Por: Federico Salazar Fuente: elcomercio

La política peruana es muy fácil de entender. La oposición siempre querrá censurar ministros. El Gobierno siempre dirá que tratan de desestabilizarlo.

El ciudadano de a pie, que es la pieza más importante en este juego, queda desorientado. Parece haber solo extremos y solo maximalismos.

La oposición pide ahora la censura de la ministra Ana Jara y, con ella, del gabinete entero. Hay responsabilidad política, por supuesto. La pregunta es: ¿debe capitular el gabinete entero por lo que hizo la Dirección Nacional de Inteligencia?

Al Gobierno debe exigírsele responsabilidad política; pero a la oposición debe exigírsele proporcionalidad y criterio estadista.

Los hallazgos hablan de 63 mil expedientes de inteligencia, elaborados en los gobiernos de Toledo, García y Humala. Son expedientes basados en la acumulación de documentos de carácter público.

Es como si los servicios de inteligencia hubieran lanzado redes para ver qué pescan. Un sistema de trabajo muy poco técnico y organizado. Ha consumido muchas horas y recursos para una tarea artesanal e insignificante.

Como tantas cosas, esto revela el empirismo con que se trabaja en el Estado Peruano. La disolución del Servicio Nacional de Inteligencia se hizo sin plan, sin idea y sin profesionalismo.

No se trata de exculpar al gobierno actual. Cada gobierno debió atacar el problema que recibía. A este le reventó en las manos.

La investigación debe continuar. ¿Quién ordenó los rastreos? ¿Con qué fin? ¿Se descarta el funcionamiento de microempresas en el seno de la DINI? ¿Por qué se seguía a empresarios y a periodistas?

La ministra Jara debe continuar las investigaciones que prometió. Y debe dar resultados.

Si se llega a censurar a la ministra, no se podrá pedir esos resultados a su sucesor. No al menos en plazo perentorio. Tendrá que dársele la licencia que se le da a los que recién empiezan.

Ese es justamente el problema con los cambios de gabinete. Todo tiene que empezar de nuevo. ¿Los hechos en cuestión ameritan tan grave costo para la marcha del país?

En la evaluación de la oposición eso parece no interesar. Como siempre, interesa solo el ganar puntos y crear dificultades al Gobierno. Es legítimo, pero precipitado.

Un líder opositor que sea estadista debe plantear una sanción política al Gobierno que no le cueste al país. Una sanción proporcional y eficaz.

El Gobierno, por su lado, debe dejar de creer que se trata de un intento de "desestabilizarlo". Debe reconocer que las censuras son legítimas y que forman parte de la democracia.

Ni la oposición debe inclinarse hacia la amenaza, ni el Gobierno atrincherarse en el papel de víctima. El país necesita serenidad y firmeza, de ambos lados.

Estamos en un momento de crisis. Además de las lluvias y huaycos, es grave, muy grave, la situación económica.

Quisiéramos ver en el Congreso los debates sobre cómo salir de la crisis económica. La oposición y el Gobierno, sin embargo, solo se dedican al pleito político.