MARINA DE GUERRA DEL PERÚ:

COBARDES GENOCIDAS

Esta hiena, es el ex-Capitán de Corbeta A. P. Alvaro Artaza Adrianzén. En 1, 984 se desempeñaba como Jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar. Su alias era, “Comandante Camión”. En la provincia ayacuchana de Huanta, este miserable ordenaba secuestrar a todos los civiles sospechosos de ser subversivos; igualmente secuestraba a aquellos civiles presos que le derivaba a su cuartel, la policía. Los secuestrados o detenidos eran maniatados, amarrados, dejados sin comer ni beber durante muchos días, mientras eran torturados por los infantes de marina. Por último, los ultimaban con un tiro en la cabeza, a sangre fría. Posteriormente, los enterraban los cadáveres en fosas comunes, para ocultar sus crímenes.

Antes del hecho, se aseguraban de desnudarlos y que estuvieran descalzos, sin ninguna prenda, a fin de impedir su posterior identificación. Los cadáveres eran rociados con cal, para que se destruyera la materia orgánica, y así, dificultar su identificación. Hasta estos grados llega la cobardía de estos militares, gallinas. La marina de Guerra de Perú, el Ministerio de Defensa, el Gobierno peruano, es decir, toda la alta cúpula, siempre protegió a este genocida. La fuerza armada de Perú interfirió en su juzgamiento, pidiendo “juzgarlo” en el fuero militar, con el fin de exculparlo. Posteriormente a lo de Pucayacu, “Camión”, en el Hospital Naval, vestía mandil blanco, haciéndose pasar como médico, a fin de ocultar su identidad. Llevó a cabo un auto-secuestro, y su institución lo dio por “difunto”, a fin de evadirlo de la justicia. Actualmente goza de plena libertad, y está fuera del país, gozando, como siempre, con el encubrimiento y protección del estado peruano. Perú es una vergüenza, por esta indignante impunidad. A continuación, transcribo parte del informe que sobre el caso, da la Comisión de la Verdad:

El descubrimiento de las fosas de Pucayacu

El 22 de agosto de 1984 se descubrieron cuatro fosas en la zona de Pucayacu, distrito de Marcas, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica4 conteniendo 50 cadáveres en avanzado estado de putrefacción y sin prendas de vestir. Muchos de ellos se encontraban con las manos atadas y la mayoría mostraba heridas de bala en la cabeza y otras lesiones producidas por armas punzo cortantes. En algunos casos, se observaban huellas de tortura.

La información que posibilitó el descubrimiento de las fosas provino de un periodista local5, que recogió el testimonio brindado por un testigo presencial del entierro de los cadáveres, el mismo que por razones de seguridad no quiso ser identificado. El medio de comunicación al que pertenecía dicho periodista transmitió la información a la Fiscalía de la Nación, quien envió una comisión desde Lima con la finalidad de identificar la zona y participar en las diligencias de levantamiento de los cadáveres6.

En efecto, el 23 de agosto de 1984, con la presencia del Dr. José Luis Mejía Chahuara, Fiscal Provincial Adjunto Ad-Hoc, el Dr. Rolando Quesada Chunga, Juez Instructor Suplente de Huanta, el Sr. Fernando Olivera Vega, Secretario General de la Fiscalía de la Nación, así como del Director y Subdirectora de la Morgue Central de Lima, Dr. Roberto Feliziani Valdez y la Dra. Gladys Quiroz de Meza, se inició la excavación de las cuatro fosas, hallándose 49 cuerpos de sexo masculino y uno femenino, de aproximadamente 5 a 7 días de fallecidos7.

De los 50 cuerpos encontrados en las fosas, sólo uno fue identificado por sus familiares; se trató de Nemesio Fernández Lapa8. Asimismo, durante las diligencias del levantamiento de

4 A la altura del kilómetro 56 de la carretera Huanta –Huancayo.

5 Carlos Alfredo Valdez Medina, corresponsal del diario La República en Ayacucho en 1984.

6 La República del 23 de agosto de 1984.

7 En la primera fosa se encontraron 13 cadáveres, en la segunda 25, en la tercera 8 y en la última 4. Para mayores detalles, ver el Acta de levantamiento de los cadáveres, Expediente N° 30-84, Fojas 3 y 4.

8 Reconocido por su hija Zenaida Fernández Hernando.

Cadáveres se encontraron en los alrededores de las fosas 16 casquillos de bala y algunas prendas personales. Entre ellas estaba la libreta militar de Cirilo Barboza Sánchez9.

