Guillermo Gazanini Espinoza / 08 de julio.- Casi de inmediato, mientras la noticia corría por redes sociales y medios de comunicación, diversas instancias de la Iglesia en México condenaron el artero y brutal asesinato del presbítero Luis López Villa, de 71 años de edad, de la diócesis de Nezahualcóyotl.

El obispo Héctor Luis Morales Sánchez, en comunicado difundido en el sitio web de su obispado, manifestó el profundo dolor, consternación y tristeza por el asesinato cometido por delincuentes quienes allanaron la casa parroquial en la zona de Los Reyes, La Paz. Al dirigirse a las autoridades responsables del esclarecimiento de los hechos, Mons. Morales Sánchez les pidió abrirse al Espíritu para que reine la paz y justicia en las comunidades de Ciudad Nezahualcóyotl. Urgió a la conversión de los perpetradores del homicidio quienes se “olvidan que somos hermanos y van sembrando sufrimiento y muerte”.

La Arquidiócesis Primada de México, en el Sistema Informativo (SIAME), publicó las condolencias del cardenal Norberto Rivera Carrera en donde externó su solidaridad al obispo Morales Sánchez rogando por el eterno descanso del sacerdote y por la conversión de los homicidas y a las autoridades a llegar hasta las últimas consecuencias.

La Conferencia del Episcopado Mexicano, a través del presidente del organismo de obispos, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y del secretario general, Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey, se unió al repudio expresando la tristeza del episcopado. El mensaje manifestó que “los cristianos, con esperanza vemos a Cristo resucitado, estamos ciertos que el mal no vencerá, que la muerte no es el final del mensaje de amor y esperanza que trajo nuestro Señor Jesucristo y que vivió a lo largo de su vida sacerdotal el padre Luis”.

¿Qué pasa en México?

La violencia ha repuntado en los últimos meses. El observatorio del Índice para la Paz en México (IPM) del Instituto de Economía y Paz, afirmó que en 2016 la tasa de homicidios dolosos aumentó 18.4 por ciento. El 61 por ciento de estas muertes se perpetró con armas de fuego. La violencia se concentra en 24 de los 32 Estados del país y la mayor incidencia se concentra en los Estados del Pacífico. Al iniciar el mes de julio, Sinaloa, la capital del narco, tuvo jornadas violentísimas con un saldo de 30 muertos en casi 22 horas. El gremio de abogados ha salido a las calles de Culiacán a protestar en contra de la progresiva degradación de la seguridad ante los levantones generalizados en lugares públicos y enfrentamientos entre fuerzas del orden y comandos del crimen organizado.

A pesar de que las autoridades aseguran que los índices de violencia y homicidios disminuyen, la realidad arroja evidencias por lo demás incontrovertibles. La Ciudad de México y el área conurbada de la vecina entidad homónima no cesan en nota roja de robos agresivos, asaltos, extorsiones, secuestros, homicidios y feminicidios que quedan en la cifra negra de ilícitos no denunciados. Ha llamado la atención cómo las agresiones contra niñas y mujeres permanece impune en municipios pobres, sobrepoblados y carentes de los mínimos indicadores de bienestar en desarrollo social. Ecatepec, lugar donde el Papa Francisco celebró la misa multitudinaria en febrero de 2016 sobre un terreno árido y muerto, según la Organización México Suma, es el municipio más peligroso del país para cualquier niña y mujer: en el Estado de México en siete años (2006-2013) hubo 2 mil 837 feminicidios. En este repunte, las organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos coinciden en observar que en el Estado de México, de 2012 a abril de 2017, se dio la muerte violenta de 169 personas al mes.

Ataque contra sacerdotes

El cruel homicidio de Luis López Villa de la diócesis de Nezahualcóyotl revela cómo los sacerdotes, al igual que otros grupos de la sociedad, están a merced del crimen. El Centro Católico Multimedial da seguimiento a los 18 casos que, durante este sexenio, se han registrado en diferentes estados del país donde ministros de culto dejaron de existir bajo circunstancias lamentables. Sin embargo, las autoridades pocas veces dan respuesta definitiva a las indagatorias para castigar efectivamente a los culpables y garantizar la reparación del daño a los familiares de las víctimas.

Llamaron la atención los homicidios de Alejo Nabor Jiménez Juárez y Alfredo Suárez de la Cruz de la diócesis de Papantla cuando, en septiembre de 2016, el fiscal general del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, del gobierno de Javier Duarte ahora bajo proceso de extradición para ser juzgado en México por diversos delitos, quiso sacudirse la responsabilidad de las pesquisas aventurando la sentencia definitiva sobre la causa de la muerte de los presbíteros: Un pleito entre borrachos. Cuando encontraron los cuerpos de los desafortunados, ambos mostraron señales de sometimiento, uno de ellos amarrado con estolas sacerdotales.

Los sacerdotes son blanco de la delincuencia no por odio a la fe

En ese septiembre de 2016, el caso del padre José Alfredo López Guillén, de la Arquidiócesis de Morelia, fue empañado por las inauditas acusaciones que un medio de comunicación aventuró sobre la causas de la desaparición del sacerdote.

