Compartimos con ustedes esta interesante investigación de la Revista Crónica en su edición del 8 de agosto de 1997. Los autores de la misma son S . Velásquez, M. González y E. Blanc .

Asimismo pueden informarse más de este tema aquí.

GUATEMALA: LAS VÍCTIMAS Y CRÍMENES DE LA GUERRILLA MARXISTA (URNG)

Asesinatos, secuestros, aldeas arrasadas y vendettas entre camaradas son parte de la huella dejada por la insurgencia en 36 años de conflicto armado.

Los cuatro comandantes de la URNG, responsables de horrendos crímenes contra Guatamaltecos. (Fuente: Revista Crónica)

LA GUERA FUE SUCIA. DURANTE 36 AÑOS los civiles fueron las principales víctimas del Ejército y de las organizaciones que integraron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En la pasada década la mayoría de atrocidades cometidas fueron endilgadas a la institución castrense, en tanto que muy pocas voces señalaban a la guerrilla.

Con base en diversos archivos consultados por este semanario, desde el 13 de noviembre de 1960 al 29 de diciembre de 1996 la URNG cometió 1, 258 acciones contra personas civiles e infraestructura del país, entre los que se cuentan más de 200 asesinatos, 68 secuestros, 11 atentados contra embajadas y 329 contra poblaciones civiles. Empero, fuentes independientes aseguran que esos datos fueron " extrañamente depurados " , para no complicar la inserción de la insurgencia a la legalidad. "Ese fue un pacto fuera de la mesa de negociación entre las cúpulas del Ejército y de la guerrilla, sin importarles el daño que causaron a los civiles " , expone un ex miembro de la gubernamental Comisión de la Paz (COPAZ).

Los excesos cometidos por las partes deberán ser ahora investigados por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), integrada por Christian Tomuschat, Edgar Balsells y Otilia Lux . Crónica presenta una síntesis de acciones insurgentes, para la cual fueron consultados archivos periodísticos, miembros del Ejército (en activo y retirados), ex negociadores de la paz, así como militantes y disidentes de la URNG.

LAS MASACRES DE LA INSURGENCIA

Según organizaciones humanitarias, la URNG habría participado en seis asesinatos colectivos, los cuales han sido documentados con base en testimonios de sobrevivientes . En total habrían perecido 265 civiles y 32 insurgentes del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP-Ixim).

La primera masacre que se registra habría sido perpetrada por elementos del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), el 17 de febrero de 1982, en la aldea Calapté, Uspantán, Quiché. Los familiares de las 42 víctimas dicen que los rebeldes ultimaron a los pobladores a filo de machete.

Tres meses después, militantes de la misma organización incursionaron en la aldea Salacuín, Alta Verapaz. Tras arrasar la localidad, veinte campesinos fueron asesinados a tiros y a machetazos. Similares métodos habrían sido aplicados, también por el EGP, en la aldea Chacalté, Chajul, Quiché, donde perecieron unas 120 personas y fueron heridas alrededor de 45, aunque otras fuentes consignan entre 150 y 170 víctimas ( Crónica 487). Asimismo, se menciona que el EGP también masacró a entre 20 y 30 evangélicos, en Barillas, Huehuetenango, en el primer trimestre de 1980. Sobre esta sindicación no hay mayores datos testimoniales, pues, en apariencia, los sobrevivientes se desplazaron a otros puntos del país o a EEUU .

Otra acusación que pende en contra de dicho grupo es la consignada en el libro " Señores bajo los árboles ", de Mario Roberto Morales . Según las notas, entre el segundo y tercer trimestre de 1982, 32 miembros del Frente Guerrillero de la Estrella, del ERP-Ixim, fueron fusilados "Por no izar la bandera del EGP " .

El expediente de las masacres se cierra con una supuesta cometida en noviembre de 1989, por la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), quienes degollaron a 21 habitantes de la aldea El Aguacate, Chimaltenango. En los archivos consultados no se consignan asesinatos colectivos de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Empero, fuentes civiles no descartan - que también participaran en ese tipo de crímenes.

