Caso Cayara

“En una conversación que tuve con el Coronel Rafael Córdova, el segundo de Valdivia Dueñas en Los Cabitos, me dijo: el presidente ha viajado conmigo a Cayara después de que conversara con usted y ha sido él quien ordenó remover los cadáveres inmediatamente porque usted sabe donde están enterrados”. Declaración del ex fiscal Carlos Escobar en el diario Perú 21 (4 de noviembre de 2002)

Los hechos

Como parte del “Operativo Persecución”, el 14 de mayo de 1988, tropas del Ejército ingresaron al pueblo de Cayara, provincia cercana a Erusco, alrededor de las 9 de la mañana. Después de asesinar al primer poblador que encontraron, detuvieron a los hombres que presenciaron el hecho desde la iglesia local para después asesinarlos también. Mientras tanto, los demás efectivos saqueaban las tiendas y domicilios de los comuneros y luego las quemaron.

Posteriormente reunieron a la población en la plaza principal y esperaron a los hombres que realizaban labores de cosecha en el campo. Separaron a los comuneros en dos grupos, varones y mujeres, y obligaron a los primeros a echarse al suelo para después torturarlos y matarlos en presencia de las mujeres y niños.

Días después, el Ejército volvió a Cayara y estableció su base en una escuela, el 18 de mayo de 1988. Ese día el General de Brigada José Valdivia, jefe de la sub-zona de Seguridad del Centro correspondiente a Ayacucho, leyó una lista de nombres quienes eran buscados por el supuesto delito de subversión.

Al mes siguiente, efectivos del Ejército regresaron a Cayara para secuestrar a Guzmán Bautista Palomino, Gregorio Ipurre Ramos, Humberto Ipurre, Benigna Palomino de Ipurre y Catalina Ramos Palomino. Los dos primeros eran testigos de la masacre ocurrida el 14 de mayo pasado y los otros tres eran padre, madre y hermana del detenido Ipurre. Guzmán Bautista habría hablado con las delegaciones de parlamentarios y con la revista Caretas acerca de lo ocurrido en Cayara.

Después de hacerse pública la matanza de Cayara, el presidente Alan García mostró abiertamente su respaldo a las Fuerzas Armadas por la lucha contrasubversiva que venía ejecutando a nivel nacional.

La investigación

Días después de la masacre, los sobrevivientes denunciaron los hechos en Ayacucho. Así, se designó a Carlos Escobar como fiscal encargado de la investigación.

El 10 de agosto de 1988 se informó sobre la existencia de tumbas en un paraje denominado Pucutuccasa, a cuatro horas de Cayara. El fiscal Escobar exhumó, de acuerdo a ley, los tres cuerpos hallados e identificó a Alejandro Echaccaya Villagaray, Samuel García Palomino y Jovita García Suárez, quienes habían sido detenidos el 18 de mayo durante la intervención militar en Cayara. Flavia García Suárez, hermana de esta última, identificó a los tres cadáveres y se levantó acta de exhumación.

De acuerdo a la versión de la fiscalía, el grupo encabezado por Escobar sólo trasladó el cadáver de Jovita García Suárez ya que no contaba con facilidades de transporte. Cuando los investigadores retornaron días después advirtieron que los otros dos cuerpos habían sido retirados de las tumbas. Sin embargo, quedaban restos como manchas de sangre, cabello humano, pedazos de ropa, etc. Era evidente que el traslado de esos cadáveres sólo se pudo realizar por una fuerza capaz de controlar regularmente la zona.

Los medios de comunicación señalaron que el General José Valdivia exigió al oficial de la PIP que acompañó a Escobar, información sobre los hallazgos del fiscal.

La necropsia a Jovita García estableció que estaba embarazada, presentaba diversas fracturas en las extremidades y tenía el cráneo destrozado. Su muerte había sido por traumatismo encéfalo craneano grave o por lesión punzo cortante a nivel del corazón. Luego, intentando encubrir estos hechos, el Ejército informó que Jovita García era su informante y que su muerte había sido causada por Sendero Luminoso

Significado

La masacre de Cayara es significativa por varias razones. Primero, porque representó una vuelta de tuerca con respecto a las violaciones de los derechos humanos de un gobierno que empezó su gestión señalando que no toleraría esas violaciones. Segundo, porque fue un hecho evidente, donde quedaron pocas dudas de la responsabilidad de los culpables en el asesinato de pobladores de ese pueblo ayacuchano.