Un confuso y borroso video de un hotel pretendía arrojar evidencia indubitable acusando al sacerdote de estar acompañado por un menor. Inmediatamente se le imputó la comisión de pederastia; sin embargo, el cuerpo sin vida del religioso fue hallado con múltiples disparos de arma de fuego, la descomposición de los restos confirmaron que, desde su desaparición, fueron pocas las horas que le quedaron de existencia. La carnada era fácil, acusar a la víctima de un delito para lavar las manos de las autoridades responsables de indagar sobre las verdaderas circunstancias del homicidio. Después, la fiscalía anunció la captura de dos presuntos responsables quienes habrían sometido al sacerdote en la casa parroquial después de una discusión. “No fue secuestro”, dirían los investigadores. López Guillén fue encajuelado en su vehículo para extraerlo de su domicilio y ultimarlo.

Otras agresiones pusieron en riesgo a tres sacerdotes pudiendo elevar la cifra de víctimas fatales cosa que afortunadamente no sucedió. El 15 de mayo, José Miguel Machorro Alcalá, presbítero de la diócesis de Papantla y quien prestaba su ministerio en la Arquidiócesis de México, sufrió la brutal agresión de un desquiciado que le acuchilló hasta que, literalmente, el cura se desangró en el altar del perdón de Catedral metropolitana. Machorro libró la muerte gracias a la acción oportuna de los servicios médicos de emergencia y después de 40 días de internamiento en un hospital privado, pero las secuelas de sus heridas le acompañarán de por vida, ahora auxiliado por un respirador y sufriendo una parálisis que requiere de rehabilitación.

Mientras Machorro se recuperaba, el 9 de junio en la Arquidiócesis de Tijuana, el padre Antonio Zambrano era intervenido urgentemente debido a serias lesiones causadas al tratar de repeler un robo a la casa parroquial. El delincuente incrustó un desarmador en la cabeza del sacerdote que no tocó órgano vital alguno. El arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, declararía a medios de comunicación que no era la primera vez que se daban estos robos a templos de la Iglesia católica. El prelado revelaría la reunión entre los responsables de seguridad pública del municipio y la Iglesia para remediar la situación: “Hoy fue un sacerdote y podemos decir que hay alguien que puede hablar por él, levantar la voz, hay gente que se ha manifestado, están sus familiares, la gente de su parroquia, estoy yo. Pero la verdad que hay mucha gente que está sufriendo estos impactos de inseguridad y no tiene quién le cobije, quién vele por ellos, quién levante la voz por ellos, quién pida se les atienda en sus situaciones particulares. Eso es lo verdaderamente importante”, diría Mons. Moreno después del ataque.

Cuando se conocía el asesinato del padre López Villa, los medios de comunicación reportaron el amago de un cura de la Arquidiócesis de México en la delegación Iztacalco. El 6 de julio, la víctima declararía sobre la agresión revelando que los atacantes llevaban la orden de aniquilar a otra persona; al ver que no era el objetivo, le perdonaron la vida, pero se llevaron las ganancias parroquiales, cerca de diez mil pesos, unos 560 dólares. En diversas zonas de la capital, los párrocos y responsables de templos alertan de constantes atracos a las iglesias que, en no pocas ocasiones, lleva la profanación de objetos sagrados al creer que son de gran valor económico.

El aumento de agresiones contra sacerdotes contrasta con aquél análisis que obispos y autoridades hicieron en la 96 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano en noviembre de 2013 para reducir la violencia y garantizar la seguridad. Después de la profética carta del obispo de Apatzingán, Mons. Miguel Patiño Velázquez, hoy emérito, por la que reveló que Michoacán estaba de rodillas ante los cárteles delincuenciales, el secretario de Gobernación aseveró que entre la presente administración federal 2012-2018 y la Iglesia católica se abrirían los cauces necesarios para garantizar seguridad especialmente en las regiones de mayor incidencia delictiva. Desgraciadamente, hay 18 sacerdotes muertos y, como van las cosas, el número podría seguir ascendiendo.

Días horribles…

Tal panorama parece dar cuenta de un escenario verdaderamente dantesco para México. Como cualquier otro grupo, los sacerdotes son asesinados no por odio a la fe, más bien por ser particularmente vulnerables al tener apertura a todos, buena fe y gestos de desprendimiento que los ponen en situación de riesgo. Para la delincuencia, de forma errónea, las parroquias son lugares de riqueza garantizada y la escasa seguridad las hace un botín apetecible.

La insólita violencia nos pone en los días más horribles de los que se tenga memoria en la historia del México contemporáneo. Es en este punto donde parece oportuno citar un párrafo de un editorial publicado por el Centro Católico Multimedial en septiembre de 2016 después de los homicidios de los presbíteros Jiménez Juárez, Suárez de la Cruz y López Guillén, para recordar lo que necesita en este momento el pueblo de México: “Pronunciarnos por la paz antes de que nos destruyamos. Urgen acciones definitivas y no invenciones limitativas. A pesar de todas las inversiones económicas y humanas para garantizar la seguridad pública, debe denunciarse la falla del Estado en uno de sus principales cometidos. En México, desde hace algunos años, no existe la paz y hay un estado de guerra contra un enemigo invisible. Ese enemigo extendió su brazo contra la Iglesia de Cristo que sabe que la autoridad sólo responde con disparates y mentiras tan sólo por salvar lo poco que les queda de vergüenza y probidad…” Sí, son días horribles.

Luis López Villa, sacerdote de la diócesis de Nezahualcóyotl, fue brutalmente asesinado al interior de la casa parroquial el miércoles 5 de julio

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