GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

Por: Hugo Müller Solón

Investigador del Taller de Asuntos Públicos – TAD/Perú

mullerabogados@hotmail.com

Con respecto a la Gobernabilidad y la Seguridad Ciudadana, solamente llegamos a ver una parte del problema, lo demás permanece oculto ante los ojos de la sociedad que justificadamente clama una mejor calidad de vida frente a la violencia criminal. Los responsables de definir políticas y estrategias para garantizar eficazmente la tranquilidad de los peruanos, han fracasado en su intento y han dejado que el fenómeno de la inseguridad vaya creciendo aceleradamente y a la vista de todos.

En este contexto de inseguridad, violencia y anomia social en que la criminalidad

se desarrolla y actúa con nuevas y sofisticadas modalidades; en estas circunstancias de temor por la proliferación de homicidios, robos, asaltos, extorsiones y secuestros, el desamparo somete a los ciudadanos, se sienten vulnerables, desprotegidos, frustrados, y los responsables lejos de comprometer su profesionalismo para la búsqueda seria de soluciones concretas, viables y eficaces, se preocupan perversamente de utilizar su ingenio imaginativo para diseñar, presentar y publicitar medidas improvisadas y facilistas de “gran impacto” anunciando que “el problema quedará solucionado”; todo lo que se les ocurra es válido para encubrir su falta de capacidad. Finalmente, el problema continúa.

"...no fue una de las prioridades del presente gobierno la búsqueda de una solución integral y de largo aliento..."

En el caso de la Policía, llamada a ejercer funciones de seguridad ciudadana; por un anacronismo evidente en su desarrollo profesional, una atípica cultura policial de origen militar, autoritaria, con precaria infraestructura (locales policiales impropios), escasez de recursos económicos, humanos, técnicos y logísticos, deficiente liderazgo, mala organización, obsoletos procedimientos y mal empleo de personal, la han disminuido operativamente para prevenir y combatir la criminalidad. Pero por otro lado, su débil institucionalidad generada por problemas de corrupción, incrementada por una marcada injerencia política, la han convertido en poco confiable, muchas veces hasta temida por los ciudadanos, utilizada para reprimir y no para prevenir el delito, arrastrada deliberadamente a un nivel de inoperancia frente a la reforma procesal penal, presentándose casos de abusos, coimas y vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas.

La inseguridad ciudadana es un tema prioritario de la agenda pública, pero es indudable que no fue una de las prioridades del presente gobierno la búsqueda de una solución basada en un plan estratégico técnico, integral y de largo aliento. En el tema policial sus intereses se limitaron a la compra de vehículos policiales, a la creación de un mayor número de Escuelas de Policías y a un Acuerdo por la Seguridad para comprometer a los Alcaldes a invertir en mayor logística para la Policía. Ningún avance con respecto a la necesaria Reforma Policial.

"...han dejado que el fenómeno de la inseguridad vaya creciendo aceleradamente y a la vista de todos."