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Algunas consideraciones sobre la seguridad ciudadana

14/04/2013 16:29 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Autor: Vladimiro Montesinos Torres

Fuente: Vladimiromontesinostorres

Nuevamente el país está en pleno shock y conmoción ante la visible oleada de extrema violencia desatada por la delincuencia y el crimen organizado lo que viene causando no sólo una comprensible indignación de la población, sino un elevado temor y zozobra debido a los altos niveles de peligrosidad que representan estas agrupaciones.

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Hoy vivimos una crisis de seguridad pública porque la violencia interna asoma imparable en la sociedad peruana como un fenómeno que agrede en una dimensión inédita la seguridad del Estado, la calidad de vida los ciudadanos y a la democracia, cuya amenaza afecta gravemente la estabilidad y gobernabilidad. Y se ha convertido en un factor de perturbación a la Seguridad Nacional.

Una de las funciones del Estado de derecho es poder garantizar la seguridad y defensa nacional, esto es, asegurar la libertad y la democracia evitando los riesgos y amenazas que puedan constituir un peligro para la propia existencia del Estado e impedir un mayor nivel de prosperidad a la población.

Para ello cuenta con servicios de inteligencia cuya finalidad es poner a disposición de la autoridad información convenientemente elaborada, de manera oportuna, para que pueda tomar decisiones relacionadas con la seguridad de forma que asuma el menor riesgo en la decisión.

Esta información analizada, integrada e interpretada se denomina inteligencia y aporta a las autoridades un conocimiento útil que permite reducir el riesgo que supone la toma de decisiones no sólo por el conocimiento de la situación sobre la que ha de decidir, sino con respecto a su evolución futura. En consecuencia, la inteligencia se ha erigido como uno de los elementos fundamentales en la toma de decisiones por parte de los responsables políticos a la hora de ejecutar políticas y sobre todo, en lo concerniente a proporcionar a la sociedad una seguridad lo más efectiva posible.

Esta tarea le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) pues una de sus funciones es producir Inteligencia Nacional destinada al presidente de la República y el Consejo de Ministros para la formulación y ejecución de las acciones y políticas con el objeto de proteger a la población de las amenazas internas contra su seguridad en especial del accionar de organizaciones terroristas, del narcotráfico, del crimen organizado y otras, que atenten o amenacen la plena vigencia del estado democrático.

Ante la gravedad de la situación de inseguridad en el país, lamentablemente, constatamos que el Sistema de Inteligencia Nacional – SINA, bajo la dirección y coordinación de la DINI como su ente rector, en los dieciocho meses del actual régimen, no ha podido articular una sólida Comunidad de Inteligencia que aporte conocimiento relevante al proceso decisional del jefe de Estado, alertándolo sobre los escenarios de riesgos y amenazas de orden interno.

Y si lo han hecho, o no fueron lo suficientemente convincentes o simplemente no les hizo caso el primer mandatario en lo que va de su administración. Lo cual sería más grave, pues demostraría la inoperancia absoluta del sistema. En ambos casos, ahora sufrimos las consecuencias que están a la vista.

Si tenemos que precisar ¿cuáles son las amenazas de orden interno al Estado peruano que afectan peligrosamente a la Seguridad Nacional?, las podemos agrupar en las siguientes:

  • · Primero, el narcotráfico y delitos conexos.
  • · Segundo, la delincuencia.
  • · Tercero, el crimen organizado.
  • · Cuarto, el terrorismo senderista.
  • · Quinto, la neoviolencia de las masas (conflictividad social).
Todas estas amenazas constituyen actores no estatales internos predominantemente clandestinos que practican el conflicto asimétrico[1] operando en redes y formando coaliciones en alianza estratégica que coordinan entre sí sus acciones contra un enemigo común: el Estado peruano. Este, así, debe enfrentar toda una conjunción estratégica de actores asimétricos que actúan bajo esa modalidad. Ahora bien, por mandato constitucional y legal, el Estado a través del Sistema de Defensa Nacional garantiza la Seguridad Nacional mediante la concepción, planeamiento, dirección, preparación, ejecución y supervisión de acciones en todos los campos de la Defensa Nacional. En consecuencia, si partimos del hecho objetivo que las precitadas amenazas están afectando la Seguridad Nacional, considero, en base a mi experiencia como oficial de operaciones y posteriormente como analista de inteligencia estratégica, que la mejor estrategia para enfrentar dicha problemática – de manera integral – es incorporando al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana como un componente más del Sistema de Defensa Nacional que está normado por el reciente Decreto Legislativo N° 1129. Esto es, debe haber un traslape para mantener el principio de Unidad de Dirección en el manejo de la situación de inseguridad existente. Solo así, se podrá articular eficazmente su funcionamiento con los demás componentes de ese Sistema que está presidido por el presidente de la República y compuesto por los siguientes entes:

  • El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
  • La Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional.
- La Dirección Nacional de Inteligencia, ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional.

- Los Ministerios, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Locales.

