El rey de España tiene constitucionalmente inviolabilidad jurídica durante su reinado, lo que impide juzgarlo, pero, tras la reciente abdicación de Juan Carlos I se plantea la cuestión de qué pasa después.

Pese a las críticas de una parte del mundo judicial, el Gobierno español busca un medio de prolongar esa protección cuando Juan Carlos deje de ser rey, tras la proclamación de su hijo como Felipe VI el 19 de junio. El precepto constitucional de inviolabilidad e irresponsabilidad del monarca fue invocado en octubre de 2012 por la justicia española para rechazar dos demandas de paternidad presentadas contra el rey. Está por determinar si dicha protección, privilegio único del monarca como jefe de Estado, se mantiene tras la abdicación en relación a los actos anteriores a su renuncia al trono.

Tras ser rey, Juan Carlos podría obtener también un "aforamiento" similar al de parlamentarios, jueces, fiscales o miembros del Gobierno durante el ejercicio de sus funciones. Creada en su momento para proteger la libertad de expresión de los cargos electos, la figura del "aforado" prevé que los parlamentarios regionales sólo puedan ser juzgados por Tribunales Superiores y los nacionales, como los ministros, por el Tribunal Supremo. "Me parece que alguien que ha representado la más alta instancia del Estado debe tener una consideración especial, pero la decisión le compete al Gobierno y al Parlamento", afirmó el fiscal general de Estado, Eduardo Torres-Dulce.

"La inviolabilidad por el ejercicio de su cargo, durante el tiempo que ha sido el rey, permanece", aseguró el 6 de junio la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "La opinión más extendida entre los juristas es que la inviolabilidad del rey por hechos durante su reinado se mantienen aún después de la abdicación", dice un portavoz del Consejo General del Poder Judicial, órgano rector de los jueces. Para Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, esta interpretación "es bastante discutible". "La Constitución española no dice en absoluto que después de dejar el cargo de jefe de Estado se mantenga la inviolabilidad", estima como una parte del mundo judicial español.

El Ejecutivo trabaja ya en una ley orgánica que aporte una protección jurídica a Juan Carlos y su esposa Sofía, afirmó Sáenz de Santamaría, sin más detalles.

Según una fuente judicial, el Gobierno podría también decidir incluir a los padres de Felipe VI en una ley que otorgase inmunidad al rey de España y a su esposa de por vida, no ligada a la función sino al título, pero para el portavoz de la Comisión Nacional de Jueces Decanos, Francisco Martínez, "parece lógico" que el rey pierda su protección cuando deja de serlo. También Jueces para la Democracia son contrarios a una "inadecuada protección especial", dice Bosch, considerando "desproporcionado y exagerado" el número de personas, unas 10.000, aforadas en España.