Por:

Hugo Müller Solòn

Coronel PNP (R) - Abogado

mullerabogados@hotmail.com

Frente a la Ley 29372 que implementa a partir del 01 de julio la figura del arresto ciudadano en todo el país, las autoridades nacionales se olvidaron que el Perú no es solamente Lima y se ha iniciado una serie de polémicas, discusiones y especulaciones sobre su aplicación, justificación, procedencia, se pone en duda la inclusión de los miembros de serenazgo en dicha ley, etc. Lo cierto es que nadie se quiere dar por enterado que la figura del arresto ciudadano desde el 2006 y de manera progresiva, se encuentra vigente en Huaura, La Libertad, Moquegua, Tacna, Arequipa, Tumbes, Piura y Lambayeque y lejos de centrar la discusión sobre la forma como se ha venido aplicando este procedimientos y sus resultados en los mencionados lugares para aprovechar esa experiencia en el resto del país, se ha creado toda una expectativa mediática en torno a sus probables resultados.

"...capacitar a los ciudadanos y hacerles conocer como pueden utilizar el arresto ciudadano en los casos que lo permite la ley ..."

En el Distrito Judicial La Libertad, el arresto ciudadano se aplica desde el primero de abril del 2007, hemos visto a los serenos o agentes municipales de seguridad ciudadana en algunos casos, conducir a la dependencia policial más cercana a aquellos sujetos que fueron descubiertos cometiendo un flagrante delito, pero no ha sucedido lo mismo con los demás ciudadanos para quienes esta norma ha pasado casi desapercibida. Sin ninguna duda el gran problema radica en que se dificulta su debida aplicación en nuestro Departamento y en todo el contexto peruano, porque el ciudadano no maneja los términos adecuados. Dicha norma no va a reducir los altos índices de inseguridad ciudadana en el país como políticamente se ha tratado de insinuar al adelantar su aplicación en todo el Perú, ya que ningún ciudadano se encuentra preparado para enfrentar a un delincuente, tan solo porque así lo señale la ley. No se trata de arriesgar la vida de los ciudadanos pretendiendo que arresten a delincuentes avezados o armados, pero si podrían darse algunos supuestos de flagrancia en los que ciudadanos debidamente preparados y capacitados pudieran colaborar con la policía y la justicia poniendo en evidencia un elevado nivel de solidaridad con las victimas, a quienes de alguna manera se les puede brindar el apoyo que necesitan en el preciso momento de ser objeto de una agresión o violencia delictiva, inclusive arrestando al agresor; pero se requiere que los operadores del nuevo sistema procesal penal, Colegio de Abogados, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, lo mismo que las Municipalidades, se den el tiempo y el espacio necesario para capacitar a los ciudadanos y hacerles conocer como pueden utilizar el arresto ciudadano en los casos que lo permite la ley con la precisión, conocimiento, seguridad y legalidad que solamente la capacitación les puede brindar, para que no siga pasando desapercibido como hasta ahora sucede, camino a convertirse en una norma mas que pasará al olvido, como muchas otras que solamente fueron utilizadas en su momento para ganar el necesario rédito político de los interesados.

Dicha norma no va a reducir los altos índices de inseguridad ciudadana en el país como políticamente se ha tratado de insinuar