelio Pastor y Rosario Fernández, por infracción a la constitución al haber otorgado conmutaciones de penas e indultos a narcotraficantes.

De los beneficiados, 3.207 (61%) purgaban condena por narcotráfico.

Lo que aprobó el pleno del Congreso en el informe final de los 'narcoindultos' fue la recomendación de acusar constitucionalmente y denunciar penalmente al ex presidente Alan García y a dos ministros de su gobierno.

El fondo de la acusación -como explica Augusto Álvarez Rodrich- es que durante la administración aprista se estableció una organización ilícita para suplantar al Poder Judicial y vender gracias presidenciales indebidas a un tercio de los reclusos a nivel nacional.

Alan García no estaría vinculado, según el informe con la venta de indultos presidenciales, pero sí con un posible abuso de dicha facultad.

El tranfondo político

Detrás de toda esta jugada política parece evidente que existe la intención de terminar con la carrera política del expresidente. El nacionalismo humalista y su aliado, Gana Perú de Alejandro Toledo, buscan acabar con el que fuera, y es, su gran enemigo y rival político.

Esto es lo que sostiene el propio Alan García ("Venganza Conyugal. Ese acuerdo, ordenado por los Humala y Toledo, no tiene validez ni tendrá consecuencia jurídica. Lo más positivo fue la voz de los congresistas de otras bancadas que, con acierto jurídico y justicia, no se sumaron a la venganza conyugal") y otros políticos que nada tienen de alanistas ni apristas.

Por ejemplo Pedro Pablo Kuzcynski para quien todo esto es un "tema político, no un tema judicial. Hay que tener cuidado con decir: 'Bueno, vamos a inhabilitar a fulano o a zutano porque no nos gusta'. En la democracia, eso no es bueno".

O para el congresista (Acción Popular) Víctor Andrés García Belaúnde: "Hay mucha responsabilidad del gobierno aprista por la mafia que ha subastado los indultos. El partido aprista debe responder. Pero, quien hace el expediente, lleva este documento al despacho presidencial, el que pide la firma del presidente, y quien firma el decreto asumiendo responsabilidades es el ministro de Estado (...) Estando así las cosas, es dificil creer que el presidente tenga responsabilidad directa".

Algunos analistas, como Augusto Álvarez Rodrich coinciden con este punto de vista: "Lo que está en juego es la potencial inhabilitación de Alan García, lo cual lo dejaría fuera de la competencia por la presidencia de la república en el año 2016. En ese terreno, el encono entre el Apra y el gobierno es evidente y estridente, mientras que el fujimorismo ha optado por abstenerse de votar el día jueves pero conscientes de haber una mayoría que le haría el 'trabajo sucio' de limpiar el camino de Keiko Fujimori hacia la presidencia sacando a Alan García".

Alan García: "Venganza Conyugal. Ese acuerdo, ordenado por los Humala y Toledo, no tiene validez ni tendrá consecuencia jurídica. Lo más positivo fue la voz de los congresistas de otras bancadas que, con acierto jurídico y justicia, no se sumaron a la venganza conyugal"

Así pues, el paisaje se compone de un expresidente (Alan García) que desea regresar al poder, un presidente en ejercicio (Ollanta Humala) aliado con otro expresidente (Alejandro Toledo) que desea evitarlo. Y por encima de toda esta pelea el fujimorismo aparenta quedarse al margen (se abstiene) pero aspira a sacar provecho viendo como el gran rival de Keiko Fujimori en 2016 emprende una larga y desgastadora batalla judicial.

"La decisión que la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene por delante es compleja pues, más allá de las conclusiones propias del informe de los 'narcoindultos', la sensación de que se pueda estar sacando a un candidato del peso de Alan García de la competencia electoral, con armas que no sean los votos, puede terminar enturbiando la elección del 2016, algo que vendría acompañado de mucha turbulencia y una elevada inestabilidad política", añade Álvarez Rodrich.

Todo indica que Alan García superará esta situación pero, como apunta Miko Lauer, aunque "una eventual inhabilitación del Congreso sea un resultado con pocas posibilidades de sostenerse en el tiempo, o que García sea experto en eso de vivir a la defensiva. Su situación es innegablemente incómoda... el asunto va para largo, e incluso muy largo. Son varias instancias que el caso debe recorrer en el propio Congreso, con la posibilidad de que surjan novedades a lo largo del camino. Es posible que el gobierno de Ollanta Humala no vea el final del proceso".