Desvirtuando la versión oficial

El General de Brigada EP Adrián Huamán Centeno, Jefe del Comando Político Militar de la Zona de Emergencia, desmintió en su momento que las fuerzas del orden estuvieran involucradas en las ejecuciones de las personas halladas en las fosas de Pucayacu29. El comunicado Oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nº 005-84-CCFFAA emitido el 24 de agosto de 1984, también negaba que los efectivos militares fueran responsables de dichos asesinatos, sugiriendo más bien que Pucayacu era un cementerio del PCP – SL. Asimismo, decía que las fuerzas del Orden para el entierro de personas tanto civiles como militares, “proceden de conformidad con los dispositivos legales vigentes y en forma pública.”30

Sin embargo, luego de la investigación realizada, la CVR ha llegado a la conclusión de que en los meses de julio y agosto de 1984 elementos de la Marina de Guerra del Perú bajo las órdenes del Jefe de la Base Contraguerrillas de Huanta, el jefe del Destacamento de Infantería de Marina de Huanta y La Mar y el Jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar, realizaron operativos en el marco de la lucha contrasubversiva, deteniendo a pobladores de la provincia de Huanta que luego aparecieron muertos en las Fosas de Pucayacu.

No hubo enfrentamientos armados

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que entre el 1 y el 22 de agosto de 1984 no se registraron enfrentamientos armados en la zona de Pucayacu. En efecto, la prensa de la época y las revistas

27 Caso 9506, PERU, Resolución No. 16/88 de fecha 24 de marzo de 1988, incluido como anexo 21.

28 Cabe señalar que el caso de Nemesio Fernández Lapa figura en la lista de los 133 casos de violaciones de derechos humanos en los que, en febrero del 2001, el Perú se comprometió a encontrar soluciones integrales, según el Comunicado de Prensa conjunto firmado el 22 de febrero del 2, 001 por el Ministro de Justicia del Perú y el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos HumanosComunicado de Prensa Conjunto suscrito por el Dr. Diego García-Sayán, Ministro de Justicia de Perú, y el Decano Claudio Grossman, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C., el 22 de febrero de 2001, Anexo 22.

29 Artículo publicado el 25 de agosto de 1984 en El Comercio, Anexo 24.

30 Comunicado Oficial No. 005-84 CCFFAA emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el 24 de agosto de 1984 y publicado en el diario El Comercio el 25 de agosto de 1984, página A8, Idem.

Especializadas no registran ningún enfrentamiento de esa magnitud en dicho período31. Asimismo, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú –DIRCOTE- confirmó esta información, señalando que “..no se encuentran registrados en la Base de datos DIRCOTE hechos terroristas ocurridos en las provincias de Huanta y La Mar, Ayacucho, así como los ocurridos en la provincia de Churcampa-Huancavelica entre el 01 al 23AGO84...”32.

Los cadáveres estaban atados, desnudos y varios de ellos sólo tenían huellas de bala en la cabeza, que evidencia una ejecución extrajudicial

Las condiciones en que fueron hallados los cuerpos de las víctimas no corresponden a un enfrentamiento armado, sino que fueron ejecutadas extrajudicialmente. De acuerdo a los resultados de las necropsias, 15 de las víctimas fallecieron por traumatismo craneano, toráxico, estrangulamiento y heridas punzo-cortantes y 35 por herida de bala en la cabeza y el cuello. En todos los casos, los muertos por herida de bala tienen los orificios de entrada y salida de proyectil en la cabeza y el cuello, con la trayectoria de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba, lo que revela el estado de indefensión de las víctimas. Normalmente, las víctimas de un enfrentamiento armado presentan impactos de proyectiles en diversas partes del cuerpo y con trayectorias distintas.

De otro lado, todos los cuerpos se encontraban desnudos y 40 de ellos estaban vendados y con las manos atadas. En el análisis de todo el período del conflicto armado en el Perú que viene realizando la CVR, no se ha detectado un entierro con tales características atribuido al PCP-SL.

Las condiciones en las que se encontraron los cuerpos coincide con las detalladas por un ex infante de Marina, que brindó su testimonio reservado a la CVR:

“...la Marina tiene sistemas de eliminar, los matan desnudos para que no los reconozcan, ni sortijas ni aretes, ni zapatos, ni ropa interior y las prendas las queman. El Ejército todavía son más quedados, el Ejército los avientan como están y por la ropa saben quién ha sido...y la forma era amarrados, no los desataban (...) Los mataban y los enterraban lejos. Lo hacían los operativos. Los levaban en una camioneta blanca y una roja que el Ejército prestó, eran de esas que creo que la llaman pick up (...) Sólo en Huanta pasaba eso, Y los lugares adonde los llevaban era bien a las afueras, yo creo que era como saliendo de Huanta rumbo hacia Huancayo, muy lejos. Ellos salían a las 11 de la noche y regresaban a las 3 de la mañana. Y las zanjas en las tardes las mandaban hacer, una patrulla mandaban para eso. Y la mecánica era tierra, petróleo, tierra, para evitar las moscas. Porque llegó la queja de que un lugar habían encontrado por las moscas, entonces, qué se puede hacer contra las moscas: petróleo. Y allí dijeron que hagan las fosas más grandes o más hondas y que lleven petróleo... 33

