No cabe duda que en la actualidad el lavado de activos es uno de los flagelos más nocivos para la sociedad contemporánea que tiene graves repercusiones no sólo para los agentes del delito sino también para aquellos sujetos obligados que, por desidia o negligencia, consciente o inconscientemente, permiten que los servicios o productos que ofrecen al público sean utilizados por las organizaciones criminales como parte de su estrategia de legitimación de fondos ilícitos. Y los fondos colectivos no son la excepción.

En un artículo anterior habíamos afirmado que el servicio que ofrecen las empresas que administran fondos colectivos puede ser utilizado por las personas y organizaciones criminales para el reciclaje de capitales ilícitos.

En efecto, existen diversos factores del procedimiento de administración que facilitan los actos de conversión y ocultamiento de dinero de procedencia ilícita. Dichos factores los podemos clasificar de la siguiente manera:

1. Factores del contrato:

a) Número de contratos.

b) Valor del contrato.

c) Monto de la inversión.

2. Factores del procedimiento.

a) Libertad para ofrecer en remate la cantidad de cuotas pendientes hasta la finalización del contrato.

b) Adjudicación por remate por montos no registrables en el Registro de Operaciones.

c) Cancelación anticipada del contrato en la oportunidad que estime conveniente el cliente.

Esta clasificación no comprende a aquellos factores inherentes al cliente, a su actividad ni a sus operaciones.

Una combinación de los factores del contrato y del procedimiento genera un riesgo latente de utilización de los fondos colectivos como instrumento o medio para el lavado de activos. En consecuencia, surge la necesidad de proteger a los sujetos obligados representantes del sector de fondos colectivos con sistemas de prevención eficientes donde el manejo de información sea la piedra angular para la prevención y detección oportuna de operaciones sospechosas.

Ahora bien, para lograr dicho cometido, surge además la necesidad de realizar reuniones de coordinación que involucre la participación de los oficiales de cumplimiento de cada una de las empresas del sector, a fin de diseñar estrategias conjuntas y adoptar medidas orientadas, en última instancia, a evitar que se materialice el riesgo reputacional y riesgos asociados en sus respectivas instituciones.