El Gobierno y el Partido Socialista firmaron este lunes un pacto para luchar contra el terrorismo yihadista, que rechazan el resto de fuerzas políticas por no haber sido consultadas.

"Estamos mandando un mensaje nítido a los radicales: la sociedad española está cohesionada en torno a su libertad y su democracia", dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras firmar el acuerdo con el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez.

"Es un acuerdo imprescindible para mejorar la capacidad de nuestro Estado de derecho en la lucha contra el terrorismo y la amenaza yihadista", añadió el líder de la oposición socialista, tras la firma en el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia española.

Sánchez insistió en que el acuerdo no debilita "lo más mínimo los derechos de los españoles, que están preservados".

El líder socialista insistió en que "nos oponemos firmemente a la prisión permanente revisable", por lo que este término ha sido eliminado del texto, remitiendo para los casos en que estaba prevista a la pena que dicte el nuevo Código Penal, actualmente en tramitación parlamentaria. Pero "esta discrepancia no afecta a lo que es fundamental y es la imprescindible unidad en la lucha contra el terrorismo", añadió.

El 'Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo' tomará forma de un proyecto de ley orgánica que se presentará al Congreso de los Diputados.

Rajoy insistió en que prevé y tiene tipificados fenómenos como el de "los lobos solitarios, los nuevos métodos de financiación (de los grupos terroristas) o el desplazamiento a zonas de conflicto", al tiempo que mantiene "la máxima pena privativa de libertad" para los actos terroristas con resultado de muerte.

El pacto prevé la posibilidad de imponer penas de prisión a los que viajen a un territorio "controlado por un grupo terrorista" para formarse en el manejo de armas o explosivos o "para colaborar con una organización terrorista" sin que sea necesario probar que han sido entrenados.

También se prevé imponer penas de prisión específicas para cualquier persona que intente aprender, incluso por internet, el uso de armas y explosivos con intención de colaborar con un grupo terrorista.

Rajoy y Sánchez insistieron en que el pacto está abierto al resto de las fuerzas políticas españolas, la mayoría de las cuales lo ha rechazado, considerando que no fue consultada.