Tercero, porque a pesar de las pruebas, toda la maquinaria del Estado se prestó al encubrimiento, incluyendo a parlamentarios, jueces y fiscales, mostrando que se trataba de un hecho aislado, un “exceso” cometido por personas fuera de control en el fragor de la batalla. Sin embargo era evidente que este crimen fue producto de la implementación de políticas sistemáticas violatorias de derechos humanos implantadas en este período, tal como concluyó en su dictamen el senador Javier Diez Canseco y como había señalado tres años antes el senador aprista Javier Valle Riestra a raíz de la masacre de Accomarca (agosto de 1985).

Por último, como hecho anecdótico, cabe señalar que fue precisamente el caso Cayara el que permitió a un abogado –quien en ese entonces se ocupaba de casos de narcotráfico y que había llegado a asesorar a varios fiscales supremos– restablecer sus vínculos con el Ejército, institución que lo había expulsado, procesado y condenado en 1976. Ese abogado era Vladimiro Montesinos Torres.

Montesinos usó sus influencias en el Ministerio Público para prestar un “servicio” a los mandos militares y contribuyó a evitar que los responsables de la masacre fueran procesados. Gracias a esos “servicios” fue admitido nuevamente en el Servicio de Inteligencia Nacional en 1989, trabajó que usó para relacionarse en 1990 con el candidato, y luego presidente del Perú, Alberto Fujimori.

El terror y el contraterror

La masacre de Cayara fue una respuesta brutal del Ejército a una acción, también bárbara, de Sendero Luminoso. El 13 de mayo de 1988, aproximadamente a las 9 p.m., un destacamento de SL emboscó a dos camiones portatropas del ejército en Erusco, un paraje del distrito de Cayara, en la provincia de Víctor Fajardo (Ayacucho). Como consecuencia del ataque senderista murieron cuatro militares, incluyendo un capitán, y resultados heridos otros catorce o quince. Los subversivos se apoderaron, además, de armas y municiones.

La reacción del Ejército fue inmediata. Al día siguiente ocuparon la vecina comunidad de Cayara, acusando a los campesinos de haber participado en la emboscada o colaborado de alguna forma con los senderistas. Las tropas torturaron y ejecutaron a decenas de campesinos, hombres y mujeres. Todos estaban desarmados y fueron capturados en sus casas o en sus chacras, como se demostró fehacientemente después tanto en la investigación del fiscal Carlos Escobar, como en la de los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme, así como en el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero las cosas no quedaron allí. En las semanas y meses siguientes, a pesar de las denuncias formuladas por algunos parlamentarios, medios de comunicación, organizaciones defensoras de los derechos humanos y el fiscal Escobar, los testigos fueron sistemáticamente asesinados, así como algunos presuntos senderistas denunciados por un informante anónimo. En setiembre de 1989, un año y cuatro meses después de la primera masacre, la última testigo importante que quedaba fue asesinada a manos de encapuchados que vestían uniforme militar. Los sobrevivientes fueron amenazados, las pruebas borradas –incluyendo la desaparición de los cuerpos de muchas víctimas–, el expediente del caso incinerado ó, tal vez, robado.

Con ello se comprobó que hubo, no solo lenidad de parte de las autoridades políticas, judiciales y militares, sino abierta complicidad con los responsables de la masacre –entre ellos, el ex presidente Alan García, el Comandante General del Ejército Artemio Palomino Toledo, el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General del Aire Pablo

Varela Novella, el jefe Político Militar General José Valdivia Dueñas, así como los ejecutores directos– permitiéndoseles en un prolongado lapso acabar con los testigos y eliminar las evidencias de su delito.

A pesar de todo, quedaron las pruebas que acumuló un fiscal valiente como Carlos Escobar, quien como premio a su destacada labor fue trasladado primero, luego destituido y finalmente, amenazado, lo cual lo obligó a refugiarse en el extranjero.

Delitos de lesa humanidad

En la fecha en que se perpetró el crimen, el Estado Peruano había suscrito y ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, que establecen un núcleo duro de derechos no derogables, ni postergados en tiempos de conflicto. Además de lo establecido por los Convenios de Ginebra, estos instrumentos internacionales forman parte de nuestro derecho nacional, tal como lo prescribe la Constitución Política de 1979 y 1993. Con ello, la legalidad e imprescriptibilidad del Homicidio Calificado-Ejecución extrajudicial, y la desaparición forzada estaba vigente en el año de 1988.

