La ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república (LTJ) será votada y, con toda probabilidad, aprobada este jueves, convirtiéndose en segunda de las leyes de ruptura que el Parlament catalán rubrica tras la ley del referéndum del 1 de octubre.

Pero, ¿qué es esta segunda ley? Se trata de la norma que comienza a despegar el marco jurídico catalán de la Constitución española, una ley diseñada para que funcione como una carta magna catalana durante el proceso de redacción de la Constitución catalana. La ley de transitoriedad dispone además que, aunque sea aprobada antes, solo entrará en vigor cuando los resultados del referéndum sean oficiales y si ha ganado el 'sí'.

Como ley de transitoriedad que pretende ser, regula el traspaso institucional entre el régimen jurídico constitucional español y el de una Catalunya independiente. También, en cuanto que ley fundacional, desarrolla todo el articulado para el funcionamiento legislativo ordinario y observa un principio de supletoriedad por el que, en ausencia de una ley catalana, seguirán funcionando las normas locales, autonómicas, estatales y europeas actuales.

En cuanto a su contenido, la ley estipula aspectos como la obtención de la nacionalidad catalana, a la que accederán todos los residentes en Catalunya antes de 2017, diseña todo un nuevo brazo judicial, convirtiendo el autonómico Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un Tribunal Supremo, o fija la cooficialidad del catalán y el castellano como lenguas de la transición. La ley de ruptura contempla también la amnistía para los políticos ahora imputados o encausados por su actividad pacífica en pos de la independencia.

La ley esta formada por 89 artículos y tres disposiciones y, de su lectura se desprende también el calendario independentista hacia la consecución de una república catalana. Según este, habría una proclamación de la independencia en los días inmediatamente posteriores al referéndum del 1 de octubre. A partir de ahí, comenzaría el proceso constituyente, tal y cómo está diseñado en el título séptimo de la ley de transitoriedad.

Este proceso de redacción de la nueva constitución que estipula la LTJ estaría dividido en dos fases: una primera deliberativa y de debate ciudadano, y una segunda de redacción del texto constituyente. En medio de estas se celebrarían unas elecciones, con el objetivo de formar una nueva asamblea.

Una vez obtenido el proyecto de constitución, el texto debería avalarse con un nuevo referéndum. En total, la ley de ruptura dispone de cerca de 12 meses hasta que Catalunya se convierta en un estado completamente independiente.