En la fábula de Jean de La Fontaine,   los ratones, para proteger  su integridad decidieron neutralizar  las acciones  del gato   Rodilardo colocándole  un cascabel a modo de alarma, pero todo se quedó en nada cuando  entre los roedores  tocó  decidir  quien de entre ellos se lo ataría al cuello.

 Al parecer idéntico debe ser  el  proceder de  la mayoría política cuando toca  ponerle el cascabel  a las  eléctricas para  frenar las abusivas subidas de la luz,   pues sin su connivencia    sería imposible que la factura  se hubiera disparado en la última década  mas allá  del 87%, como viene a confirmar la realidad estadística.

Excedido incremento cuya consecución  fue posible  al dejar la regulación  del  estratégico mercado energético  en manos de las  empresas  que conforman el oligopolio eléctrico facilitando  que ellas se forren, mientras perjudican a los consumidores y al conjunto del   país.

 Y todo,   a través  de  trato de favor inducido por la influencia  de actuales miembros  de  sus respectivos consejos de administración que de colarse por la puerta giratoria   ostentaron altos cargos políticos en el sector.

Situación preferente por la que logran vender  un producto básico e imprescindible, en el marco de un mercado cautivo y condiciones lucrativas  para sus intereses, por el influjo casi mafioso ejercido sobre el poder político.

Por escandalosa que parezca, la situación  no tiene visos de cambiar, al menos mientras  no se produzcan  las reformas estructurales necesarias para corregir en profundidad el funcionamiento del sistema eléctrico vigente, siendo que para ello es imprescindible alcanzar un gran consenso social y político;  un todo imposible de lograr de mantenerse el  estatus actual, donde  el lobby energético marca las pautas al Ejecutivo, hasta el extremo   que los miembros de su  staff directivo entregan al ministerio del ramo los decretos ya elaborados a excepción de la firma del ministro/a titular.

La actividad eléctrica mas que un negocio especulativo debe ser entendido como un servicio público en el marco de un sector estratégico y desde esa percepción ser tratado

No existe posibilidad alguna de orientar los pasos en esa dirección  si no se asume como  premisa   el control público de este sector estratégico, auditando  el déficit tarifario y unos  costes de transición  de dudosa credibilidad, afrontando a la vez,   una reforma en profundidad de la fiscalidad impositiva sobre el consumo, el control  directo de los representantes políticos sobre  los hasta ahora opacos procesos de subasta de energía, al igual  que rescatar para la titularidad pública las líneas eléctrica de distribución  como única solución  en  la  erradicación  de malas  prácticas mercantiles  que caracterizan la enmarañada dinámica en el sector.

Se hace totalmente  inexplicable  entender la paradoja que representa la simultaneidad de tener la energía mas cara  de Europa, con el hecho de ser el país donde  las empresas eléctricas  alcanzan  los beneficios mas suculentos, resultando mucho mas compleja la interpretación de tal dislate  considerando  el regalo  del déficit de tarifa, esa  prima  convenida  con las eléctrica  desconociendo cuánto le cuesta producir su energía. y  por tanto sin saber   si su importe  es justo o no repercutirlo, pero que aún así  se aplica  con  la única finalidad  de  favorecer  al lobby energético aún  cuando no hace mas    que esclavizar al usuario  través de la deuda, que según sus  datos equivale a mil euros per cápita en concepto de atrasos del pasado 

Quizás, si tenemos presentes la naturaleza de las relaciones de los ex presidentes de los dos partidos que en alternancia ostentaron la Presidencia del país, González y Aznar  y la comprometida  relación  de  muchos ex miembros de sus gobiernos con las empresas del sector  así como  su inclusión en nómina, profundizando en ese vinculo de comprometida relación, lograríamos conocer la verdadera realida del mercado eléctrico,   caracterizado  por  unas subastas excedidas en precio, así como  la falta del control y la filantropía institucional del regulador,   cuyos lesivos efectos hacen  que los consumidores  hayan de cargar con los costes de un sistema ineficaz e ineficiente e  incluso sufrir los efectos de la pobreza energética.

Las  cinco empresas transnacionales  que en régimen de oligopolio conforman el sistema eléctrico español, lejos de ser un referente de buena gestión  fundamentan sus privilegios  en la connivencia que mantienen  con el poder político, una relación de amiguismo  que  mediante opacos subterfugios   les reporta incrementos en el recibo de la luz, tan fraudulentos como ilegítimos.

Ante tal tesitura, desde la racionalidad la actividad  eléctrica   mas que un lucrativo negocio debe ser entendido como un servicio público en el  marco de un sector estratégico  y desde esa percepción ser tratado,    pues en la actual coyuntura queda visto que como oligopolio privado  se hará imposible lograr tanto el abaratamiento del servicio como una gestión eficiente de la distribución, cortapisas  que al impedir  una  real y justa recuperación económica igualitaria, no harán mas que prorrogar la  discriminación  e  incrementar a pobreza.

La única solución efectiva es la nacionalización,   pues desde que con el pretexto  de fomentar la competencia y beneficiar al consumidor con precios más económicos se privatizara, las tarifas no han hecho más que incrementarse, al igual que los beneficios de estas grandes empresas del sector, sin que desde la esfera política se hiciera el mínimo intento para ponerle el cascabel a estas  eléctricas