El presente trabajo tiene por finalidad determinar si las empresas que administran fondos colectivos pueden ser utilizadas por las organizaciones criminales para el lavado de activos.

Por mandato de la Ley Nº 27693, las empresas administradoras de fondos colectivos tienen la condición de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de activos o de financiación del terrorismo a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, hoy un apéndice de la Supertintendencia de Banca y Seguros (en adelante, la SBS), lo que implica que además de la obligación de comunicación deben de diseñar un sistema de prevención que permita detectar operaciones sospechosas. Las características, procedimientos y condiciones de dicho sistema están detalladas en las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo, aprobada por Resolución Conasev Nº 018-2006-EF/94.10.

Nuestro estudio se enmarca en las empresas administradoras de fondos colectivos, donde el contrato colectivo tiene por finalidad obtener un certificado de compra por importes que van de $ 12, 500.00, $ 16, 000.00, $ 20, 000.00 y $ 25, 000.00.

Pensamos que el procedimiento propio de esta clase de empresas puede resultar muy atractivo para los lavadores de activos. Veamos. El procedimiento empleado por las empresas administradores de fondos colectivos puede subdividirse en cuatro fases: la suscripción del contrato, las asambleas mensuales, las adjudicaciones por remate y la cancelación del contrato.

Por lo general, estas empresas no son tan exigentes al momento de solicitar la presentación de determinados documentos para la incorporación de una persona natural o jurídica al sistema, sobre todo, documentos relacionados con el sustento de los ingresos. Quizás esto puede no significar una deficiencia del sistema sino una adecuación a nuestra realidad, debido a la informalidad existente. Al respecto, cabe mencionar que a la fecha de elaboración del presente trabajo hay entidades bancarias que aceptando esa realidad están reorientando sus políticas de crédito hacia la exoneración de la entrega por parte del cliente de algún sustento documental de ingresos con la condición que depositen por un tiempo determinado una cantidad mensual de dinero que ellos mismos han definido atendiendo a su nivel de ingresos y al monto del crédito que necesitan.

Como fuere, la informalidad genera la evasión de impuestos, donde las ganancias obtenidas al ser utilizadas para el pago de una cuota mensual cualquiera que sea la entidad financiera acreedora estarían siendo destinadas al lavado dinero, cuyas consecuencias son tan nocivas como el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Sin embargo, si bien la informalidad está disminuyendo lenta y progresivamente, las empresas financieras acreedores, dependiente del caso concreto, están siendo más exigentes en la revisión de los documentos que sustentas los ingresos, más aún cuando en los últimos meses se han iniciado investigaciones a un número elevado de personas naturales y jurídicas por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Ahora bien, en respuesta al tema que nos ocupa debemos afirmar que en las empresas administradoras de fondos colectivos sí se pueden ser utilizadas con complicidad o sin ella para lavar dinero.

Hagamos un ejercicio mental. Estamos frente a un lavador de activos que tiene bajo custodia en su casa dinero proveniente del narcotráfico o de un secuestro que asciende a la suma de $ 200, 000.00 y a fin de disfrutarlo sin que las autoridades sospechen de su procedencia ilícita es preciso darle apariencia de haber sido obtenido de una fuente lícita. Entonces, constituye una sociedad de fachada a la que denomina La Lavandería EIRL dedicada al servicio de lavado en seco de prendas de vestir y tiene un solo local.

El dueño de La Lavandería EIRL se enteró por los medios de comunicación masiva que Opción Toyota es una empresa que financia la obtención de bienes a través de los fondos colectivos. Entonces, decide comprar un toyota Yaris y suscribe un contrato colectivo de $ 16, 000.00. Ya como asociado, aporta cinco meses y al no salir adjudicado opta por rematar con $ 8, 000.00 utilizando como medio de pago un cheque bancario. Efectuada la adjudicación y constituida la garantía, continúa realizando el pago de sus cuotas mensuales para reducir la deuda con el dinero que tiene bajo su custodia en casa. Cuando debe $ 3, 000.00 decide cancelar el contrato argumentando la venta de la unidad. Así, habría lavado $ 16, 000.00 en tres años aproximadamente.

El dueño de La Lavandería EIRL interesado por éxito de su gestión, decide suscribir más contratos colectivos no sólo a título personal sino también a nombre de empresas donde él no aparece como titular o accionista.

Acudamos por un momento a las matemáticas.

La Lavandería EIRL suscribe en total dos contratos: el de $ 16, 000.00 y otro de $ 25, 000.00.

El titular gerente suscribe en total dos contratos de $ 12, 500.00.

La empresa La Cevichería EIRL de propiedad de su cuñado suscribe dos contratos de $ 20, 000.00.

Y por último, el titular de La Cevichería suscribe un contrato de $ 25, 000.00.

En total se suscribieron siete contratos por un valor de $ 131, 000.00. Los restantes $ 69, 000.00 fueron invertidos en los fondos mutuos, el pago de la cuota inicial de un inmueble y en el aumento de capital de La Lavandería.

Este ejemplo nos ofrece una idea de la facilidad con que se puede reciclar dinero utilizando para tal fin a las empresas administradoras de fondos colectivos.

Las características del procedimiento de administración de fondos colectivos proporciona oportunidades interesantes para el lavado de dinero, razón por la cual se exhorta a guardar la debida diligencia de todo el personal que directamente o indirectamente participa del sistema de prevención. La definición de los controles o filtros diseñados para dicho propósito y la toma de consciencia del riesgo que significa ser utilizados como herramienta de lavado son trascendentes al momento de adoptar una determinación para hacer frente a este flagelo.