El pasado 23 de mayo, el instituto suizo International Institute for Management Development ?IMD- (en asociación local con Centrum Católica), presentó su Ranking Mundial de Competitividad 2018 analizando 63 países en 4 categorías : desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia en los negocios e infraestructura, incluyendo 20 indicadores, para determinar el nivel de competitividad de los países midiendo la capacidad de sus economías para crear un entorno empresarial competitivo, incrementar su productividad y generar ingresos para mejorar la prosperidad, bienestar y calidad de vida de su población.

Nuestro país se ha ubicado en dicho ranking entre los últimos 10 puestos (54° entre 63 países) registrando los últimos lugares en importantes indicadores : economía doméstica (54°), comercio internacional (54°), marco social (60°), productividad y eficiencia (60°), prácticas gerenciales (54°), infraestructura básica (58°), infraestructura tecnológica (61°), infraestructura científica (61°) y educación (54°), pero lo más preocupante es que desde el 2008, que ocupamos el puesto 35°, venimos decayendo, además los últimos 4 años nos mantenemos entre los 10 países menos competitivos del mundo lo cual demuestra que la evolución de nuestra competitividad empeora y por ende nuestra productividad no avanza lo cual es fundamental para el desarrollo del país.

El asunto es que nuestra competitividad no mejora a pesar que desde el 2002 tenemos un Consejo Nacional de la Competitividad, cuya denominación fue modificada en agosto 2016 por Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización, y es presidido por el ministro de Economía y conformado por el presidente del Consejo de Ministros, cinco ministros, representantes de los gobiernos regionales y locales, la Confiep, y un grupo consultivo especializado, cuyas funciones son diseñar y proponer reformas, medidas, estrategias y propuestas normativas para mejorar la competitividad del país, además, desde 2012 hemos tenido dos agendas de competitividad, la primera (2012-2014) con 60 metas, y la segunda, que concluye este año (2014-2018) con 65 metas, de las cuales poco o nada se ha avanzado. Bajo este panorama y considerando la importancia de mejorar nuestra competitividad, indispensable para aumentar la productividad la cual está estrechamente ligada al crecimiento económico y la reducción de la pobreza e informalidad, el gobierno debería implementar reformas y políticas públicas dirigidas a fortalecer la productividad empresarial, aumentar la eficiencia del aparato estatal, mejorar la prestación de servicios sociales y educativos, avanzar en ciencia, tecnología e innovación, y fortalecer la integración de nuestra economía con el resto del mundo.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 2 de junio de 2018