VICTIMAS CIVILES

De acuerdo con militares retirados, las estadísticas oficiales de asesinatos cometidos por la guerrilla parecen haber sido alteradas intencionalmente. De lo contrario, explican, no es creíble que sólo 202 personas hayan sido ultimadas durante 36 años, cuando hace 2 la cantidad rondaba mil más.

Las primeras víctimas reconocidas en los archivos son el dirigente derechista Mario López Villatoro y su guardaespaldas, Julio Carrera . El crimen fue perpetrado por tres presuntos guerrilleros de las FAR, el 2 de junio de 1969, en el centro comercial Montufar .

Siete meses más tarde, enero de 1970, unidades del PGT habrían ametrallado al subdirector de Prensa Libre , Isidoro Zarco . Diez años y medio después, el 5 de agosto, la violencia del PGT se reactivó contra la prensa, al ser asesinado Mario Ribas , gerente general de El Imparcial . La guerrilla también se atribuyó el crimen de Roberto Girón Lemus , propietario del diario La Nación, el 5 de febrero de 1982.

El 23 de mayo de 1980, la misma organización golpeó al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF), cuando cayó abatido el presidente de la misma, Alberto Habie . Casi tres meses después, el 1 de agosto, un comando del EGP tomó por asalto las instalaciones de Radio Tropicana , de Escuintla, en momentos en que salía al aire el radio periódico El Clarín . En el hecho fueron asesinados a tiros cinco civiles: dos locutores de la emisora, el conserje de la misma y dos visitantes.

El año de 1981 también fue violento. El 18 de enero fue ultimado por las FAR el legislador emelenista Jorge Torres Ocampo . Posteriormente, en diciembre de 1981, elementos del PGT asesinaron a Mario Dary Rivera , rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Similar destino tuvo, a manos de la misma organización, el también ex rector de la USAC Leonel Carrillo Reeves, ametrallado en noviembre de 1983.

De 1980 a 1991 la ORPA abatió a 35 civiles, entre ellos al pintor primitivista Juan Sisay , el 21 de abril de 1989, en Santiago Atitlán, Sololá. Asimismo, al niño Víctor Sánchez, el 13 de noviembre de 1990, después de un mitin en la aldea Las Trojes, Amatitlán.

Por su parte, las FAR habrían ultimado, de 1961 a 1995, a 58 civiles, entre ellos al administrador de la finca Caobana, Taxisco, Santa Rosa, en junio de 1980 . Además, en la misma zona, mataron al campesino Macario Silvestre (en marzo de 1983) y a Alicia Chinchilla (el 24 de noviembre de 1992).

Pero quizá la más sangrienta acción en la que perecieron civiles es la que realizó el EGP el 5 de septiembre de 1980. La mañana de ese día un grupo de insurgentes colocó un autobomba en cercanías del Palacio Nacional, cuya detonación fue escuchada en un radio de 12 kilómetros. Como cauda de la acción, siete adultos y un niño murieron destrozados.

SAGA DE PLAGIOS

Según los registros, durante los 36 años del conflicto la insurgencia plagió a 68 personas. Por ejemplo, de 1970 a 1996, a las FAR se le atribuyen haber secuestrado a 29 civiles. Al EGP (entre 1979 y 1994) 21 y a la ORPA (de 1977 a 1996) 18. El listado incluye a empresarios nacionales y extranjeros, civiles y a familiares de funcionarios públicos. No hay registro alguno de las acciones de este tipo realizadas por el PGT.

Por lo menos cuatro de los secuestros concluyeron en asesinato. Así, el 3 de mayo de 1971 fue ultimado el industrial Guillermo Ibargüen , después de ser plagiado por las FAR. La segunda víctima mortal fue el empresario Luis Canella , asesinado por miembros del EGP en diciembre de 1978, al oponer resistencia.

Diez meses después, durante el plagio de Raúl García Granados de Garay , el 7 de octubre de 1979, la misma organización acribilló a su amigo Roberto Cordón y a su guardaespaldas, Andrés Olivares . Poco menos de dos años más tarde, el 13 de agosto de 1981, es encontrado el cuerpo sin vida del estadounidense Clifford Bevens , gerente general de la empresa GINSA. El cadáver fue localizado en una casa del EGP, en Santo Domingo Xenacoj, Chimaltenango.

