Autor : Fernando Antonio Vigil Rojas (*)

Todos somos espectadores en forma directa y a través de los medios de comunicación de crímenes, robos, secuestros, extorciones, asesinatos, vandalismo, etc., lo cual se resume en dos palabras: Inseguridad ciudadana. Pero cuidado! Puedes pasar de ser un simple espectador al actor principal de este tenebroso espectáculo, bajo el papel de "víctima"; incluso puedes no llegar a ver el final de la película, pues tu vida ya la habrá tomado un criminal.

A todo esto, ¿Quién es el responsable de nuestra seguridad? ¿La Municipalidad? ¿La policía? ¿El Estado? En temas de seguridad ciudadana la Municipalidad por Ley sólo puede cumplir con una función de coordinación con la policía y demás autoridades competentes. Por otro lado, tenemos a la Policía Nacional, la que es el instrumento principal para garantizar la seguridad y prevenir la comisión de hechos delictivos. Sin embargo, ambos entes dependen del Estado, siendo el Poder Ejecutivo el principal responsable de nuestra seguridad, diseñando las estrategias y dictando las políticas necesarias en la materia, a través de la cartera del Interior. Aunque nuestro Presidente no lo quiera aceptar y trate de adjudicar toda la responsabilidad a las municipalidades, y su Ministro del Interior de manera astuta intente aducir en su desesperada defensa por salvar la cabeza, que nuestro país no atraviesa una crisis de seguridad sino que existe una inusitada "sensación de inseguridad" entre los ciudadanos; creyendo que somos tontos y lo que es peor, dando a entender que todos estamos "locos".

Ahora que ha quedado claro que el Ejecutivo tiene la responsabilidad primera de nuestra seguridad, es urgente que se pongan los pantalones de una vez y realicen una reforma de las políticas de seguridad en el país, empezando por la Policía Nacional, dotándolos de mejores recursos, capacitándolos constantemente, estableciendo una fuerza policial tecnificada y dividida según los delitos cometidos, estableciendo una especializada y eficiente policía de investigaciones que pueda anticiparse a la comisión del delito y prevenir su materialización, la que lamentablemente en la actualidad cuenta con un minúsculo número de policías que trabajan en condiciones deplorables. Asimismo se requiere mejorar los sueldos de nuestros policías, los que desde su creación son paupérrimos y a penas alcanzan para la manutención de un policía más familia, y lo obligan a vender su día de franco a terceros para ganar un dinero extra, prefiriendo justificadamente este trabajado al de su institución, de dónde siente recibe sólo maltratos. Y si a esto le agregamos que muchas veces se ve obligado a vender su dignidad a la "corrupción" mediante prebendas y coimas que recibe de malos ciudadanos y autoridades, nos damos cuenta que nuestra fuerza policial está en crisis. ¿Cómo, gobernantes y ciudadanos le podemos exigir a un policía mal remunerado que vele por nuestra seguridad?

Para realizar tan ansiada reforma institucional en la Policía Nacional, se requiere destinar mayores recursos. ¿Pero el dinero de dónde lo sacamos? La respuesta es sencilla. Reduciendo el gasto público que generan muchas instituciones y programas estatales innecesarios que son cuna de corrupción y trabajo de los partidarios del gobierno de turno; y que muchas veces no son más que puro asistencialismo, populismo y demagogia barata. Haciendo esto tendremos no sólo los recursos suficientes para invertirlos en la policía sino también para destinarlos a otros sectores en crisis.

Esta reforma también implica de la colaboración directa de los gobiernos locales, siendo necesario establecer la "descentralización de la Policía Nacional", y la elección democrática de comisarios en cada municipio. También, establecer que los delitos ocurridos al interior de los distritos sean manejados por la policía descentralizada, a cargo de los municipios. Para los delitos de envergadura nacional, que impliquen una alta gravedad, lo ideal es que estos asuntos sean tomados por la fuerza policial tecnificada y dividida por departamentos según los delitos cometidos. Por eso, es más que justificado desaparecer al serenazgo, por su innecesaria participación en asuntos de seguridad ciudadana, pues no cuentan con las condiciones para enfrentarse al crimen, muchas veces organizado. Este trabajo debe de asignarse a la Policía Nacional descentralizada.

Además del aumento del presupuesto para las fuerzas policiales, necesitamos de que nuestra policía funcione empresarialmente, tanto en el ámbito local como nacional. Lo cual significa establecer un sistema de incentivos económicos para el policía que capture más delincuentes o lleve a cabo la captura más sobresaliente; incentivos económicos para la comisaría que más delincuentes capture o reduzca más efectivamente su tasa de delincuencia, y castigar económicamente al comisario o policía ineficiente. Finalmente, establecer un sistema de recompensas por la información para capturar delincuentes o por su captura.

Los ciudadanos (vecinos) también cumplen un papel fundamental, informando a la policía local, estableciendo rondas de patrullaje, designando a jefes de seguridad en cada cuadra, con poderes y que responda a un jefe zonal, con facultades para realizar "arrestos civiles" y en permanente cooperación con su policía local.

También hemos visto, como a lo largo de mucho tiempo, ante la inoperancia de la policía y autoridades son los ciudadanos los que toman la justicia en sus propias manos. Esto ocurre porque los municipios están facultados para hacer casi todo, menos para "administrar y ejecutar justicia en su jurisdicción". Por ello, sería ideal que se establezca también la "descentralización de la justicia". Por ejemplo, para los delitos menores o de menor cuantía –como el hurto– la administración y ejecución de la justicia debe quedar a cargo de los municipios. Para ello, se requiere que cada jurisdicción cuente con una cárcel municipal, con un fiscal de distrito elegido por su ciudadanía y con un juzgado de paz que sea también elegido y que tenga el poder para ejercer efectivamente la justicia. A su vez, los municipios deberían tener la facultad de imponer penas como trabajos forzados comunitarios a los delincuentes por el tiempo en que, de acuerdo con las leyes, sean condenados.

Si el candidato a alcalde en tu localidad te ofrece solucionar los problemas de inseguridad, puede que tenga las mejores intenciones, pero no lo va a poder hacer si no se han hecho las reformas legales y orgánicas requeridas. La responsabilidad no es sólo de unas cuantas autoridades, la responsabilidad y tarea es de todos nosotros como Estado, empezando por el Poder Ejecutivo.

(*) Abogado y Licenciado en Comercio y Negocios Internacionales