En la mitad de su período el gobierno llega con la mayor desaprobación presidencial, principalmente por la inseguridad ciudadana y criminalidad organizada, desbordada por incompetencia de las autoridades y el cambio –cada 6 meses– de 5 ministros del Interior, generándose en la población temor, recelo, desconfianza y desprotección, convirtiéndose en un gravísimo problema nacional.

La inseguridad ciudadana se incrementa en el país –principalmente en Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura– proliferando actos delictivos coordinados desde las cárceles (asesinatos, extorsiones, secuestros), asaltos en ciudades y carreteras, marcas, cobro de cupos, y más de 300, 000 armas de fuego ilegales, pero a pesar de ello no existe una clara estrategia para enfrentar la delincuencia.

Según el INEI, el 38% de la población ha sido víctima de la delincuencia, el más alto porcentaje regional, y asimismo, nuestra tasa de victimización por homicidio (40%) es la mayor después de México. Además, el asalto a bancos y robos a cajeros creció 100% respecto al 2012, y a pesar que en este gobierno la población carcelaria –gravemente hacinada– aumentó 27% (de 48, 800 a 67, 000 presos), la delincuencia sigue incrementándose.

Se está presentando una profunda erosión del tejido social por un crecimiento urbano acelerado y desordenado, cambios en la estructura familiar, deficiencias en el sistema escolar y alto consumo de alcohol y drogas.

A pesar de esta grave situación, increíblemente, por no asignarse presupuesto para su implementación, la vigencia de la Ley 30077 contra el crimen organizado fue postergada hasta mediados de 2014, y además, de 110, 000 policías, 86, 000 trabajan 24x24 (un día resguardando la población, y el otro –por su ínfimo sueldo– en el sector privado) lo cual afecta el combate delincuencial. Hay solo 1 policía por cada 2, 000 habitantes siendo el estándar internacional de 1 por cada 250. Bajo este panorama, la inseguridad ciudadana y la desaprobación presidencial seguirán aumentando proporcionalmente mientras no se implemente una estrategia integral que desarrolle capacidades sustantivas para prevenir actos de violencia en el país, sobre la base de una eficiente actuación policial –con nueva tecnología y mayor labor de inteligencia– contra la delincuencia en áreas de riesgo, y buscando mayor acercamiento con comunidades locales; además es imprescindible una reforma del sistema penitenciario; lograr una justicia accesible, ágil y eficaz; y principalmente, una sustantiva mejora educacional en valores de convivencia pacífica, tolerancia y respeto al estado de derecho.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 28 de diciembre de 2013