El Salvador conformó este martes una comisión encargada de concretizar el pago de indemnizaciones, determinadas por un tribunal internacional, para las víctimas de la masacre de El Mozote de 1981, en la que murieron más de 1.000 campesinos en la guerra civil (1980-1992).

"Las víctimas lo que más reclaman es que la sociedad les reivindique desde el punto de vista moral, pero por supuesto que hay que hacer cosas de carácter material", declaró el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, en un discurso en la Casa Presidencial.

Las indemnizaciones para las víctimas de la masacre forman parte de las reparaciones materiales establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una sentencia condenatoria contra El Salvador conocida a finales de 2012.

En dicha sentencia, la Corte ordenó investigar a fondo los hechos, crear un censo de víctimas, hacer las exhumaciones necesarias e identificar y entregar los restos a los familiares.

El tribunal dispuso indemnizaciones que van de 10.000 a 35.000 dólares a cada uno de los familiares de las víctimas o sobrevivientes.

"De lo que se trata es de dar un impulso al conjunto de compromisos y obras que están establecidas y están ordenadas para que el gobierno las lleve a cabo", remarcó Lorenzana, quien integra la comisión, entre cuyos miembros figuran representantes de las víctimas.

La matanza ocurrió durante la cruenta guerra salvadoreña, cuando tropas del ahora proscrito batallón Atlacatl arremetieron, entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, contra los civiles de siete comunidades de El Mozote, unos 200 km al noreste de San Salvador, incluidos niños, mujeres y ancianos.

Tras el fin de la guerra civil, una Comisión de la Verdad creada por la ONU responsabilizó de la matanza a varios militares, algunos de los cuales murieron durante el conflicto armado.