Autor: Victor Robles Sosa

Fuente: Blog Políticamente Correcto

A mediados de los 90', después de la derrota del terrorismo, en el país se desató una oleada feroz de delincuencia común, en la que bandas de hampones armados con fusiles y ametralladoras asaltaban, secuestraban y asesinaban a diestra y siniestra, principalmente en Lima.

Como corresponde actuar ante a una situación de inseguridad extrema, el estado respondió con medidas extraordinarias: Primero instituyó la cadena perpetua para quienes, organizados en bandas y usando armas de guerra, asesinaran a sus víctimas en asaltos o secuestros; y después ordenó que el servicio de inteligencia nacional colaborara con la policía en la tarea de identificar, ubicar y capturar a los integrantes de las bandas que estaban causando zozobra en la sociedad.

Tales medidas fueron acompañadas por una declaratoria de guerra total a la delincuencia que incluyó el pago de recompensas a cambio de información que permitiera capturar a los cabecillas de las bandas.

La Judicatura se sumó a la guerra contra el hampa, aplicando con la celeridad del caso la nueva ley contra las bandas organizadas y pronto decenas de criminales y asesinos fueron sentenciados a cadena perpetua, siendo recluidos en penales de máxima seguridad. Los más avezados fueron enviados al penal de Yanamayo, en Puno, para evitar que pudieran operar desde sus celdas.

En pocos meses, las bandas de asaltantes y secuestradores desaparecieron y la seguridad volvió a las calles. Esta historia viene al caso a propósito de las lamentables declaraciones del ministro del Interior, Walter Albán, quien acaba de afirmar que los ciudadanos debemos resignarnos a vivir inseguros y a merced del hampa porque, en su opinión, la solución del problema es de "largo plazo".

¿Conoce el ministro Albán la historia que acabamos de recordar? Claro que sí, pero él jamás hará lo mismo porque forma parte de la izquierda caviar que, por razones políticas, desmontó, a partir del 2000, las normas que permitieron vencer aquella delincuencia organizada, alegando que violaban los derechos humanos. En los años siguientes los hampones sentenciados volvieron a las calles.

El pretexto para desmontarlas fue que el estado jamás debió tipificar delitos comunes como "terrorismo agravado". Digo pretexto porque siendo el argumento razonable, bastaba con darle otro nombre al tipo penal para mantenerlo vigente, pero el revanchismo político pudo más y los ciudadanos estamos pagando hoy las consecuencias de no tener una legislación severa contra el hampa.

Y ahora el ministro Albán nos quiere contar el cuento de que no hay manera de enfrentar la inseguridad ciudadana, que debemos convivir con ella por un largo tiempo más. En otras palabras, nos ha dicho que él no piensa resolver el problema, así que lo mejor sería que renuncie de inmediato.

Si el presidente Humala desea reanimar su decaída gestión, tiene una gran oportunidad de hacerlo encarando con realismo político el problema de la inseguridad, replicando las experiencias exitosas en la materia. Claro está, corrigiendo los errores que pudieron cometerse.