Autor: Jorge Alania Vera

Fuente: Expreso

Miguel Castilla no sólo es el ministro de Economía de un país que sigue creciendo pese a todos los vaticinios que se hicieron tras la victoria del candidato Ollanta Humala, sino que es el personaje de la Hoja de Ruta, de aquella convocatoria amplia y plural que llevó a la presidencia al comandante del polo rojo del 2006, de aquella sabia decisión de mantener el modelo de la promoción de inversiones y la apertura comercial añadiéndole la indispensable inclusión social.

Su fuerza no está, pese al decisivo apoyo del Presidente, dentro del Gobierno sino fuera, en el exterior, en el conjunto de posibilidades y proyecciones con sus protagonistas que han hecho del Perú un país que concita el interés de la región y del mundo, en las oportunidades que se van abriendo en todos los segmentos sociales, en el concurso de la iniciativa privada sin la cual no hay desarrollo posible en países como el nuestro, en la promisoria alianza de esta iniciativa con el sector público para dar mejores servicios a los ciudadanos para los cuales –como decía Ten Psiao Ping– poco importa si el gato es blanco o negro con tal de que cace ratones.

Cada vez que el presidente Humala sale al exterior se da cuenta de lo bien que hizo al llamar a Castilla –y lo que su pensamiento económico significa- al estratégico Ministerio de Economía. Esa retroalimentación es clave para que lo siga apoyando y manteniendo porque la andanada en su contra es cada vez más grande, no por los resultados de la política económica sino precisamente por ellos, ya que en la medida en que las oportunidades crecen como consecuencia del modelo, los anacronismos que ya se han ensayado en tantas realidades se diluyen.

Es verdad que en el crecimiento económico falta un claro componente de inclusión social. Pero la peor forma de alcanzarla es creándola por decreto. La inclusión social es básicamente oportunidades, no es ley, no es norma, no es discurso. Y la oportunidad sólo se crea con un marco económico estable en el cual fluye la inversión privada y el Estado cumple su rol promotor y regulador. Y con el concurso democrático y participativo de todas las fuerzas políticas progresistas.