La vigilancia policial en la zona

31 Ver diarios El Comercio y La República de fechas 10 al 18 de agosto de 1984 así como la revista Caretas correspondiente a ese período. Revisar también: “Violencia Política en el Perú 1980-1988”, Tomo I: Cronología de la violencia, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Desco, septiembre de 1, 989.

32 Oficio No. 441-2003-Dircote PNP/SECGEN.2 de fecha 25 de febrero de 2003 dirigido a la CVR.

La zona en la que se ubican las fosas de Pucayacu tenía vigilancia policial permanente. El lugar se encuentra entre dos puestos policiales: el de Alccomachay y el de Mayocc, los mismos que estaban bajo la responsabilidad de la Guardia Republicana y la Guardia Civil respectivamente, cuyos efectivos controlaban el tránsito vehicular que fluía por la carretera Huanta-Huancayo. Siendo ello así, resulta inverosímil, que una columna del PCP-SL pudiera transitar por dicha vía transportando 50 cuerpos, máxime si el puesto de Alccomachay se encontraba al final del puente del mismo nombre a sólo 1.70 kilómetros del lugar donde se encontraron las fosas. Por tales consideraciones, no resulta sostenible la versión oficial que sugería que la zona de Pucayacu era un cementerio senderista.

Indicios razonables que involucran a miembros de la Marina en la detención desaparición de personas

a) La detención arbitraria y desaparición forzada de 57 personas

Durante los meses de julio y agosto de 1984, 57 pobladores de distintas comunidades de la provincia de Huanta, fueron detenidos por efectivos policiales y de Infantería de Marina de Huanta. Posteriormente, dichas personas fueron conducidas al Estadio Municipal de dicha ciudad, sede del

Destacamento de Infantería de Marina. Desde entonces, 57 personas se encuentran en condición de desaparecidas:

• Detención de Crista Fernández Hernando y Juan Ramírez Hurtado

De acuerdo a la denuncia presentada por Rosa Hernando López, madre de Crista Fernández Hernando y suegra de Juan Ramírez Hurtado, la detención de sus familiares se produjo en la madrugada del 15 de julio de 1984 en su domicilio ubicado en la calle Espinar No 128, Barrio de Cedrocucho de la ciudad de Huanta34.

Entre 25 y 30 Infantes de Marina vestidos de civil pero con chalecos antibalas, zapatos militares y cubiertos el rostro con pasamontañas de color negro, ingresaron violentamente a su domicilio y se dirigieron al segundo piso en donde se encontraba su padre, su hermana Crista y el cónyuge de ésta, Juan Ramírez Hurtado. Todos fueron sacados a golpes de la vivienda hacia la avenida Rasuwilca. Posteriormente, fueron conducidos hacia el Estadio Municipal de Huanta, ubicado a 200 metros aproximadamente del domicilio de las víctimas. Junto con ellos fue detenido el padre de Crista Nemesio Fernández Lapa, que apareció posteriormente en las fosas de Pucayacu.

33 Testimonio en reserva de identidad Nº 040-2003-CVR.

34 Denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Huanta el 31 de julio de 1984

• Detención de 42 pobladores de la comunidad de Culluchaca

59 Declaración testimonial a la CVR, brindada el 12 de febrero del 2, 003.

60 Declaración testimonial, Expediente N° 30-84, Fojas 122.

61 Declaración testimonial a la CVR, brindada el 12 de febrero del 2003.

62 Declaración Testimonial a la CVR, brindada el 12 de febrero del 2003.

El 10 de agosto de 1984, pobladores de la comunidad de Culluchaca, denunciaron ante el Fiscal Superior Decano de Ayacucho, que 42 comuneros habían sido detenidos por miembros de los “Montoneros”63 de Patasucro, Cachas, Janes y miembros de la Infantería de Marina. Dichos comuneros son:

Víctor Cruz Curo, Esteban Condori Inga, Gregorio Quispe Rojas, Enrique Araujo Ayala, Toribio Huachaca Quispe, Aurelio Araujo Cabezas, Gregorio Quispe Osorio, Julián Cabezas Inga, Gregorio Cabezas Puclla, Melchor Araujo Llantoy, Celestino Araujo Llantoy, Juan Araujo Gonzales, Antonio Ñaupari Huamán, Marino Huachaca Gonzales, Romaldo Quispe Ramos, Fortunato Quispe Osorio, Constantino Huamán Ñaupa, Alejandro Araujo Cabezas, Alejandro Quispe Escola, Víctor Huachaca Araujo, Natividad Araujo Llantoy, Nicolás Cabezas Huachaca, Antonio Cabezas Cunto, Julián Cunto Araujo, Manuel Condori Inga, Teodoro Ñaupari Romero, Mariano Mansilla Muñoz, Florentino Mansilla Muñoz, Alejandro Araujo Curo, Marcelino Quispe Rojas, Agapito Cabezas Rojas, Faustino Araujo Farfán, Emilio Araujo Romero, Julián Ñaupari Inga, Víctor Rimachi Ccoracc, Jerman Santiago Huamán, José Mansilla Vargas, José Condori Inga, Prudencio Cabezas Huachca, Víctor Araujo Llantoy, Nievesa Obando Chimayco y Julio Rojas Obando.

En la denuncia se menciona que el 10 de agosto de 1984 “los “Montoneros” se presentaron fuertemente armados con palos, cuchillos, rejones, etc.:

...y luego procedieron a saquear nuestras pertenencias, entre ceriales (sic), vestimentas, útiles de cocina, animales y todo lo que teníamos en nuestras humildes casas y posteriormente nos tomaron prisioneros (...) cuando llegamos en calidad de prisioneros en la localidad de Jajas, pero al retirarse del lugar procedieron a incendiar nuestras humildes chisitas (sic), habiendo dejado desierto toda nuestra comunidad...64

Asimismo se señala que “...cuando llegamos en calidad de prisioneros en la localidad de Jajas los Marinos procedieron a seleccionarnos y luego separaron a nuestros familiares (...) Todos estos nuestros familiares han sido conducidos al Estadio Municipal de Huanta, a la sede del Destacamento de la Infantería de la Marina de Guerra que se encuentra en Huanta. De ello nunca supimos nada”.

El Teniente Gobernador de Culluchaca, Prudencio Víctor Vargas Rojas confirmó ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación la detención de dichas personas. Esta autoridad afirma que así como él65, alrededor de 200 vecinos de la comunidad presenciaron la detención masiva de estas personas, porque acompañaron a los cincuenta detenidos llevando parte de su ganado hasta la zona de Patasucro, donde algunos de ellos fueron liberados y otros trasladados a la base de Huanta66.

63 Se refieren a miembros de los Comités de Autodefensa.

64 Denuncia presentada al Fiscal Superior Decano de Ayacucho el 23 de enero de 1985.

65 Quien tenía 12 años cuando sucedieron los hechos.

66 Declaración a la CVR de fecha 26 de febrero del 2003.

La persona citada afirmó que, aparte de los miembros de los Comité de Autodefensa, los responsables de la detención fueron miembros de la Infantería de Marina, a quienes reconoció por la ropa y el tipo de armas que usaban agregando que las detenciones formaban parte de un operativo autorizado por su base, pues los marinos se comunicaban con sus superiores a través de radio, para verificar si los nombres de los detenidos eran correctos y consultar si debían ser trasladados al estadio. Recuerda que los montoneros se dirigían a dos de los marinos, que parecían ser los jefes, como “teniente” y “capitán”.

Además, ha señalado que “....en Patasucro sus familiares directos, es decir, sus padres y hermanos, fueron liberados mientras que su cuñado Julián Cabezas Inga, que entonces tenía aproximadamente 35 años y era de profesión agricultor, fue llevado con otras personas en dirección al estadio de Huanta. Aclara que supo que lo llevaron a dicho lugar, porque su hermana Lorenza Vargas Rojas, junto a otros familiares de las personas detenidas, siguieron de lejos a la patrulla de la Marina, y ella le contó que había visto que todos los detenidos, que eran alrededor de cuarenta 40, fueron ingresados atados por las manos...”

De acuerdo a la verificación in situ realizada por la Defensoría del Pueblo y por CVR, en la localidad de Culluchaca, dichas personas continúan hasta la fecha en condición de desaparecidas.67

B) El traslado al Cuartel de la Marina de Huanta

La investigación realizada por la CVR, permite sostener que los detenidos fueron conducidos a la base de la Marina de Guerra, ubicada en el Estadio Municipal de Huanta, donde fueron sometidos a torturas. Posteriormente, algunos de ellos fueron victimados con armas de fuego, armas punzo cortantes o estrangulados. La muerte de las víctimas se produjo cuando se hallaban bajo la custodia de los miembros de la Marina de Guerra del Perú, en circunstancias que les resultaba imposible defenderse o resistir y que no constituían en modo alguno amenaza a la vida o la integridad de los citados efectivos militares.

