La Fiscalía de Colombia anunció este jueves el pronto levantamiento de las órdenes de captura de guerrilleros de las FARC para permitir su concentración y desarme y posterior reincorporación a la vida civil tras la firma de un inminente pacto final de paz.

"Estaremos prestos y dispuestos a suspender las órdenes de captura que sean necesarias para permitir este proceso de acercamiento a las zonas de concentración", dijo en rueda de prensa el fiscal general Jorge Fernando Perdomo.

El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), sellaron este jueves un histórico acuerdo de cese al fuego bilateral y desarme de la guerrilla, un paso crucial hacia un pacto final para acabar con medio siglo de conflicto armado, el más antiguo de América.

El acuerdo sellado este jueves entrará en vigor tras la próxima firma del pacto final de paz, cuya fecha no fue precisada aún, pero Santos estimó el lunes que podría ser para el 20 de julio, feriado nacional en Colombia.

Según estipula el documento firmado en La Habana, sede de los diálogos de paz desde noviembre de 2012, tras la firma de ese pacto final los cerca de 7.000 combatientes de las FARC serán concentrados en 23 zonas de Colombia para su progresiva reintegración a la sociedad, a la cual se incorporarán "sin armas y de civil".

El desarme se realizará en un plazo máximo de 180 días luego de la firma del acuerdo final.

Estos seis meses le servirán a la Fiscalía para cruzar información para verificar que las personas que ingresan a las zonas de concentración sean "efectivamente" miembros de las FARC, dijo Perdomo.

Como muchos de los guerrilleros tendrán órdenes de captura vigentes, será necesario suspenderlas para facilitar los procesos de justicia transicional, esto es, el conjunto de medidas judiciales y políticas para favorecer la transición de un conflicto hacia la paz, contemplados en los acuerdos de La Habana, puntualizó el fiscal.

El conflicto colombiano ha involucrado durante más de cinco décadas a guerrillas, paramilitares, grupos narcotraficantes y fuerzas de seguridad del Estado, con un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6, 9 millones de desplazados.