Desde el final de la II Guerra mundial, por lo menos, la democracia ha sido, y es en la actualidad, el valor político/social estrella del mundo desarrollado, y se ha venido proclamando la “obligación” de tratar de exportar la democracia a los países menos favorecidos, como se hizo con las “verdaderas religiones” (normalmente católicas, en general) y la “civilización” (occidental) en otros momentos de la historia.

Con carácter general, desde el siglo XVI, la “técnica” utilizada en la relación con los pueblos ajenos a la cultura occidental fue la de promover las luchas tribales, o entre pueblos, de la región de que se tratase, ayudando a los más débiles o receptivos contra los más fuertes o indómitos para, una vez debilitados al máximo todos ellos, finalmente, pelear solo con los vencedores, ya debilitados por las luchas anteriores con sus vecinos, y someter todo el territorio.

En esta línea, resulta paradigmático y es bien conocido que, en las postrimerías del siglo XVIII, los salvajes de algunas tribus de América del Norte fueron instruidos por europeos, por motivos prácticos, en algunas técnicas civilizadas, como la de arrancar las cabelleras a los enemigos muertos o capturados, para así poder contabilizar con facilidad y de forma fiable el número de oponentes neutralizados por cada guerrero, a fin de pagarle, de forma ajustada, por su trabajo en ayuda de sus aliados procedentes de países civilizados.

En todo caso, lo que se ha venido haciendo desde la más remota antigüedad y durante toda la historia, ha sido imponer los valores y cultura de las naciones invasoras sobre las invadidas, tranquilizando, cuando se ha considerado necesario, la conciencia de los ciudadanos de los países invasores con la idea de que los sojuzgados mejoraban sus condiciones de vida, iniciaban el camino de la civilización y sus beneficios en materia de prosperidad y salud, así como tenían acceso a una cultura superior y a otras ventajas de la civilización aportada por los invasores; todo ello, frente a su situación inicial de salvajes, apegados a tradiciones y prácticas primitivas, cuando no inhumanas.

Incluso después del abandono formal del modelo colonialista, que estuvo vigente, en esencia, hasta el último tercio del siglo XX, se han mantenido, con toda intensidad, las intervenciones, públicas o encubiertas, del mundo desarrollado en los países y territorios que no han alcanzado ese estatus, pero que disponen de riquezas naturales o se encuentran en ubicaciones geoestratégicas relevantes. Tales intervenciones, suelen desembocar, inevitable y desafortunadamente, en la aparición de conflictos armados en esos países y territorios; conflictos que son protagonizados por “señores de la guerra” que venden sus servicios al mejor postor y someten a las poblaciones de los países en los que operan a regímenes de terror y tiranía absolutamente alejados de cualquier principio democrático.

De esta forma se han venido librando, a lo largo de todo el siglo XX, y hasta nuestros días, los combates, que no tienen nada de incruentos, entre los países desarrollados y sus empresas multinacionales, por el control de las materias primas y la influencia sobre el resto del mundo.

Para las tribus, naciones, territorios y países africanos, por ejemplo, ya desde el siglo XIX y también en la actualidad, el efecto de su contacto con el mundo desarrollado, a través de los aventureros, exploradores y agentes de las empresas e instituciones procedentes de los países “civilizados” ha sido devastador. Por una parte, se han ignorado, cuando no abolido violentamente, sus criterios éticos, sustituyéndolos por la nada o por los criterios puestos en práctica por los representantes de los países colonizadores, que, en su aplicación a los naturales (“nativos”) de los territorios colonizados dejaban mucho que desear respecto a los que se aplicaban entre los propios colonizadores.

Hemos dotado a esos pueblos, que partían de estructuras tribales, con medios para desplazarse (vehículos todoterreno, blindados, helicópteros, …) y para matarse entre ellos (armas de fuego, automáticas, de asalto, lanzagranadas, minas antipersona, misiles de corto alcance…) mucho más potentes que con los que contaban, lo que les ha hecho tremendamente más eficaces en los niveles de muerte y destrucción que pueden practicar con sus vecinos de las tribus o grupos étnicos de la región, a lo que se une la persistencia en el tiempo de los peligros de los conflictos (campos minados, por ejemplo) para la población de esas áreas.

Esto es claro si pensamos en que una tribu de guerreros de la sábana, por ejemplo, que estaba enemistada con otra u otras tribus cercanas, podían, en una jornada, aproximadamente, recorrer a pie  30 o 40 kilómetros lo que limitaba, de alguna forma, en la práctica, el ámbito territorial abarcado por los conflictos; sin embargo, con los vehículos recibidos de la civilización, ese radio de acción se puede fácilmente multiplicar por 10 o 20, extendiendo el área de conflicto potencial a cientos de kilómetros.

