Como venía denunciando CGT desde hace casi 3 años y FERROVIAL se negaba a cumplir, esta obligación es requerida a todas las empresas de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo de 2019, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral.

El pasado 15 de febrero, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, la Sala de lo Social, dictaminó sentencia sobre el conflicto colectivo de registro horario que afecta a los trabajadores de servicios a bordo de Ferrovial. 

En ella, se impone: “la obligación a la empresa de implantar, en un improrrogable plazo de 30 días, un sistema de registro de jornada fiable y objetivo, que mida el tiempo real de la jornada de trabajo de cada empleado de servicios a bordo y que sea accesible tanto a los trabajadores como a la RLT, siguiendo el procedimiento del Real Decreto-ley 8/2019”.

CGT consigue sacarle los colores a una multinacional como Ferrovial

Ante la negativa de Ferrovial para cumplir este requerimiento, únicamente en su colectivo de tripulantes en los trenes de Renfe, donde se distribuye su jornada laboral de manera irregular, CGT denunció esta situación también ante la Inspección de Trabajo que levantó acta de infracción grave por parte de la empresa. A esta demanda, en el acto del juicio, se adhirieron todas las secciones sindicales con representación en la empresa (a excepción de UGT).

La Inspección de Trabajo y la Audiencia Nacional han respaldado el empeño de estos trabajadores de Ferrovial por conocer cuál es realmente su jornada laboral completa en una empresa que siempre ha presumido de llevar a cabo comportamientos ejemplares en cuanto al cumplimiento de la ley. Desde 2013, Renfe ha confiado los servicios a bordo de sus trenes a una multinacional cuestionada por los tribunales en esta y otras sentencias dictadas a favor de sus trabajadores.