Ello, implicaría que todo el aparato del Estado peruano tendría que intervenir obligatoriamente para frenar esta segunda ola de violencia que actualmente sufre el país (la primera provino de Sendero Luminoso y el MRTA). Y recién a partir de esa nueva concepción político – estratégica, que conllevaría modificar el supradicho dispositivo legal y las demás normas pertinentes, se debería diseñar el nuevo plan de seguridad ciudadana. Así como el marco jurídico correspondiente. Para eso se requerirá de una decisión política del jefe de Estado que debería darse en función del interés nacional y de objetivos nacionales. De lo contrario, en mi criterio, no se podrá enfrentar con eficacia la situación de inseguridad en crecimiento exponencial. No sé si habrá la lucidez adecuada para realizar este cambio posicional que es la única manera de poder enfrentar correctamente esa clase de amenaza. En todo caso, lo real y concreto es que el gobierno debido a la carencia de una inteligencia precisa, oportuna y eficaz, ha desperdiciado la gran oportunidad que tuvo para hacerlo ¿Cuando? Veamos. En la ocasión cuando el Congreso de la República por Ley N° 29915, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, respecto a la reforma del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional con el objeto de fortalecer su constitución y funcionamiento. El gobierno al amparo de dichas facultades delegadas dictó el referido Decreto Legislativo N° 1129, que regula el actual Sistema de Defensa Nacional, el cual fue publicado en la separata de normas legales del diario oficial "El Peruano" el 7 de diciembre de 2012. En cuya norma no ha sido incluida tal integración. Y se les pasó esa valiosa oportunidad. Ahora trataré sobre el otro ángulo del problema, para que se pueda entender de manera muy objetiva, las otras razones del por qué está fallando la respuesta del Estado frente a la amenaza de la delincuencia y el crimen organizado. Para ello, emplearé como ayuda didáctica el cuadro gráfico que figura como Anexo 1, cuyo contenido explicaré a continuación. Habiendo definido anteriormente cuáles son las amenazas de orden interno que afectan a la Seguridad Nacional del Estado peruano, que, insisto, valga la redundancia son actores no estatales internos predominantemente clandestinos que desarrollan el conflicto asimétrico[2] a la hora de actuar. La pregunta que fluye clara e ineluctablemente es: ¿cómo responde el Estado frente a esas amenazas que practican esta clase de conflicto? Veamos. Con la Policía Nacional del Perú (PNP) cuya institución – paradójicamente en la era de los conflictos asimétricos – ha tenido (con la Ley N° 27238) y tiene actualmente por decisión del actual gobierno (con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1148 publicado el 11 de diciembre de 2012 en la separata de normas legales del diario oficial "El Peruano") una estructura organizacional cuya configuración es típica de una fuerza simétrica en término de medios convencionales por su capacidad y tamaño. Esta organización simétrica convencional, utiliza como doctrina (entiéndase reglamentos, manuales y directivas) para planificar y ejecutar sus operaciones policiales contra las precitadas redes y coaliciones, la que corresponde al empleo de una fuerza simétrica. La cual no es compatible de modo alguno con la naturaleza de la amenaza. Por tanto, existe una desproporción, pues la doctrina policial vigente está desfasada frente a esa clase de amenazas que actúan en redes y coaliciones asimétricas. Es un error combatir a una fuerza asimétrica que recurre a estrategias diferentes, con una fuerza simétrica, y que en el caso del oponente más débil se escapan a los métodos convencionales al emplear armas y tácticas innovadoras concebidas para debilitar la determinación del poderío del más fuerte (la PNP) y su capacidad para utilizar de manera eficaz su superioridad en términos de medios convencionales. He ahí el desfase que se produce para enfrentar el conflicto asimétrico. Y por ende los fiascos y reveses operacionales que vemos cotidianamente. Metafóricamente hablando, la delincuencia y el crimen organizado actúan en frecuencia AM, mientras que la PNP para combatirlos actúa en frecuencia FM. No son compatibles. ¿Tan difícil es entender dicha situación? ¿Qué hacer? Muy simple. Se tiene que conformar en la PNP una fuerza asimétrica a la cual hay que equiparla y entrenarla adecuadamente para enfrentar, reitero, el conflicto asimétrico. Ello, implica modificar su actual estructura organizacional. Paralelamente se tiene que reunir a un grupo de expertos para que diseñen la nueva doctrina que debería emplear dicha fuerza. Sólo así se estará en condiciones de actuar correctamente evitándose los reveses y fiascos operacionales. Y se podrá devolver la tranquilidad a la población. Pero, existe otra limitación que debe verse. ¿Cuál? Debemos comprender, insisto, estamos en la era de los conflictos asimétricos y el Estado peruano requiere contar con servicios de inteligencia que hayan redefinido su estructura organizacional y reconceptualizado su doctrina para adecuarla a esa clase de amenaza y a ese tipo de conflicto, haciendo el tránsito correspondiente. Que era lo adecuado. Lamentablemente, ello no se ha efectuado al promulgarse el Decreto Legislativo – dizque – de Fortalecimiento y Modernización (¡!) del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia mediante el Decreto Legislativo N° 1141, publicado el 11 de diciembre de 2012 en la separata de normas legales del diario oficial "El Peruano". Por tanto, constituye otra de las razones fundamentales de la situación de inseguridad existente. Ello, debido a que los diseñadores de dicha norma no consideraronal redactarlas, por la falta de una visión estratégica de la situación, al estar anclados en paradigmas convencionales que obedecen a una realidad ya superada. En síntesis, sin decisión política, sin liderazgo, no será posible enfrentar esta segunda ola de violencia que azota al país. Ya lo sabemos. [1] Montesinos, Vladimiro: "La seguridad ciudadana en el Perú", publicado en Facebook, el jueves, 16 de agosto de 2012 a las 17:47. [2] Ibíd.

image Anexo 1: CUADRO DE SITUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD


Sobre esta noticia

Autor:
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Fuente:
catarsisyharakiri.blogspot.com
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Reportaje
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