La anemia infantil es una grave y severa enfermedad que adquieren los niños en sus primeros meses y años de vida por mala alimentación y nutrición (carencia de hierro, vitaminas, calcio y proteínas) originando continua baja de hemoglobina afectando cerebro, pulmones y riñones con secuelas en la capacidad intelectual o cognitiva, psicomotora y psicológica, mermando a futuro la suficiencia de nuestro capital estudiantil y laboral.

Es indignante que nuestro país registre los mayores niveles de incidencia de anemia infantil en Latinoamérica, afectando mayormente niños del ámbito rural y quintiles de pobreza y extrema pobreza. Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en el período 2011-2016 la anemia aumentó de 30.7% a 32.6% entre niños menores de 5 años afectando 1 de cada 3 (933, 276 niños), además aumentó de 41.6 % a 43, 5% en menores de 3 años afectando 1 de cada 2. En dicho período aumentó en 15 de 24 regiones y 9 de ellas registraron niveles superiores a 40%, siendo la mayor en Puno donde casi 8 de cada 10 niños la padecen (76 %), y hasta en Lima el porcentaje aumento de 19.6 a 26.8% (+6.7%). Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la anemia se agrava en niños peruanos de 6 a 11 meses afectando al 60%. Existe vasta normatividad para la prevención de la anemia, sin embargo sigue aumentando. El Plan Nacional 2014-2016 para prevenir la anemia (RM 258-2014/MINSA 31 marzo) tenía como objetivo reducirla en menores de 3 años al 10% hasta 2016, pero contrariamente se incrementó hasta 43.5%. El actual gobierno cuenta con dos propuestas de Estrategia Nacional 2017-2021 para reducir la anemia materno infantil y la anemia infantil que plantea reducir al 2021 los índices de menores de 3 años de 43.5% a 19% y de menores de 5 años de 32.6% al 12%, lo cual sería imposible de cumplir porque a menos de una semana del plazo de facultades legislativas se han abocado principalmente a temas de reactivación económica sin priorizar la salud pública.

Bajo este panorama la anemia infantil debe combatirse frontalmente a nivel nacional el 2017 incrementando su presupuesto, mejorando la eficacia de programas sociales (diagnóstico y tratamiento), aumentando la cobertura de suplementos nutricionales (áreas rurales y pobres), desarrollando monitoreo de indicadores, fortaleciendo la articulación multisectorial y asegurando mayor compromiso y acción de gobiernos regionales y locales.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de diciembre 2016