Aunque parezca increíble, desde hace más de medio siglo, por ausencia del Estado, la minería artesanal ha operado con informalidad casi generalizada en socavones o yacimientos aluviales destruyendo y contaminando, pero peor aún, la minería ilegal, en espacios prohibidos, principalmente en nuestra Amazonía (cabeceras de cuenca, riberas de ríos y zonas de amortiguamiento) devastando bosques y contaminando recursos hídricos, tierras y medio ambiente, esta situación ha ocasionado además el posicionamiento y consolidación de mafias que explotan laboral y sexualmente a menores y originan delincuencia, alcoholismo, violencia, inseguridad, trata de personas, prostitución, etc.

Hace 15 años, en abril 2002 (gobierno de Toledo), se promulgó la ley 27651 de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, pero no se inició el proceso ni se combatió la minería ilegal, después de 9 años, en marzo 2011 (período final del gobierno de García) se aprobó un "Plan Nacional para la formalización de la Minería Artesanal" el cual no dio resultado. En diciembre 2011 (gobierno de Humala) se autorizó a los mineros informales continuar extrayendo oro en el corredor de Madre de Dios y en mayo 2012 a comercializarlo 2 años adicionales, en 2014 publicó una Estrategia de Saneamiento para resolver el proceso de formalización que finalmente fue postergado hasta diciembre 2016 sin ningún logro que demostrar, de unos 200, 000 (entre mineros artesanales, informales e ilegales), se acogieron al proceso 70, 000 pero solo 5, 000 (7.1%) se formalizaron.

El actual gobierno ha reabierto el Registro de Formalización hasta junio 2017, ampliado nuevamente el plazo del proceso que denominan "Formalización Integral" hasta junio 2020, sin embargo, no existen procedimientos financieros para fomentarlo, y operativamente es lamentable que se permita a los mineros informales el uso de cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes, compresoras y perforadoras neumáticas, camiones cisterna (DL 1336). Bajo este panorama seguiremos 4 años más en un proceso de formalización minera artesanal (iniciado hace 15 años) sin lograrse el objetivo y, menos aún, erradicar la minería ilegal. Para avanzar en este proceso es indispensable que el gobierno apoye a las regiones en sus funciones y facultades sobre minería artesanal; evite provisiones de insumos químicos, explosivos y maquinaria prohibida a mineros ilegales; promulgue la Ley de Ordenamiento Territorial y determine zonas de actividades extractivas; no permita alquileres de concesiones legales a mineros ilegales; fiscalice el oro ilegal y refuerce el control en áreas naturales protegidas.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de enero de 2017