En este puente del primero de noviembre parece un tema adecuado el asunto del desentierro de algún muerto aunque, por supuesto, sin olvidar su rápido entierro, de nuevo.

El Valle de los Caídos, o un nombre mejor que convendría darle, para eliminar el sesgo de denominación. Los nombres son muy importantes, sobre todo si se asocian en el subconsciente colectivo a determinados aspectos o tendencias políticas.

El por ahora denominado Valle de los Caídos se debería de convertir en un monumento que sugiera concordia y unión entre los españoles, evitando perpetuar su significado como memoria de exclusión y enfrentamiento. Parece razonable mantenerlo como monumento, ya que en su construcción se consumieron recursos de importancia significativa en la época, que se detrajeron, sin duda, de la atención a las necesidades más perentorias de una parte de la población.

Además, aunque fuera a su pesar en muchos casos, un número importante de españoles trabajaron en su construcción y algunos, probablemente bastantes, dejaron su vida en la empresa, así que es algo que debería de mantenerse como memoria de una época, pero despojándole de la significación de pertenencia y representación para solo una parte de los ciudadanos.

Por ello, es claro que no procede que en un monumento de todos se albergue la tumba o sepultura de una persona que, aunque hayan transcurrido muchos años, materializó de forma traumática las dos Españas y, a fe, que heló el corazón de mucha gente.

Ya que, probablemente, no fue posible evitar la sepultura de Franco en ese entorno cuando se produjo su muerte, lo que hubiera sido lo más sensato y conveniente, no debería de haberse dejado tanto tiempo el asunto sin resolver; ya sabemos que las prioridades de los políticos se rigen por criterios en general incomprensibles para los ciudadanos.

Desde luego es evidente que el Valle no puede seguir siendo el mausoleo de una persona que, si bien forma parte de nuestra historia, no merece, a la vista de los criterios democráticos de hoy, tener ese memorial.

La familia Franco tiene absoluto derecho a, y también el deber de, ocuparse de los restos de su antepasado y enterrarlos donde les parezca oportuno, siempre que se trate de un lugar en el que la Ley lo permita.

En cuanto a la exhumación y posterior inhumación (¿por qué no considerar la incineración?) el Estado no tiene que organizar ningún acto

La posición de la Iglesia, una vez más, no es transparente, no solo porque hay diferentes intereses dentro de la misma al respecto, sino también porque es difícil resistirse a la tentación de intervenir en la vida pública de España, y más aún si determinados sectores de ideología evidente la azuzan para que lo haga y se pronuncie.

En todo caso, el Estado debe de exigir a los familiares que se hagan cargo del cuerpo y lo saquen del Valle. El asunto de José Antonio Primo de Rivera es similar aunque no se dice nada, probablemente porque no hay unos descendientes que estén pensando en sacar tajada de la polémica.

Respecto a donde se reentierre el cuerpo de Francisco Franco, el Estado no debería de opinar, siempre que la familia disponga de una sepultura y se cumpla la legalidad vigente.

Si esa sepultura está en la catedral de la Almudena de Madrid o en la Sagrada Familia de Barcelona o en la catedral de Santiago de Compostela debe de ser indiferente para el Estado. Si la familia, de acuerdo con la Iglesia, quiere convertir el enterramiento en un lugar de culto o peregrinaje, allá ellos, sobre todo ella, la Iglesia.

A este respecto, parece claro que el riesgo es relativo, pues desde 1975 el Valle podría haber sido un punto de concentración de gentes afines a su significación pero, en realidad, salvo situaciones puntuales, no ha sido así. El Valle, eso sí, es uno más de los entornos notables que suelen figurar en los itinerarios de visita de los turistas, pero su significación política ha sido, en general de perfil muy bajo. Precisamente, en los últimos meses, ha ganado en popularidad y notoriedad como consecuencia del ruido mediático que se ha hecho en relación con la exhumación, pero cabe esperar que estén donde estén los restos de Franco en el futuro, si no hay ruido no habrá notoriedad, sobre todo en cuanto que pasen unos pocos meses de la nueva inhumación.

Por supuesto, en cuanto a la exhumación y posterior inhumación (¿porque no consideran la incineración?) el Estado no tiene que organizar ningún acto, en absoluto, y si la familia, la Iglesia, u otras organizaciones de ideología afín a lo que Franco representó lo desean, que lo organicen, lo financien y soliciten los permisos que corresponda a las autoridades que proceda: Ayuntamientos, Comunidad autónoma, Delegación del gobierno, etc.

Por otra parte, el gobierno debería de limitarse a gestionar y agilizar, dentro de la Ley, la salida de los restos de Franco del Valle, pero no debería de entrar al trapo en las polémicas y debates sobre donde acabarán esos restos, pues lo único que se hace con ello es ayudar a que determinados sectores de la sociedad hagan ruido al respecto y contribuyan así a crispar la vida política y el ambiente ciudadano.