El Govern ha decidido subir la cuantía de la ayuda directa a cada comercio afectado por el cierre de establecimientos no esenciales de galerías y centros comerciales y de más de 400 metros cuadrados decretado en Cataluña desde el pasado 7 de enero y hasta el próximo lunes 7 de febrero ante el avance de la pandemia y el empeoramiento de los datos epidemiológicos.

En virtud de este aumento, cada establecimiento afectado por el cierre forzoso recibirá 6.000 euros en lugar de los 3.750 euros anunciados inicialmente.

Esta convocatoria de ayudas está abierta desde el miércoles de la semana pasada. La subida de la partida para estas ayudas directas es de 10 millones de euros, ha indicado este martes la consellera portavoz, Meritxell Budó, en su comparecencia semanal tras la reunión del Govern.

El ejecutivo catalán también ha aprobado este martes un incremento de 7 millones de euros en las ayudas a los establecimientos de la restauración, estética y de centros comerciales afectados por los cierres obligados por el Procicat del mes de noviembre. Se dará especial cobertura a aquellos beneficiarios que no han recibido aún la ayuda por haberse agotado el presupuesto comprometido.

Budó ha vuelto a acusar al Gobierno español de "dejadez de funciones" a la hora de echar una mano a los colectivos profesionales más afectados por las restricciones de la pandemia y ha recordado que la Generalitat ya ha movilizado 1.500 millones de euros de "recursos propios" para inyectar liquidez a las personas y las empresas más tocadas por la situación.

Respecto a que el Govern anuncie eventuales nuevas restricciones respecto a la pandemia, Budó ha afirmado que esta semana "valoraremos si han de continuar las medidas o se han de relajar o reforzar alguna de ellas", de cara al 8 de febrero en función de lo que indiquen las autoridades sanitarias.

El Consell Executiu de este martes también ha dado vía libre a reforzar las plantillas de las residencias de mayores y centros de discapacitados por el fuerte impacto de la pandemia en "bajas laborales de sus profesionales de atención directa", ha explicado Budó.

Se incorporarán 192 nuevos efectivos que se destinarán a un total de 17 residencias públicas. Más de la mitad (108) son auxiliares de geriatría y también hay perfiles de enfermería (38) o medicina (17), técnicos de gestión (16), de fisioterapia (8) y técnicos especialistas en atención a personas con discapacidad. El programa está dotado con 7, 1 millones de euros y quiere garantizar los derechos de los residentes en el contexto de la pandemia.

Como tareas a desarrollar dentro de este programa figura la adopción de medidas anti Covid y la implantación de protocolos de actuación para garantizar todas las medidas de prevención. El refuerzo del personal está encaminado a poder afrontar rebrotes y a generar espacios para el confinamiento de residentes.