Este año, la investigación abierta por la fiscal Cristina Olazábal sobre el crimen de Cayara ha devuelto la esperanza para los familiares de las víctimas en su logro de justicia, aún cuando los responsables, entre ellos, el ex presidente Alan García, vienen obstaculizando y dilatando el proceso.

García fue citado en tres oportunidades (dos en Ayacucho y una en Lima) por la fiscal Olazábal para responder interrogantes respecto del caso Cayara. Sin embargo no asistió a ninguna de ellas, aludiendo carecer de recursos para trasladarse a Ayacucho. Al respecto, las organizaciones de afectados por la violencia política en Ayacucho decidieron realizar una colecta para pagar los gastos de viaje. Finalmente acudió a la cuarta citación realizada en Lima el 13 de abril pasado. El interrogatorio estuvo a cargo del fiscal Mario Gonzáles, quien anteriormente había archivado la denuncia por el caso Frontón –masacre ocurrida durante su gobierno y por el cual también éste tenía responsabilidad– argumentando la prescripción del delito.

Desde el inicio de la investigación por éste y otros casos de violaciones a los derechos humanos, la fiscal Olazábal fue objeto de críticas y hostigamientos por parte de representantes del Partido Aprista. Sin embargo, las organizaciones de afectados brindaron su respaldo la labor de la magistrada, así como solicitaron el apoyo respectivo para que continúe al frente de las investigaciones.

El pasado 19 de mayo, la fiscal especializada en derechos humanos Cristina Olazábal, denunció penalmente ante el Poder Judicial de Huamanga al ex presidente Alan García por su presunta responsabilidad en la matanza de 25 campesinos el 14 de mayo de 1988 en el distrito de Cayara. La acusación señala que el ex mandatario sería responsable de los delitos de omisión impropia, al no haber denunciado el hecho en su calidad de presidente de la República; encubrimiento personal, por no haber señalado a los responsables y autoría intelectual de la masacre, por haber presuntamente ordenado las acciones militares. Junto a García fue denunciado el ex jefe político militar de Ayacucho, José Valdivia y otras 123 personas.

Son cobardes, porque actúan con ventaja: sus víctimas, en primer lugar, son ciudadanos inocentes: no se trata de ningún enfrentamiento: son ciudadanos que están en sus casas, en sus faenas agrícolas en sus chacras. En segundo lugar, sus víctimas estaban desarmadas, y no opusieron ninguna resistencia al ser intervenidas; inclusive, entre las víctimas habían mujeres. En tercer lugar: los atacantes, esto es, los militares, incursionaron dotados del más moderno armamento de guerra, e implementados de una insuperable logística: avanzados equipos de radio, visores nocturnos..., etc. En cuarto lugar: las víctimas no constituían ningún peligro ni amenaza para los atacantes: no solamente no opusieron ninguna resistencia ni intentaron huir, sino que estaban desarmados y totalmente indefensos como para poder constituir amenaza alguna. En quinto lugar: los militares genocidas, contaban con todo el ordenamiento jurídico a su favor, pues éste, a través del decreto del "estado de emergencia", daba a los militares autoridad absoluta sobre haciendas y vidas en las zonas "de emergencia", no permitiéndose la ingerencia de la autoridad civil. En los hechos, los fiscales, si metían sus narices, eran corridos a balazos o amenazados por los militares; y los periodistas, si metían sus narices, eran asesinados por los militares, como sucedió con Ayala Sulca.

Además, actuaron con alevosía: ocultaron y quemaron los cadáveres, borraron las huellas de sangre, asesinaron a los testigos sobrevivientes.

Por último: este genocidio, contó con el más descarado apoyo gubernamental: el gobierno aprista de Alan García: el propio García ordenó desaparecer los cadáveres y todas las pruebas del delito. A esto se agrega que era la misma metodología seguida en otros genocidios: Putis, Accomarca, Pomatambo, Los Cabitos, Totos, Parcco, los penales... fosas comunes, desaparecer cadáveres, la respuesta de "yo no sé", "nadie sabe nada", y el apoyo gubernamental. Y esto no puede atribuirse a los subversivos, porque no era su metodología: ellos, ni hacían fosas comunes, ni desaparecían los cadáveres. Por otra parte: la impunidad: ninguno de estos criminales está preso: todos están libres, cobrando sueldo del estado. El propio García Pérez, así como José Valdivia, están libres. Todos estos considerandos prueban, que no se trataba de excesos, o de algún grupo de militares desquiciados: no: era toda una política de estado, de exterminio, diseñada por el estado peruano.