José M. Balbuena Castellano

Aunque no nos sirva mucho de consuelo, les diré que en esta parte del país en la que ahora me encuentro, también se cuecen habas y nos tropezamos con problemas o situaciones quizás más graves que las de nuestras ínsulas.

Uno de ellos, que relataré ahora, tiene un carácter eminentemente humano, ya que atenta contra los derechos de los trabajadores. Lo relataba la prensa de aquí con pelos y señales. Unos temporeros búlgaros viene cada año, por con trato, a trabajar a una finca de fresas, situada en el municipio de Cartaya, pero que pertenece a un empresario del vecino pueblo de Lepe (el de los chistes equivalentes a los gomeros). La temporada ha finalizado y más de cien búlgaros se encuentran ahora abandonados y no pueden volver a su país porque el empresario en cuestión no les ha abonado el salario de la campaña.

Los trabajadores y trabajadoras búlgaras son personas eficientes que cumplen seriamente con su deber y, por tanto, se les trae cada año para realizar este tipo de tareas agrícolas. Pero, de vez en cuando, se encuentran con algún agricultor desaprensivo que cree estar en tiempos de la esclavitud y trata de que trabajen, pero sin salario.

De los 120 búlgaros que trabajan en esa finca ninguno ha cobrado su jornal completo desde el pasado mes de septiembre. La situación de estas personas es precaria y está causando alarma social. Algunos han llegado a cobrar anticipos de 50 euros, pero otros, ni eso. Los temporeros viven en unos miserables habitáculos prefabricados de reducidas dimensiones, que pueden albergar hasta once personas. Estos trabajadores se hallan ahora aislados del mundo, sin dinero y sin posibilidades de regresar a su país, donde han dejado familia que espera ese dinero, y también alguna que otra deuda que pagar. . En algunas de esas aparcerías viven también niños. Uno de ellos sufrió vómitos y diarreas al beber agua contaminada. Este hecho fue denunciado en el Servicio Andaluz de Salud

Ante estas evidencias, la UGT se ha ocupado en denunciar los hechos. Según la organización sindical, los niños sufren gastroenteritis y desnutrición. Al mismo tiempo presentaron una en el cuartel de la guardia civil de Cartaya, que abrió una investigación y provocó la detención del propietario de la finca, el empresario lepero Antonio Rodríguez. El hombre prestó declaración, quedando en libertad con cargos, imputándosele el delito de vulnerar los derechos de los trabajadores.

Algunos de los asalariados alegan que el empresario aún les adeuda dinero de la campaña anterior) pero él contesta que no tiene con qué pagarles. Los búlgaros, especialmente las mujeres, que parecen ser las que lleven más la iniciativa, son las que no creen que sea cierto, porque durante la temporada fresera ellos han recogido miles de toneladas de fruta ¿Dónde está el dinero de esa venta?- se preguntan.. Se calcula que la deuda con estos jornaleros asciende a 250.000 euros. A algunos de estos braceros se les debe hasta 5.000 euros.

Según la asociación Anunsi, que trabaja con emigrantes, y la Cruz Roja, que les está llevando algunos alimentos, estas personas estuvieron durante un mes comiendo solamente fresas con azúcar y a veces pan y una mermelada que ellos mismos elaboraban. ¿Creen ustedes que este señor terminará pagando lo que le debe a estos pobres trabajadores, o que irá a la cárcel? Habrá que preguntar a qué partido pertenece, o a qué clase de juez conoce. Si es conservador o progresista, si simpatiza con el PP, o con el PSOE, o cualquier otro partido influyente. No hace falta que lo crean, ¡eh? Pero parece que todo eso influye muchos en las decisiones judiciales que se toman en esta nación que se llama España.

Estas situaciones deberían ser inaceptables en un país como el nuestro, que no estamos en el tercer mundo donde todo es posible. Me recuerda las historias de los temporeros haitianos que pasan clandestinamente a la vecina República Dominicana para trabajar en la zafra de la caña de azúcar, pasando clandestinamente la frontera. Viven en condiciones infrahumanas en unos bateyes en los que no disponen de agua potable, de electricidad, que no tiene calles asfaltadas ni cuenta con servicios sociales ni médicos indispensables. Trabajan desde las cinco de la mañana a las cinco de la tarde. Cuando se acaba la zafra muchos, se quedan allí sin apenas medios para sobrevivir y encima, indocumentados. La promiscuidad, la droga, el alcoholismo, la prostitución hacen estragos en ese submundo que parece la antesala del infierno Esto viene ocurriendo desde hace tres siglos, con el consentimiento de los terratenientes que explotan esos cultivos y conocimiento de las autoridades gubernamentales.

¿Creen ustedes que en Canarias existe algún parangón, donde se den circunstancias similares a las aludidas? ¿Existe la economía sumergida? ¿Existe la explotación a los trabajadores? ¿O estamos viviendo, ahora mismo, en un paraíso laboral y no nos hemos percatado.