En su mensaje del 28 de julio el presidente Humala anunció muy superficialmente –leyendo en 5 líneas– la voluntad de continuar la formalización con una perspectiva de inclusión social y la firme decisión de luchar contra la minería informal, sin embargo, sobre la formalización, el proceso no avanza y siguen evadiendo tributos; en Madre de Dios solo 5, 000 iniciaron el proceso y ya se anunció un paro minero indefinido a partir del 26 de este mes. Asimismo, sobre la lucha contra la minería ilegal, lamentablemente los insumos continúan ingresando y se incrementan las áreas deforestadas, desde 2, 400 hectáreas el 2010, hasta 7, 000 este año. Solo en la zona de amortiguamiento de Tambopata en dicho período destruyeron 3, 000 hectáreas. El pasado día 24 el defensor del Pueblo presentó en la región Puno el Informe Defensorial N° 160 "Gestión del Estado frente a la minería informal e ilegal en el Perú", tema considerado crítico porque esta actividad actúa en 21 –de las 25– regiones del país y afecta diversos derechos fundamentales. Este informe supervisa la implementación de los decretos legislativos promulgados por ley 29815 (22-dic-2011) al delegarle el Congreso al Ejecutivo legislar en materia de minería ilegal.

La normativa del Ejecutivo consistió en 9 Decretos Legislativos promulgados entre febrero y abril 2012. Al respecto, el Informe Defensorial concluye que se evidencia una dificultad común a las entidades supervisadas para la implementación de dichos decretos por falta de recursos para su cumplimiento, presentando además recomendaciones para la formalización de la pequeña minería y artesanal, la protección del medio ambiente y remediación de zonas afectadas, y la erradicación y lucha contra la minería ilegal y su criminalidad asociada.

Bajo este panorama, existe falta de voluntad política del gobierno por no asignar los fondos necesarios para combatir este flagelo, considerándose que la minería ilegal e informal ocasiona que miles de niños, niñas adolescentes y mujeres sean víctimas de explotación sexual y trata; que más de 100, 000 personas trabajen sin derechos laborales y en condiciones de alto riesgo; que se afecten 15 zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas; y que en los ríos amazónicos se hayan vertido más de 3, 000 toneladas de mercurio en los últimos 20 años, además, que esta ilícita actividad extrae anualmente 18 toneladas de oro, equivalente a S/. 500 millones de impuestos impagos.

Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de agosto de 2013