La justicia argentina liberó hoy a 36 exrepresores acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983), lo que provocó indignación en las organizaciones humanitarias del país. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, una localidad ubicada a 685 kilómetros de Buenos Aires, aprobó la excarcelación de 20 miembros de la Armada y 16 del Ejército con la condición de que comparezcan ante el juez cada vez que sean convocados. En caso de ausentarse sin excusa a las audiencias de los juicios que hay en su contra, o que pretendan fugarse, la libertad de los imputados será revocada. La medida desató la inmediata indignación de los organismos de derechos humanos, que desde hace más de tres décadas han reclamado memoria y justicia y que denunciaron que los represores van a terminar escapando. A 35 años del inicio de la última dictadura militar que gobernó el país sudamericano, aún falta condenar a mil 92 represores, entre los que se encuentran militares, ex policías y civiles. Hasta ahora, de los mil 707 siniestros personajes involucrados en secuestros, torturas, desapariciones o asesinatos, sólo 167 han sido condenados, la mayoría de ellos a cadena perpetua y enviados a cárceles comunes. Otros 435 están procesados con prisión preventiva, mientras que 329 esperan el resultado de las indagatorias en libertad y sobre 264 más sólo pesan denuncias en su etapa inicial, 26 ya son indagados y 38 están prófugos. Del total de los acusados, 15 fueron absueltos, 273 ya fallecieron, a 40 se les sobreseyó, a 105 se les dictó falta de mérito y a 15 más, por su avanzada edad, se les declaró “incapaces” para enfrentar un proceso. Los acusados sólo pudieron ser juzgados a partir de 2005, cuando se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que se dictaron en 1986 para evitar que la mayoría de los involucrados en crímenes de lesa humanidad quedara a disposición de un tribunal.