La larga historia de plagios para obtener réditos económicos inició con el cautiverio del empresario Gabriel Biguria , en marzo de 1970. Asimismo, en diciembre de 1977 fue secuestrado por la ORPA Luis Arimany Comas , quien permanece en poder de sus captores durante tres meses. El 30 de enero del año siguiente, el EGP dejó en libertad a Roberto Herrera Ibarguen después de que la familia financiara campos pagados y cancelara una suma no cuantificada. El 19 de mayo de 1979, Elizabeth Lippmann fue plagiada por elementos de la ORPA, quienes la liberan el 27 de junio. La misma suerte corrió Haedest Villagrán , a quien raptan las FAR el 31 de mayo de ese año. Otros secuestros de gran impacto son los que realizó el PGT, en mayo de 1982 y octubre de 1983, en contra de los copropietarios del matutino Prensa Libre , Álvaro Contreras Vélez y Pedro Julio García , respectivamente. Asimismo, el de Xiomara Suazo , hija del entonces presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdova , que reivindicó el MRP-Ixim en diciembre de 1982.

Los últimos secuestros económicos fueron realizados por las FAR y la ORPA en febrero de 1994 y agosto de 1996. Las víctimas: Fraterno Vila hijo y Olga de Novella . Según estimaciones, entre 1977y 1982 la guerrilla habría obtenido hasta US $ 45 millones.

Durante la misma época se registraron secuestros de familiares de funcionarios con el objetivo de canjearlos por militantes de la insurgencia capturados por las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en junio y septiembre de 1983, son plagadas Marta Ríos Montt y Celeste Mejía Víctores , hermanas de los generales Efraín Ríos Montt y Oscar Mejía Víctores , respectivamente. Según ex miembros de la guerrilla, el objetivo era forzar la liberación de Yolanda Urízar , ex asesora sindical y militante de las FAR.

Asimismo, los archivos castrenses reportan decenas de secuestros de campesinos, reclutados contra su voluntad para combatir al Ejército. Sin embargo, los mismos no dejan de ser frías estadísticas debido a la poca importancia que se les dio.

DIPLOMATICOS BAJO EL FUEGO

Apartado especial merece el número de representantes extranjeros que cayeron bajo las balas guerrilleras y los múltiples atentados en contra de sedes diplomáticas. El primer ataque mortal fue realizado el 16 de enero de 1968, durante la administración de Julio César Méndez , cuando miembros de las FAR ametrallan a los coroneles de EEUU Ernest A. Munro y John D. Webber. De acuerdo con ex miembros de la guerrilla, el atentado fue en represalia por el secuestro y asesinato de Rogelia Cruz , ex Miss Guatemala y militante insurgente.

Siete meses después, el 28 de agosto, al oponerse a ser plagiado, el embajador estadounidense John Gordon Mein fue ultimado por dos jóvenes miembros de la misma organización, en la avenida Reforma, zona 10 . El mismo destino de Mein se repite con el embajador de Alemania, Karl von Spreti . Tras ser secuestrado el 31 de marzo, el cuerpo del diplomático germano fue localizado con un disparo en la cabeza, en San Pedro Ayampuc. La muerte de Von Spreti obedeció a que el Gobierno no accedió a liberar a 22 militantes de las FAR ni al pago de Q700 mil.

El tercer embajador asesinado fue el nicaragüense Edmundo Meneses , en octubre de 1977, durante el régimen de Kjell Laugerud . Tras quince días de debatirse entre la vida y la muerte, Meneses pereció por las heridas de bala ocasionadas por elementos del EGP, el que reivindicó la acción en solidaridad con la guerrilla sandinista.

El 14 de febrero de 1980 militantes del EGP ametrallaron la sede diplomática de El Salvador y semanas más tarde, la de Japón. El 24 de junio de ese mismo año, unidades urbanas de dicha organización dispararon contra Jaki Hasbun , hijo del embajador jordano, y su amigo Raúl Santos . También, el 13 de enero de 1982, comandos rebeldes lanzaron bombas contra las embajadas de Israel, Argentina y Haití.

El último ataque atribuido a la guerrilla contra extranjeros se realizó el 23 de octubre de 1985, cuando elementos de la ORPA prendieron fuego a la avioneta del cónsul de Noruega, Norman Lind de Lunge, en la Costa Sur. En el atentado, además de Lind , perecieron el costarricense Erasmo Sánchez y el alemán Klaus Herold .

VENDETTAS INTERNAS

A la vez de actuar contra civiles, decenas de militantes de las organizaciones alzadas no se salvaron de morir a manos de sus propios camaradas. Del primer rebelde ajusticiado sólo se recuerda el seudónimo: Minche , ultimado en abril de 1972 en las montañas de Quiché, por el germen de lo que posteriormente sería el EGP, lo cual es relatado por Mario Payeras en el libro " Los días de la selva".

Ahora también sale a luz pública el asesinato de Guisella López, conocida en ese grupo como Beatriz , y quien habría sido ejecutada en 1982 por sus mismos compañeros bajo la acusación de ser doble agente. Los familiares de López han documentado pruebas y solicitarán ante la CEH la repatriación del cadáver, inhumado en Nicaragua. En la misma denuncia también se plantea que un sobrino de Beatriz y una amiga de ésta, cuyos nombres no son conocidos, habrían tenido el mismo fin.

Otras ejecuciones extrajudiciales son atribuidas a las FAR. De acuerdo con ex militantes de dicha organización, en 1977 un comando de aniquilamiento habría ultimado veterinario Rolando Orantes Celada , cuñado de Jorge Soto , debido a pugnas internas. Asimismo se conoce de los asesinatos de los dirigentes de la Federación Sindical de Empleados Bancarios y de Seguros (FESEBS), Juan José Alvarado , y otro conocido con el seudónimo de Claudio . Según los informantes, los crímenes forman parte de un ajuste de cuentas por divergencias al interior de las FAR, entre 1982 y 1983, cuya dirección acusó a Alvarado y a Claudio de ser infiltrados del Ejército. Similares sindicaciones habrían sido realizadas en contra de Irma Flaquer , periodista y militante de las FAR, a quien se le acusó de denunciar a Aníbal Ramírez , comandante Jerónimo.

Por su parte, a la ORPA se le atribuye la muerte de tres militantes del MRP-Ixim, en 1987, y el de Sandra Chávez Gálvez , cuyo seudónimo era capitán Ana , en diciembre de 1992. Con base en los datos, Ana fue apuñalada por oponerse al mal manejo de los recursos económicos de la organización, después de salir de una casa de cambio en la capital de México. Tras conocer el asesinato, Luis Santacruz, ex comandante Santiago , abandonó las filas de la ORPA durante casi tres años. Aun cuando éste ha asegurado que su retiro no obedeció a los hechos antes mencionados, otras fuentes de la guerrilla sostienen la primera versión. Entre tanto, no se dispone de datos sobre ajusticiamientos en el seno del PGT, aunque los mismos no son descartados.

CONOCER EL PASADO

De acuerdo con Christian Tomuschat, los diez meses que tendrá la Comisión del Esclarecimiento Histórico no serán suficientes para investigar los 36 años del conflicto, sobre todo esclarecer la autoría de las masacres y el paradero de miles de desaparecidos . Por tanto, añade, la CEH solicitará al Ejército y a la URNG "poner a disposición sus archivos de guerra" , en particular los que contengan datos entre 1978 y 1982.

Al respecto, Jorge Soto (ex comandante Pablo Monsanto , de las FAR) dice que lo más correcto es que las instituciones civiles vinculadas al tema de los derechos humanos sean las que acudan a la comisión. La URNG, anota, " colaborará en aquellos casos en que seamos señalados o sobre excesos cometidos por el Ejército, para liberarnos de las acusaciones o confirmarlas". Entre tanto, Ricardo Rosales (ex secretario general del PGT) considera que las atrocidades deben ser conocidas por el bien del país y para fortalecer la democracia. De esa cuenta, si la URNG y el instituto castrense se vuelcan a colaborar con la comisión, darán pruebas de caminar a la par de las aspiraciones civiles que demandan conocer el pasado para evitar que éste se repita. De lo contrario, sólo lograrán extender el manto de la impunidad que los ha cubierto en las últimas tres décadas. "