Autor: Guido Canchari Obregón Fuente: elperuano.pe

La discusión y aprobación de una nueva ley universitaria que contribuya a superar la grave crisis de la educación superior en el país, emerge como una necesidad impostergable, pese a la abierta oposición de un sector formado por los rectores de universidades públicas y los dueños de las universidades con fines de lucro. La universidad peruana a debate

Este requerimiento queda evidenciado con el excesivo número de universidades –140, de las cuales 64 solo tienen autorización provisional–, las serias carencias en infraestructura, en docentes calificados, la casi nula labor de investigación y la desconexión entre las carreras y el mercado laboral.

El debate del dictamen aprobado por la Comisión de Educación del Congreso, previsto para el inicio de la próxima legislatura, en marzo, abre la oportunidad para una discusión más allá del ámbito político sobre la importancia de esa reforma y la incorporación de algunas propuestas que permitan perfeccionarla.

Sus opositores, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), la Federación de Instituciones Privadas de la Educación Superior (Fipes) y un sector de estudiantes, centran sus objeciones principalmente en la creación de una superintendencia nacional de educación universitaria (Suneu), que garantice la calidad de las universidades.

Según el dictamen, la superintendencia estará adscrita al Ministerio de Educación y tendrá por funciones supervisar la calidad universitaria, fiscalizar el uso de recursos y autorizar o denegar la apertura de nuevas universidades. Además, reemplazará a la ANR, que dejará de existir de aprobarse la iniciativa.

La superintendencia

Para Orlando Velásquez, titular de la ANR, la creación de esta entidad es inconstitucional, porque supondría un intervencionismo inaceptable que violentaría la autonomía universitaria e, incluso, podría afectar la libertad de pensamiento.

En un pronunciamiento público, la Fipes también argumentó que "la universidad dejará de ser autónoma y la libertad de pensamiento podrá estar sujeta al criterio de funcionarios con un direccionamiento político". Además, observó que esa instancia será un organismo burocrático que desalentará la inversión privada en la educación superior.

Sin embargo, en Francia, Finlanda, España, Chile y Argentina, por citar solo algunos países, existe un organismo regulador o normativo del sistema universitario, adscrito al Ministerio de Educación o su equivalente, que desarrolla sus funciones con autonomía y sin que la libertad de pensamiento, que goza de buena salud en esos países, se haya visto afectada.

La superintendencia, de acuerdo al texto aprobado, estará integrada por nueve miembros de los cuales solo uno es representante del citado portafolio. Cuatro representan a las universidades públicas y privadas. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, los colegios profesionales y el empresariado tendrán un representante cada uno.

Quizá la connotación "intervencionista" venga del título de "superintendencia" que se le otorga a ese organismo en el dictamen. Según Daniel Mora, presidente de la comisión que aprobó el dictamen, tomaron esa denominación con base en la recomendación del Tribunal Constitucional y de la Contraloría –en una sentencia y un informe de control, respectivamente– para crear una entidad que permita supervisar a las universidades a efectos de corregir el desorden y la baja calidad de la enseñanza.

¿Mercado regulador?

Según la Fipes, en vez de una superintendencia "intervencionista y burocrática", propia de un modelo del siglo pasado, debe tenerse un órgano autónomo responsable de la creación de universidades y de promover la calidad. Además, dejar que funcione la regulación del mercado en función de la información.

José Dextre, presidente de este gremio afiliado a la Confiep, sostuvo que a las universidades privadas hay que pedirles que muestren sus indicadores de calidad, de docentes, infraestructura y empleabilidad, y serán los usuarios los que decidirán a qué centro de estudios acudir.

En esa línea, plantea crear un Observatorio de Indicadores de Calidad de las universidades, "para que el joven elija" de manera informada, estimulando así una competencia que incentive la mejora del sistema.

Al respecto, Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y miembro del Consejo Nacional de Educación, advirtió que no existe ninguna evidencia empírica que demuestre que el mercado puede regular la calidad en asuntos de educación, salud y justicia.

"En esas áreas hay fallas del mercado y salvo que uno sea anarcocapitalista, no se puede negar la evidencia [...]. La información sirve, por ejemplo, para elegir el mejor restaurante y por eso funciona nuestro boom gastronómico en una economía de libre mercado; pero eso no se puede comparar con la educación."

En ese sentido, manifestó que el 38% de los jóvenes universitarios está estudiando actualmente en cinco casas superiores de estudio que, según los propios rankings internos, están en los últimos lugares, situación que consideró insostenible.

Para la rectora de la Universidad Cayetano Heredia, Fabiola León Velarde, la educación superior no puede dejarse al gobierno de las leyes del mercado, precisamente, por las fallas del mismo.

"No podemos complacernos en esperar que a la educación la regule el mercado, la competencia y una apropiada información; pues al haber buenas universidades públicas, buenas universidades privadas, pero también malas –pero muy accesibles económicamente, corremos el riesgo de tener una universidad segmentada por ingreso económico y no necesariamente por capacidad intelectual", advirtió en una reciente columna de opinión.

La voz de los estudiantes

La Federación de Estudiantes del Perú (FEP) fue la primera en expresar su total rechazo total al proyecto de la nueva ley universitaria; sin embargo, los representantes de diversos frentes estudiantiles aseguraron en los últimos días compartir la propuesta de reforma contenida en el dictamen.

Según la FEP, la propuesta de ley recorta los derechos estudiantiles, vulnera la autonomía universitaria e instaura un control político de esas casas de estudio, mediante la superintendencia. Sus dirigentes anunciaron movilizaciones para evitar la aprobación del dictamen. No obstante, su posición no es compartida por la comunidad universitaria. Para el presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Julio Cáceda, existen muchos aspectos positivos en el texto aprobado y hay otros que podrían perfeccionarse.

"Estamos de acuerdo en que haya un organismo regulador de la calidad de la educación superior, pero autónomo y sin participación del sector empresarial", sostuvo. Teodoro Arévalo, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, señaló que son muchos los estudiantes que están a favor de esta reforma porque contribuirá a superar la crisis y corrupción que –dijo– campean en las universidades.

"La autonomía universitaria no es violada en ningún artículo. Eso es un juego retórico de los rectores porque su más grande temor es que haya un reparto de poder distinto y una organización que obligue a las universidades privadas a invertir más sus ganancias", alegó. Max Silverio Valverde, representante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), refiró que aunque hay aspectos que pueden ser mejorados, aun así el dictamen representa un avance significativo hacia la excelencia académica, porque plantea mayores exigencias para el ejercicio de la docencia y acaba con las mafias que controlan las universidades.

La revisión de estos puntos de vista confirma la necesidad de esta importante reforma y que se aliente la discusión del dictamen que será debatido y votado en el pleno a partir de marzo, a efectos de incorporar algunas propuestas, sobre todo, por los estudiantes, para otorgarle mayor legitimidad y respaldo a la nueva ley universitaria.

Proliferación y precariedad

El Perú, con cerca de 30 millones de habitantes, es el segundo país con mayor número de universidades en Sudamérica, solo por detrás de Brasil, que tiene una población de más de 200 millones, siete más que nosotros.

De acuerdo a información oficial, nuestro país tiene 140 casas superiores de estudio; mientras que el gigante suramericano tiene 197.

Además, solo 76 casas de estudio tienen autorización definitiva de funcionamiento y las demás lo hacen con una autorización provisional. Dicha realidad llevó a que el 2012 se aprobará una ley que declaraba la moratoria en la creación de nuevas universidades.

Publicado: 13/01/2014