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Es la segunda vez que voy a escribir sobre este tema. Es por todos conocida la forma facilista que tiene el Estado de agenciarse de recursos metiéndole la mano en el bolsillo a los millones de peruanos. Esto lejos de sorprendernos sólo reafirma la vocación delictiva que nuestro sistema político y estatal posee. Se roba desde los puestos públicos, desde los ministerios y desde cada rincón burocrático que permita el paso a las coimas y transacciones monetarias "aceitadas".
En un país coronado por el faenón, la aceitada, la pendejada y la venta de ilusiones al electarado, no sorprende que las ratas de cuello y corbata se reciclen despues de haber vilipendiado las arcas públicas y amparándose en la prescripción de sus delitos.
Ese arte para llenarse los bolsillos sin sudarla o sin que el cobro tenga sustento técnico, se proyecta por ejemplo en los sgts casos:
Esto fue denunciado por Indecopi en el 2001, pero nadie hizo nada por remediar esta situación.
Desde este Blog, se dió a conocer esta situación y en el año 2006, gracias al proyecto presentado por el Congresista Yonhy Lescano Ancieta. Se logró derogar por fín este abuso. Sin embargo todos los millones ilegalmente cobrados jamás fueron devueltos a quienes pagamos por ello.
El precio que se estableció para el trámite se redujo de los 60 $USA que se venían cobrando, a 15 dólares por expedición y 28, 64 nuevos soles por derechos de trámite.
Sin embargo según estimaciones de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, "Sólo un 3.35% de los trabajadores contribuyentes al FONAVI recibieron algún servicios en calidad de créditos, para vivienda o préstamos con fines de vivienda. Es decir, el 94% de Fonavistas no percibió beneficio alguno de este fondo".
"Porque los gobiernos de turno, que desde 1980 se han sucedido en el manejo del Estado peruano y la administración de estos fondos, utilizaron los aportes al FONAVI, provenientes de la remuneración de los trabajadores, en fines distintos al que debió cumplir ese fondo."
El 27 de Agosto de 1998, se promulga la Ley 26969 que prácticamente liquida el FONAVI; al sustituir la contribución al FONAVI por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad.
Para culminar sólo quiero destacar como nuestras instituciones no hacen más que proyectar la calidad moral y la forma tan "simpatica" en que nuestros funcionarios se las ingenian para expoliar a quienes más sufren las consecuencias de un sistema injusto, corrupto y basado en la pendejada.
Les dejo el artículo sobre el cobro irracional del bendito certificado y seguiremos haciendo eco de toda campaña, que busque eliminar aquellos cobros que no reflejan el verdadero valor de los trámites en las entidades del Estado.
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Aspec hizo un llamado a las autoridades del Poder Judicial para reducir el costo de expedición del Certificado de Antecedentes Penales, considerando que se trata de un cobro exagerado e injustificado.
"Los usuarios vienen reclamando desde hace varios años por el excesivo cobro del Certificado de Antecedentes Penales, otorgado por el Poder Judicial y que asciende a una suma extremadamente alta como 52, 50 nuevos soles" señaló Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).
Afirmó que los principales afectados con este costo son los miles de ciudadanos desempleados que buscan trabajo y que carecen de recursos económicos.
"Muchas empresas y dependencias del Estado lo primero que exigen al postulante es el aludido certificado, pese a que en muchos casos no se consigue el ansiado trabajo, lo cual consideramos que es un abuso", manifestó.
Delgado sostuvo que el referido cobro no sólo es exagerado sino también injustificado porque no corresponde al valor real de su expedición por el Poder Judicial.
"Por mandato de la ley, las dependencias del Estado sólo pueden cobrar a los ciudadanos por los servicios que les prestan o los documentos que les expiden una suma equivalente al costo de su producción. El Estado está prohibido legalmente de lucrar a expensas del ciudadano porque no es una empresa privada", subrayó.
En tal sentido, Delgado informó que su institución presentó un pedido formal a las autoridades respectivas, a fin de que se reduzcan estas tasas y el certificado cueste no más de 7 nuevos soles, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Código Tributario.
El titular de Aspec precisó que el artículo 45.1 de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, limita a las entidades del Estado a cobrar por la expedición de documentos sumas superiores al costo real de producción.
"Esta norma es violentada permanentemente y desde hace años por el Poder Judicial, que, precisamente, debería ser el primero en respetar la ley.
"No existe justificación técnica alguna para que un simple papel pueda costar tanto. En tiempos de crisis como los actuales es lamentable que uno de los principales Poderes del Estado lucre a expensas de los más necesitados", concluyó el funcionario.
En ese sentido, reiteró su pedido al Poder Judicial de que, en estricto cumplimiento de la ley, baje el monto de la tasa por expedición del Certificado de Antecedentes Penales.
Fuentes:
