Autor: Mauricio Mulder Fuente: Perú21

Como siempre, la pita se rompe por lo más delgado. Los responsables políticos de los cuatro muertos y heridos del 25 de octubre, es decir, el ministro del Interior y la alcaldesa de Lima, bien gracias. Con ellos no es la cosa. El susanazo, hora de deslindar responsabilidades

Imagen: RPP

Una bien coordinada ofensiva mediática, demostrando su poder real, buscará preservarlos en sus cargos. Volveremos a los escenarios de cortinas de humo policiales-faranduleras o deportivas con el ánimo de olvidar los referidos sucesos y volver a la "normalidad".

Mientras tanto, los ecos reclamando indignados que se sancione a los que agreden a los policías se irán, como siempre, apagando. Y olvidaremos que el principal responsable de que la PNP no pueda poner orden es nada menos que el presidente de la República, el señor Ollanta Humala Tasso, y con él, su primer ministro, Juan Jiménez.

Cuando en mayo del presente año el Congreso, en una de sus pocas unanimidades, aprobó la ley que reglamentaba el uso de la fuerza por parte de la PNP, se creyó que por fin, después de años, podríamos tener avances frente a las asonadas propiciadas por toda laya de violentistas, maleantes y terroristas que actúan impunemente en nuestro país. Todos los intentos anteriores, en los que se señalaba por parte de las huestes humalistas que se "criminalizaba la protesta social" o se "legalizaba la represión", habían quedado atrás. Con un marco legal adecuado para evitar abusos, la ley podía impulsar la recuperación del anhelado principio de autoridad, fundamental en todo régimen democrático.

Pero el señor Humala decide observar la ley, y lo hace sobre la base de dos argumentos francamente deleznables: uno, que cuando un policía o cualquier persona es agredida salvajemente con piedras, palos, cuchillos etc., por una turba, como lo fue el SO3 Percy Huamancaja, este no debe desenfundar su arma para defenderse o defender al tercero porque, supuestamente, "no hay proporcionalidad" ya que los pobrecitos agresores no tienen pistola igual que él. Y dos, que si un policía usa su arma para repeler un homicidio o un asalto, aunque el delincuente esté con armas de guerra –es decir, sí hay proporcionalidad–, igual debe ser denunciado y enjuiciado porque, como es policía, se presume de todas maneras su culpabilidad y debe demostrar su inocencia en un juicio. El arma, por tanto, en la PNP, conforme lo ha determinado el actual gobierno, solo sirve de adorno. Nada más.

Acuso, por tanto, como los verdaderos responsables de que se haya masacrado a la Policía el 25 de octubre, en La Parada, a los señores Ollanta Humala y Juan Jiménez, a la sazón su ministro de Justicia, por haber impedido que la PNP pudiera tener un mínimo de protección legal para luchar contra la delincuencia en el país. Esa es la verdad.

Hoy, hipócritamente, ambos funcionarios y la alcaldesa de Lima hablan de principio de autoridad y de proyectos de ley para aumentar penas contra el vandalismo y la violencia, cuando ellos mismos se encargaron de sabotear todo esfuerzo por dotar a las fuerzas del orden de los instrumentos legales para su ejercicio democrático. Durante años nos hablaban de que los gobernantes eran represores que tenían las "manos manchadas de sangre" y que enfrentarían la represión que criminalizaba la protesta, y hoy nos vienen a hablar de principios de autoridad y de respeto al policía.