El pasado día 9 se publicó una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) del 20 noviembre 2014 declarando responsable al Estado peruano en el caso de Gladys Espinoza Gonzáles del MRTA por violación física y sexual, obligándolo a pagar como indemnización US$ 105 mil. La denuncia por violación hecha por la terrorista en marzo 2004, durante su sentencia a 25 años, pero fue desestimada en la Sala Penal Permanente por datos periciales; para la Corte IDH, dichas violaciones no fueron investigadas.

Esta sentencia de la Corte IDH no tiene ninguna repercusión en la condena, pero es necesario evaluar las indemnizaciones y reparaciones civiles de terroristas. La ex Procuradora Supranacional para casos de Derechos Humanos informó en 2009 que el Estado pagó más de US$ 16 millones por indemnizaciones sentenciadas por la Corte IDH, pero contrariamente, las reparaciones civiles impuestas por el Poder Judicial son incobrables.

Del total de S/.3, 700 millones de SL y S/.50 millones del MRTA, solo se recuperaron S/.500 mil (0.013%). Como ejemplos, a la terrorista Lori Berenson el Estado le pagó US$ 30 mil por sentencia de la Corte IDH, e increíblemente, el Poder Judicial le condonó S/. 100, 000 de reparación civil. A la Terrorista María de la Cruz Flores (sentenciada a 20 años y prófuga) la Corte IDH la indemnizó con US$ 319, 000. El abogado senderista Crespo, solo ha pagado S/.40 de S/.30 mil. El chileno Mellado y la peruana Gilvonio del MRTA, de S/. 250, 000 solo pagaron S/.100. El senderista Carlos Inchaústegui está libre y solo ha pagado S/.300 de S/.4 millones de reparación.

Bajo este panorama, existen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte IDH alrededor de 400 denuncias contra el Estado peruano (la mayoría de terroristas y familiares). Mayormente la Corte IDH victimiza a los terroristas (a quienes denomina grupos armados y jamás terroristas) e impone elevadísimas indemnizaciones, contrariamente, la recuperación del Estado por reparaciones civiles de terroristas es insignificante.

Desde hace años existen proyectos para imponer "muerte civil" para terroristas que salgan en libertad al término de su condena y no paguen su reparación civil, los cuales deberían debatirse en el Congreso pero se encuentran encarpetados, asimismo, debe corregirse la estrategia de defensa del Estado ante la Corte IDH y mejorar los mecanismos para cobrar las cuantiosas deudas a los terroristas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de marzo de 2015