La iniciativa legislativa que busca ponerle un tope de 0.8 % de las remuneraciones, a las comisiones cobradas por las AFP, ha generado, como era de esperar, la reacción de las administradoras y del gremio que las aglutina.

Para mostrar su disconformidad la Asociación de AFP publicó un comunicado el fin de semana último, en el que sustentó su posición ante el dictamen de la Comisión de Seguridad Social del Congreso. En dicha comunicación, la AAFP sostiene que los fondos administrados generan una importante rentabilidad a largo plazo; que las AFP compiten fuertemente en el mercado y no constituyen oligopolio; que la información económica y financiera de estas empresas es transparente y que imponer topes no soluciona el verdadero problema de las pensiones en el Perú que es la falta de cobertura.

Sobre este último aspecto, manifiestan que son 9.5 millones de peruanos los que aún no están bajo ningún régimen de pensiones y que los esfuerzos que se pretendan hacer deberían encaminarse a la captación de un mayor número de afiliados - que puedan tener acceso a una pensión digan al momento de su jubilación – y no hacía un control de precios que vulnera el régimen de libre mercado que prima en nuestro país.

Evidentemente que este intento de ponerle un tope a las comisiones cobradas no es reciente y ya ha generado polémicas desde años anteriores.

Al margen de la sensación de atropello que pueda generar una medida como la propuesta, lo concreto es que las administradoras como empresas ya recuperaron hace años, y con creces, el capital invertido y que cada trimestre los niveles de utilidades son importantes y permiten niveles de ROA y ROE que son la envidia de otros sectores.

Indudablemente, que pretender bajarles a casi la mitad la comisión, implicaría un severo recorte de los ingresos de las AFP, pero lo que no se ha hecho hasta ahora es medir el real impacto que tendría una medida de este tipo.

Si consideramos que hoy en día, la competencia entre las 4 administradoras sigue siendo ardua, que para muchos no habría mucho lugar para más de 1 ó 2 AFP adicionales, y que pese a las fuertes inversiones en calidad de servicio, se siguen acumulando utilidades importantes (el primer trimestre el sistema ganó 86 millones de soles), lo más atinado sería que el regulador de este sector, es decir la SBS, se encargue de determinar la procedencia o no del recorte y de evaluar, como lo hacen los demás organismo reguladores en su sector respectivo, cual debería ser la rentabilidad que un negocio de esas características debería tener. Sino es así, entonces sobre qué criterios le dijo no a una AFP que pretendía subir sus comisiones.

Es cierto que se necesitan formalizar a 9.5 millones de peruanos, pero imaginemos hasta donde se dispararían las utilidades, con las comisiones actuales, si esa masa fuese captada por el sector privado. Es decir, es pertinente en este caso que la SBS haga el cálculo adecuado de cuál debería ser la comisión más justa a pagar – no descartando la posibilidad de esquemas mixtos que indexen éstas comisiones a resultados de rentabilidad -, en vez que el Congreso se encuentre disparando iniciativas sin mayor sustento.

El fondo viene recuperando sus valores y ya son cerca de 20 mil millones de soles los que se están administrando y a la vez más de 4 millones de peruanos confían en este sistema previsional. Lo más adecuado es dar señales que apunten a una mejora y consolidación del sistema, antes que fijar al caballazo topes que sólo sentarían un mal precedente para la inversión privada.