Enérgico. Fue al responder al titular de Defensa, quien acusó de intolerantes a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y al Instituto de Defensa Legal (IDL), por supuestamente propiciar denuncias que originan injusticias contra militares.

La campaña política y mediática del ministro de Defensa, Rafael Rey, quien hace el papel de abogado de violadores de derechos humanos, cuenta con el aval del presidente Alan García, estimó Carlos Rivera Paz, director adjunto y coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Si esto fuese un exabrupto de los que normalmente tiene el ministro, no necesitaríamos ni exigiríamos un pronunciamiento del presidente; pero si ya encontramos una campaña política y mediática sostenida en la que el ministro [Rafael] Rey es el gran abogado de los violadores de derechos humanos y del destacamento Colina [eso es otro cosa]”, expresó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Entonces, ya hay que entender que aquí hay un aval político de la única persona que está por encima del ministro Rey, que es el presidente de la República [Alan García], eso creo que pone las cosas en otra dimensión”, señaló.

Cuestionó que los ataques del titular del Mindef contra los organismos defensores de los derechos humanos están consolidando una jurisprudencia absolutamente tendenciosa, que busca impunidad a favor de los malos militares que actuaron contra pobladores desprotegidos durante la violencia política, en la década de los 80.

“En todo el mundo se sostiene que este tipo de crímenes se comete sobre la base de órdenes verbales y clandestinas; disculpando el término nadie es tan tonto para escribir un asesinato en un informe escrito. [Entonces] hay más de una sentencia, por lo menos tres sentencias en la Sala Penal Nacional en casos de violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas donde lo que se está exigiendo es la orden escrita para demostrar el crimen”, criticó.

“Es decir, los jueces saben perfectamente que eso no existe [pruebas escritas] y lo están pidiendo. Se está consolidando una jurisprudencia absolutamente tendenciosa y una jurisprudencia que desconoce una interpretación y una valoración de las pruebas en casos de graves violaciones a derechos humanos, que simplemente da cuenta que aquí hay otro tipo de intereses encaminados a destruir el proceso de judicialización”, añadió. (Con información de Ideeleradio)