Autor: Fabrizio Tejada A.

Al fin se van sacando las máscaras en el gobierno. Luego de que TV Perú emitiera una entrevista al presidente a cargo de las periodistas Josefina Townsend y Mávila Huertas, se emitieron diversas voces de alerta dentro de los medios periodísticos (principalmente de El Comercio) sobre una insinuación a una ley que regule la propiedad y las cuotas de participación del mercado de dicha industria.

Recordemos que no es la primera vez que esta idea se le pasa por la cabeza al capitán Carlos: ya había hablando a favor de la Ley de Medios Audiovisuales propuesta por el gobierno de Cristina Fernández en Argentina, diciendo que se necesitaba una ley así en el Perú. Incluso en el programa de gobierno de La Gran Transformación decía lo siguiente como propuesta: " Elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social). El objetivo es incorporar las distintas perspectivas de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la libertad y pluralidad de la información y opinión, y recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación ".

Y precisamente mi pregunta hacia el capitán Carlos, el garante Vargas Llosa y la bancada de Acción Popular-Frente Amplio es la siguiente: ¿es necesaria una ley de medios que regule la propiedad? Y les respondo: no. Los únicos que tenemos que regular la propiedad privada y decidir quién tiene cuál participación en la torta somos nosotros, los consumidores. Ese señor que se dice llamar Presidente de la República no representa al pueblo; si lo hiciera, respetaría su decisión. Todas y cada una de las personas que compraron Trome, El Comercio, La República o el diario que fuese hemos decidido en base a lo que necesitamos, a lo que queremos.

El Grupo La República ha hecho una campaña incansable desde que salió al público que el grupo de la familia Miró Quesada de desprestigiar la compra de parte de la línea de imprenta del grupo Epensa, tratando de "monopólicos" a aquellos. Ellos no se acuerdan (o no se quieren acordar) que intentaron una adquisición hacia el mismo grupo de la misma empresa. LR da manotazos de ahogado, debido a que su actual participación en el mercado de los medios impresos ha caído considerablemente en los últimos 10 años. Si algún empresario, de cualquier rubro o tamaño que fuese, pide una regulación o "protección" por parte del Estado, sepan que es para su beneficio, no para el nuestro. Cuando algún empresario diga que "tiene que haber colaboración entre el Estado y el sector privado", ¡cuidado! Sus bolsillos van a ser saqueados en nombre de alguna buena intención.

En el mismo plan de La Gran Transformación alaba la reforma del mercado de los medios impulsada por el dictador Juan Velasco Alvarado. Reza así: " En el país, los medios de comunicación han sido tradicionalmente controlados por unos cuantos grupos familiares y por el Estado durante el siglo XX. El primer gran cambio en este tema se dio en 1968. Se anunció inicialmente que se los entregaría a los sectores sociales organizados, pero en la práctica fueron confiscados para ponerlos al servicio del gobierno militar ". ¿Y qué esperaba que hicieran los militares? Una dictadura concentra el poder, y una de las mejores formas es callando a la oposición y a cualquiera que quiera investigar.

El capitán Carlos, en una pregunta que le harían al día siguiente de emitida la entrevista por el canal estatal sobre la prioridad de una ley de medios responde: "no es prioridad presentar un proyecto de ley sobre concentración de los medios" y más adelante sigue "Es importante que quienes somos demócratas defendamos la libertad de expresión abiertamente". Si este señor no respeta qué medios quiere consumir la gente y se ensaña contra un medio específico (porque esta ley de medios está dedicada al Grupo El Comercio), tiene tanto de demócrata como Javier Diez Canseco tenía de fujimorista. Y, como si esta jugada hubiera estado creada en un laboratorio, a última hora la bancada de Acción Popular decide presentar el proyecto de la ley de medios. Cómo no, cuando se habla de medidas autoritarias, llaman a su especialista y congresista Manuel Dammert para explicarle a la gente que "Este es un tema público y no privado. La altísima concentración de medios afecta la vida de mocrática, la formación de opinión pública y la libertad de expresión". ¿Acaso este no es un tema que nos concierne a nosotros? ¿Acaso nuestros bolsillos, nuestros ojos y nuestras mentes no son privadas? ¿Acaso "todos somos el Estado" y, por lo tanto, todos nuestros asuntos son de la incumbencia de dicha organización? Esos ribetes totalitarios convierten a esta ley de medios en una ley de miedos, de terrores.

Esta ley de miedos, además de ser el puntapié inicial a una pelea entre gobierno y medio de prensa (estilo gaucho con los kirchneristas y Clarín) también puede ser la excusa para una re-elección conyugal y otras medidas autoritarias. Estos señores, que han demostrado completa mediocridad e incompetencia en la gestión pública, ya han hecho el suficiente daño metiéndose con los bolsillos de los aportantes a las AFP y a los comerciantes con los nuevos poderes de la SUNAT como para ahora meterse con la libertad de expresión. Es hora de darle un frenazo. Lo hicimos con el asunto de Repsol, lo podemos hacer con esto.