Y esto cuando Cuixart y Sánchez llevan un año en prisión provisional, una situación, la de prisión, que Amnistia Internacional califica como injustificable y desproporcionada.

Hay que recordar que todos los recursos que se han instruido para su puesta en libertad han topado con un muro monolítico, en forma de Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Hay que recordar que se trata de prisión provisional

El año de prisión se cumple ahora, siendo la medida de prisión provisonal; si finalmente son condenados, el tiempo que hayan pasado en prisión se descontará de la sentencia en firme.

Desde Amnistía Internacional no se duda en calificar como «injusticia» que hayan pasado tanto tiempo en prisión sin que todavía haya una condena firme.

Desde el 16 de octubre del año pasado

Fue hace un año cuando la jueza Carmen Lamela, en aquellos días perteneciente a la Audiencia Nacional, decidió encarcelar a los Jordis acusados de sedición por los desordenes públicos que se produjeron frente a la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat.

Los hechos acaecidos el 20 de septiembre del 2017, devinieron en una multitudinaria concentración de personas afectas al independentismo, durante el registro de dichas dependencias por la Guardia Civil.

Quizás la imagen más simbólica de la noche fue cuando Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, se encaramaron, megáfono en mano, en un coche patrulla de la Guardia Civil para exaltar aún más a las masas.

Amnistía Internacional no niega la existencia de delitos

A pesar de que el capítulo español de Amnistía Internacional califica como injustificados los cargos que se imputan a los dos Jordis, y que considera que la calificación de sedición no ha lugar, no niega que es posible que aquella noche se cometerían delitos, pero de otra naturaleza.

Los impedimentos que los manifestantes, jaleados por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, pusieron a una actuación policial lícita, como fue el registro de la Guardia Civil, encargado por un juez, es motivo de persecución judicial.

En ese caso concreto nos encontraríamos ante un delito penal por alteración del orden público, pero el imputarles un delito de sedición es desproporcionado, concluye Amnistía Internacional, ya que el proceder de Sánchez y Cuixart se podría enmarcar dentro de la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Reuniones pacíficas de apoyo a la consulta

El capítulo español de la ONG que fundase Peter Berenson, considera que los Jordis, estaban en su derecho de promover concentraciones pacíficas de apoyo al referéndum para la independencia de Cataluña.

Si bien es cierto que los estados pueden, en determinadas circunstancias, restringir los derechos a la libre expresión y la manifestación en situaciones en las cuales se encuentren en peligro bienes jurídicos como la seguridad nacional, este no es el caso.

Además, esas restricciones se deben de fundamentar en la proporcionalidad y la necesidad, supuestos que para Amnistía Internacional con concurren en este caso.

Primer concejal encausado por impedir la acción de la Guardia Civil

La «ofensiva» judicial contra los implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre, continúa a buena marcha, y ya se ha producido el primer proceso a un concejal que quiso impedir que la Guardia Civil accediese a un colegio electoral para retirar las urnas.

Las recientes declaraciones de los partidos que alientan el independentismo sobre la necesidad de que el gobierno influya en la fiscalía, han tenido una contundente respuesta por parte del gobierno

La jueza de Manresa que lleva el caso, aprecia que Jordi Pesarrodona (ERC) desobedeció la suspensión del referéndum aunque no recibió un apercibimiento personal del mismo.

Teniente de alcalde en Sant Joan de Vilatorrada

Pesarrodona es teniente de alcalde en el citado ayuntamiento, ubicado en comarca del Bages, y se encuentra cerca de que se acabe instruyendo juicio oral en su contra.

El auto de la jueza considera que hay argumentos jurídicos suficientes para imputarle un delito de desobediencia por su actuación durante el primero de octubre, que le puede acarrear una pena de inhabilitación para cargo público.

La jueza que instruye el caso considera probado que Pesarrondona se encontraba en el interior del colegio electoral cuando llegó la Guardia Civil, y con la connivencia de otras personas procedió a cerrar las puertas del colegio, advirtiendo a los agentes de que la única ley que iban a cumplir era la emanada de parlamento catalán.

Solo por la negativa a acatar el mandato de la Guardia Civil, la jueza que instruye el caso considera que Pesarrodona tenía conocimiento de que le referéndum que se estaba celebrando era ilegal.

Un político peculiar

En sus excentricidades, se encuentra la utilización de una nariz de payaso en sus actos públicos, como fue el caso en el 20 de septiembre del año pasado, cuando durante el referendum ilegal del uno de octubre.

Además, le afecta la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que, debido a su condición de teniente de alcalde, tenía la obligación de conocer las resoluciones del alto tribunal, además de acatarlas.

Se trata de la misma presunción de conocimiento de las resoluciones de los altos tribunales, a partir de la cual se ha podido encausar por sedición a parte de los políticos presos que están encarcelados en espera de juicio.

Y de fondo los Presupuestos Generales del Estado

Las recientes declaraciones de los partidos que alientan el independentismo – ERC, PdeCAT y Junts per Catalunya – sobre la necesidad de que el gobierno influya en la fiscalía, han tenido una contundente respuesta por parte del gobierno.

Los independentistas piden, para apoyar los Presupuestos Generales del Estado del 2019, que el gobierno instruya a la fiscalía para que retire los cargos contra los políticos presos catalanes, a lo cual el gobierno se niega rotundamente.

Isabel Celaá ha recordado que las instituciones emanadas del parlamento catalán lo son por el hecho de que son representación del Estado de derecho, y que ese mismo ordenamiento jurídico del que emana su poder, el que establece la separación de poderes.

Celaá ha recordado que es precisamente por la existencia de la separación de poderes que rige en España, por lo que la fiscalía actúa bajo los principios de autonomía e imparcialidad.

Unas «cuentas» válidas por si solas

Isabel Celaá también se ha mostrado convencida que los Presupuestos Generales del 2019 por si solos tienen el suficiente «punch» como para que no solo el PSOE los consideren como enormemente válidas.

Sobre los «avisos para navegantes» del polo independentista condicionando su apoyo a los presupuestos con medidas de gracia para los políticos presos, Celaá se ha mostrado convencida que en esa pugna saldrá vencedora la Cataluña inteligente, cultiva y cosmopolita.

A pesar de los avisos, se comienzan a ver disensiones en el polo independentista, como el caso de PdeCAT, que de manera oficiosa ya ha avisado de que las cuentas son una cosa y los políticos presos otra distinta.

Y esto cuando Cuixart y Sánchez llevan un año en prisión provisional, una situación, la de prisión, que Amnistia Internacional califica como injustificable y desproporcionada

Fuente - El País / El Diario / Wikipedia / Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada / europa press