El exmagistrado Baltasar Garzón, apartado de la carrera judicial tras ser condenado por prevaricación, denunció a España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, informaron a la AFP la organización que interpuso la demanda y fuentes de las Naciones Unidas.

La demanda fue interpuesta por Human Rights in Practice "en nombre y representación" de Garzón, para protestar contra el "carácter arbitrario de una serie de investigaciones y enjuiciamientos penales" que llevaron a su inhabilitación, afirma la directora de esta organización, Helen Duffy.

Según Duffy, la denuncia se presentó "a principios de este año" y la ONU da ahora a España un plazo de seis meses para responder.

Fuentes de la ONU que han pedido permanecer en el anonimato han confirmado a la AFP la existencia de esta demanda.

La denuncia ha sido respaldada por un número de expertos internacionales que han presentado dictámenes periciales conjuntos, especifica Duffy.

Garzón recurrió a la ONU tras haber agotado otras vías judiciales.

En 2013, presentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero la demanda fue declarada "inadmitida", "sin que el juez se pronunciase sobre el fondo del asunto y en apenas tres líneas", explicó a la AFP Aurora Moya, jefa de prensa del exjuez.

Garzón fue apartado de la carrera judicial en 2012, tras ser condenado por prevaricación en el Tribunal Supremo, que dictó contra él 11 años de inhabilitación por haber intervenido conversaciones en prisión entre cabecillas de la trama 'Gürtel' y sus abogados.

Antiguos altos cargos y tesoreros del Partido Popular, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, están sentados en el banquillo como acusados en el caso 'Gürtel', una red de apropiación ilícita de decenas de millones de euros de fondos públicos entre 1999 y 2005.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en abril de 1977.

Está compuesto por 18 expertos independientes y suele tardar unos dos años en resolver "a puerta cerrada" las quejas como la de Garzón.

Emite "observaciones" que no está estipulado que sean vinculantes.

Garzón considera que el Tribunal Supremo español vulneró el principio de la presunción de inocencia, la prohibición de no discriminación y el "derecho a segunda instancia", normas recogidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.