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Una posible aportación a los códigos éticos y de conducta de las empresas
La corrupción y la delincuencia organizada (las “mafias”) son formal y universalmente rechazadas por la sociedad en todos los países, pero eso no impide que muchas empresas y organizaciones del mundo desarrollado se beneficien con el dinero que procede de esas fuentes y que, tanto para blanquearlo, como, simplemente, para su propio disfrute, utilizan los delincuentes y corruptos, y sus entornos, para comprar, en el mercado legal, servicios excelentes, mansiones, obras de arte, joyas y productos de moda exclusivos, coches, motos y embarcaciones “de alta gama”, estancias en las cadenas hoteleras de la máxima categoría, etc.
Puesto que el dinero que se emplea en ellas se genera en gran cantidad y fluye con facilidad, tales compras, normalmente, se realizan a precios elevados “sin reparar en gastos” (lo que suele aportar altos márgenes en esas operaciones para las empresas proveedoras de estos bienes y servicios). Además, el acceso que proporciona ese dinero a esa gama de bienes y servicios exclusivos y de excepcional nivel, le hace mucho más atractivo y más personas están dispuestas a transgredir las leyes para tener acceso a él y a lo que hace posible conseguir.
Sin duda, es perfectamente legítimo que todas esas empresas y organizaciones proveedoras existan y ofrezcan sus productos y servicios a aquellos que deseen adquirirlos y puedan pagarlos, lo que no parece tan claro es que no se cuestione que tales entidades medren de forma adicional y, a veces, extraordinaria, gracias al dinero procedente de la delincuencia organizada, mafias, narcotráfico, corrupción, etc.
Las empresas, podrían incluir en sus Códigos Éticos y de Conducta criterios y mecanismos para renunciar a los clientes cuyos recursos económicos proceden en su mayor parte de la corrupción y el crimen
Puesto que la legislación de los diferentes países, en general, y la de los desarrollados, en particular, suele tratar de perseguir esas figuras (corrupción y delincuencia organizada), y eso, claramente, no es suficiente, sería de gran ayuda, y tal vez más eficaz, que las propias empresas y organizaciones hacia las que fluye ese dinero fueran las que, en el ámbito de sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa y en sus Códigos Éticos y de Conducta, incluyeran criterios y mecanismos para eliminar o, al menos, minimizar la parte de sus líneas de negocio que tienen como clientes, a veces muy importantes, a individuos pertenecientes a esos colectivos cuyos recursos económicos se basan en la delincuencia.
Es claro que esta forma de actuar es complicada de poner en práctica pues, además de las dificultades naturales para su ejecución (solicitud de justificación de la procedencia y legalidad del dinero, posible investigación de los clientes, como hacen, por ejemplo, los bancos, para prestar dinero, y las compañías de seguros, para aceptar los riesgos), supone renunciar a una parte de sus ventas que, en algunos casos, pueden representar un porcentaje significativo de sus cifras de negocio.
Si las empresas y organizaciones del sector del consumo exclusivo y de lujo actuasen de esa manera, además de hacer menos atractivas tales formas de conseguir dinero, demostrarían un mayor nivel ético y realizarían una valiosa aportación social, con verdadera capacidad de transformación de la realidad, a corto y medio plazo, mucho más importante que la simple, aunque siempre loable y deseable, donación de cantidades económicas para fines solidarios.
¿Es aceptable que las empresas de los países desarrollados medren gracias al dinero procedente de la corrupción y la delincuencia organizada?