Autor: Rodrigo Acha Fuente: Semana económica

Imagen: lamolina Tras varios días de comentarios de autoridades del Estado en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que exige el pago de los bonos de la reforma agraria a valor actual, el ente judicial falló a favor de su ejecución. Primero el presidente Ollanta Humala había pedido la semana pasada a un grupo de personas que estaba por terminar su gestión no tocara temas sensibles cuando estaban de salida, luego de lo cual vino una seguidilla de comentarios como el del congresista Santiago Gastañadui, presidente de la comisión de Constitución del Congreso, quien hizo hincapié en que los principales tenedores de bonos son especuladores que los adquirieron a los ex terratenientes al 10% o 20% de su valor.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, pidió prudencia y sugirió que el TC debe de haber tomado en cuenta el impacto económico que un fallo favorable a la ejecución del pago de los bonos de la reforma agraria tendría en el país. El temor de Castilla se debe a que la deuda podría ascender a más de US$4, 000 millones y evidentemente implicaría hacer ajustes en el próximo presupuesto, así como aumentar los S/.8, 912 millones destinados al servicio de la deuda pública de este año.

Lo cierto es que la decisión del TC no corresponde a algo repentino, sino que la situación ha sido largamente discutida y existe un fallo del 2001 que ordena el pago a valor presente que no llegó a ser ejecutado. El origen de la deuda es absolutamente legítimo y ésta fue reconocida por el propio Estado peruano al momento de emitir los bonos, a cuyo cobro en ningún momento renunciaron los tenedores.

Además, existen formas de evitar que el pago genere un hueco en la caja fiscal. Si en el 2009 el Estado peruano emitió bonos por US$1, 000 para destinar el 85% de los recursos captados al pago de la deuda con el club de París a una tasa de 6.95%, ¿por qué no podría hacerse algo similar para cubrir el pago de los bonos de la reforma agraria? El endeudamiento bruto del Estado no supera el 20% del PBI y el Perú tiene una buena calificación crediticia, de manera que podría hacerlo a una buena tasa, a pesar de que el panorama actual no es el mismo de hace unos meses, cuando las tasas de deuda tocaron fondo. Esos US$4, 000 millones equivalen aproximadamente al 2% del PBI (un tercio o un poco menos del 6% ó 7% que representa la inversión pública respecto al PBI) y seguramente son menos nocivos que la imagen de un Estado que no cumple sus obligaciones (es probable que en el futuro haya que hacer algo similar cuando se exija el pago de la deuda del Fonavi -aún indefinida, pero estimada en S/.7, 500 millones- cuyo pago se aprobó en el referéndum del 2011).

El Marco Macroeconómico Multianual habla de una meta de 0.6% de superávit fiscal, pero sólo se habla de una deuda pública sostenible, no aumentos o reducciones. Cabe tener en cuenta que, si bien se ha planteado la opción de incluir descuentos tributarios como parte de pago, la proyección de impuestos a los ingresos a personas naturales no pasa de S/.15, 000 millones anuales en entre el 2014 y el 2016, de manera que no habría espacio para muchos canjes.

La posibilidad de hacer pagos programados por series suena mejor; después de todo, los tenedores han esperado más de 40 años y dos o tres años más serían sólo una raya más al tigre dentro de todo el periplo hasta el pago. La otra opción es la entrega de un segundo bono, que ya sería ofrecido en tiempos como los de hoy, en los que el Perú parece vacunado frente a la inflación.

Justamente, uno de los principales problemas ha sido el desorden con el que se ha manejado el asunto. Ni siquiera el propio Ministerio de Economía tiene noción de cuánto es lo que ya se ha pagado (se hizo pagos a las empresas jurídicas que sufrieron expropiaciones y no se sabe si a algunos o muchos tenedores peruanos), de manera que es difícil calcular la deuda.

En fin, ya pasaron muchos años y las personas que sufrieron las expropiaciones—de grandes y pequeñas propiedades— no tienen dependencia alguna del cobro de los bonos para subsistir. Sin embargo, lo que no debe ponerse en juego es la entereza del Estado como entidad que enfrenta sus responsabilidades. Quedan seis meses para la emisión de un decreto supremo que regule el procedimiento de registro, valorización y formas de pago.