Por utópico que pueda parecer, si no cambian los criterios de intervención en países desfavorecidos, las consecuencias serán: más oleadas de refugiados; y atentados terroristas

Análogamente, la capacidad de matar, con mazas, lanzas y arcos tradicionales, se limitaba a unas decenas de enemigos en cada escaramuza y, normalmente, en el campo de batalla; mientras que con las modernas y potentes armas recibidas de la civilización, un solo hombre puede matar cientos de enemigos en una sola acción y esos enemigos pueden ser, tanto combatientes del otro bando, como ancianos, mujeres y niños de las tribus o etnias rivales. A esto hay que añadir que, mientras las armas tradicionales eran construidas por la “industria” local, los vehículos y armas (y la munición para esas armas) modernos provienen de las factorías de los países desarrollados que drenan así una gran parte de los, normalmente escasos, recursos de los países desfavorecidos, a cambio de facilitarles esos medios de muerte y destrucción.

Incluso las acciones humanitarias, aunque en sí promueven la mejora de las condiciones de vida de poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad, conllevan, irremediablemente, una serie de efectos negativos y no intencionados en su desarrollo, como pueden ser, entre otros: la contratación de personal local, con el consiguiente desequilibrio salarial respecto a otros grupos de población que no trabajen para organizaciones internacionales; la gestión medioambiental de los recursos; el condicionamiento de la ayuda a agendas lícitas, pero diferentes de las humanitarias (como agendas políticas, de negociación de paz…); favorecer, desde el conocimiento insuficiente, a determinados grupos de poder o intereses económicos, lo que puede generar efectos perversos en las poblaciones y zonas a las que se atiende; etc.

Si realmente queremos mejorar la condición general de las personas que viven en los países y territorios más desfavorecidos y con menor desarrollo económico, desde los países desarrollados deberíamos de preocuparnos por exportar Bienestar, que no se puede medir ni única, ni principalmente, en términos de renta y de democracia, sino que está, más bien, ligado a la libertad y autonomía, como países; a la existencia de dignidad y justicia para todos sus habitantes; y a la ausencia, en ellos, de señores de la guerra, conflictos armados y regímenes tiránicos.

Además, se debería, no solo permitir, sino también promover, que esos pueblos se desarrollen con el telón de fondo de sus propias creencias y tradiciones y establecer, apoyar y desarrollar las condiciones  para que los beneficios generados por la explotación de los recursos naturales de los que disponen reviertan, si no exclusivamente, si, al menos, mayoritariamente,  en mejoras objetivas (deseadas por ellos) para la vida y desarrollo de los naturales de tales países y territorios.

Asimismo, para evitar, o al menos minimizar en lo posible, las consecuencias negativas del trabajo humanitario es necesario profundizar en el análisis y revisión de los límites que no se deben cruzar, observando, desde una mirada crítica, qué es evitable de estos efectos no intencionados y aplicar soluciones para las agencias y ONGs que trabajan en acción humanitaria.

Estas nuevas formas de actuar, que, sin duda, serían beneficiosas para esos países y sus habitantes y que, desde luego, pueden ser tachadas de utópicas, no son tan altruistas como pudiera parecer a primera vista, pues ya estamos viendo, y empezando a sufrir de primera mano, cuales son las consecuencias para los países desarrollados de las prácticas que han venido materializando históricamente; en síntesis: oleadas de refugiados en las fronteras, pugnando por cruzarlas; y, atentados terroristas en las ciudades, antes tranquilas.

Si bien es cierto que, a estas alturas, el mal ya está hecho y parece difícil (algunos opinarían que es absolutamente imposible) revertir el proceso, no es menos cierto que, si se mantienen los criterios de intervención que nos han conducido al escenario actual y, si por utópico que pueda parecer, no nos esforzamos en cambiar las formas de actuar de los países desarrollados respecto a los desfavorecidos, por pequeños y remotos que éstos sean, cabe temer que la situación, lejos de reconducirse o atenuarse, empeore, y los efectos indeseables que se derivan, para los países desarrollados, se intensifiquen progresiva y aceleradamente.

Tales efectos se pueden resumir, de forma breve, en los siguientes : aproximación, cada vez mayor, de las ciudades de los países desarrollados a escenarios de violencia y destrucción como los que se han ido implantando, durante décadas, en muchos países, cada vez menos remotos, pobres y desfavorecidos ;y, crecimiento exponencial de los flujos masivos de refugiados que, por oleadas, y huyendo del horror y la devastación que reinan en sus lugares de origen, pretenderán acceder a la mayor seguridad que suponen que existe en los países desarrollados.