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Fuente: Macroconsult

El tema del aumento de la delincuencia y la fragilidad de la seguridad ciudadana se ha convertido en un problema importante y urgente a nivel político para el Presidente Ollanta Humala. La percepción de inseguridad que se mantiene en los últimos años, por encima de 85% en la población mayor a 15 años, está entre las más altas de la región y, de acuerdo con las encuestas, es en la actualidad el principal problema que enfrenta la población peruana. Es más, esta percepción emana de una realidad terrible: el año pasado, cuatro de cada 10 peruanos ha sido víctima de un hecho delictivo.

Si bien las causas del problema son difíciles de evaluar, hay algunos factores que pueden destacarse por la obvia relevancia que tienen. El primero es el avance del narcotráfico que, si bien no actúa en el Perú con la crueldad y sevicia que exhibe en otros países donde está en guerra abierta con el Estado, ejerce una poderosa influencia en el crecimiento de la delincuencia al poner en evidencia la impunidad y enormes ganancias que reporta una actividad criminal. Además, por la erosión que produce en el funcionamiento de instituciones básicas del estado mediante la labor de corrupción de policías, jueces o políticos.

Un segundo tema tiene que ver con la alta impunidad de la que gozan los delincuentes. Que solamente 12% de las víctimas de un hecho delictivo efectúen denuncia ante la Policía y, más aun, que solo alrededor de 5% de ellas den resultados positivos para la víctima, da una idea clara de que la delincuencia en el Perú es una actividad de bajo riesgo para quien la comete. Detrás de esta situación está el deterioro que a lo largo del tiempo han tenido dos instituciones básicas para el resguardo de la seguridad ciudadana, la Policía y los jueces. Los responsables de esta situación son el problema de escasez de recursos fiscales que experimentó el país por varias décadas y la desidia de sucesivos gobiernos.

Finalmente, debe mencionarse que en el Perú se ha hecho más énfasis en limitar la capacidad de acción de la Policía que en apoyar su efectividad. ONG defensoras de derechos humanos han fiscalizado y perseguido con celo extremo el uso de la fuerza por parte de la Policía, sin que haya contraparte en la defensa de los policías acusados. Si bien esta actitud ha sido reflejo de una acción política y se ha centrado principalmente en el uso de la fuerza de la Policía en los casos de violencia social, sus efectos se han extendido al campo de la delincuencia común, beneficiando significativamente al delincuente. El sistema en el momento actual persigue y castiga con severidad los excesos y la violencia policial, mientras que se comporta tolerante y permisiva con la delincuencia común.

El Presidente Ollanta Humala, que fue consciente de la insatisfacción popular con respecto a este tema, ofreció durante su campaña electoral atacar frontalmente este problema y lo hizo parte importante de su acción de gobierno cuando instaló, al poco tiempo de asumir el gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad Interna. En los meses transcurridos desde entonces, ha gozado de la delegación de facultades legislativas que le cedió el Congreso para mejorar la legislación sobre el tema, ha efectuado cambios mayores en la estructura y composición de las fuerzas policiales y goza de recursos presupuestales abundantes para llevar a cabo los equipamientos, entrenamiento y otros gastos que son necesarios para aumentar la eficacia y eficiencia de las fuerzas policiales.

Las medidas adoptadas han tenido un efecto relativamente positivo, ya que mientras que en el período de julio a diciembre de 2011, 45% de los encuestados reportaba haber sido víctima de un hecho delictivo, en los últimos seis meses del año pasado este porcentaje ha caído a 38.3%. Sin embargo, la eficiencia de las fuerzas policiales ha declinado, ya que mientras que en el último semestre de 2011, 7.6% de las denuncias terminaba con resultado positivo para la víctima, en el último trimestre del año pasado la cifra bajó a 5%, lo que pone en evidencia la casi irrelevancia de la Policía para resolver los delitos.

Estamos ante una situación particularmente riesgosa y con potenciales consecuencias políticas, ya que puede terminar por alcanzar la aprobación del Presidente Humala, sobre todo si la inseguridad ciudadana se mezcla a corto plazo con el problema de la violencia social.