Las detenciones, maltratos, ejecuciones y posterior entierro de las 50 víctimas ubicadas en las Fosas de Pucayacu fueron cometidos por miembros de la Marina de Guerra del Perú, por orden y/o aceptación de los altos oficiales a cargo, como fueron el Teniente Primero AP Augusto Gabilondo García del Barco, Jefe del Destacamento de Infantería de Marina de Huanta y La Mar y el Capítán de Corbeta AP Alvaro Artaza Adrianzen, Jefe del Comando Político Militar de Huanta y La Mar.

C) Nemesio Lapa y Cirilo Barboza Sánchez fueron trasladados al Estadio de la Marina

67 Además la Defensoría del Pueblo incluyó en su relación los nombres de otras 15 personas de la comunidad de Culluchaca que se encuentran en calidad de desaparecidos, y cuyos nombres no fueron incluidos en la denuncia inicial hecha por los campesinos.

De otro lado, se tiene el reconocimiento efectuado por la señora Zenaida Fernández Hernando del cadáver de su padre –detenido por infantes de Marina- entre los cuerpos hallados en las fosas de Pucayacu, por la cicatriz de dos centímetros que tenía en la patilla del lado izquierdo y que le afectaba una parte del pabellón de la oreja. Asimismo, en el lugar de las fosas fue hallada la libreta militar de Cirilo Barboza Sánchez, quien había sido detenido por efectivos policiales de Luricocha. Ambas personas habían sido trasladadas al Cuartel de la Marina en Huanta.

D) Testigos señalan que los Marinos sí patrullaban en la carretera a Huancavelica

Si bien la zona en que se encontraron las Fosas de Pucayacu, no estaba formalmente bajo la jurisdicción de la Marina, en la práctica había presencia de efectivos de dicha institución, según los testimonios de siete choferes de la empresa ETUCSA de la época que cubrían la ruta Huamanga-Huanta-Huancayo, así como de un ex guía de los infantes de Marina. Los choferes coinciden en señalar que pasaban por el destacamento de vigilancia de Allccomachay cuando se dirigían de Huanta a Huancayo y que los efectivos de la Guardia Republicana apostados en dicho destacamento realizaban un control exhaustivo de todo vehículo motorizado que transitaba por allí68.

Los únicos vehículos que no eran controlados por los efectivos policiales eran los de la Marina69

Resulta entonces difícil de explicar que en una zona controlada por las fuerzas policiales, se haya podido producir un enfrentamiento armado con un saldo de cincuenta muertos, sin que los efectivos policiales lo hayan notado. Mas difícil aún de aceptar es que los efectivos policiales acantonados en Allccomachay y eventualmente Mayocc, no hayan advertido el desplazamiento de centenares de senderistas hasta la zona y que hayan podido cumplir con toda tranquilidad el trabajo de dar sepultura a sus caídos.

E) Huellas de vehículos y botas en Pucayacu

En el Acta de Levantamiento de Cadáveres de las fosas de Pucayacu, se encontraron huellas de pisadas correspondientes a zapatos de tipo “borseig” así como huellas de vehículos tipo “oruga” y de jeep70.

68 Ver declaraciones testimoniales de los choferes de ETUCSA, obrantes en el Expediente Nº 30-84, Fojas 478-479, 486-487, 488-489, 509-510, 529 vuelta, 533-535, 536-537 respectivamente.

69 Declaración testimonial, Expediente Nº 30-84, Fojas 529 vuelta.

70 Dicha evidencia fue registrada fotográficamente y las fotos se encuentran en el expediente 30-84 anexo al 784-84 seguido contra Álvaro Artaza Adrianzén por delito de homicidio calificado.

F) Un testigo vio a infantes de Marina en Pucayacu

Existe un testigo que señala a los efectivos de la Marina como los autores de los entierros. Aunque nunca se presentó ante una autoridad policial o judicial por temor a represalias contra él o su familia, brindó su testimonio al periodista Carlos Valdez Cárdenas Medina, entonces corresponsal del diario La República en Ayacucho. Esta persona le aseguró que el 13 de agosto de 1984 observó el traslado y entierro de los cadáveres en Pucayacu, cuando regresaba del pueblo de Marcas hacia Huanta arreando ganado en compañía de tres peones. Al aproximarse al lugar, los efectivos de la infantería de Marina se dieron cuenta de su presencia y los obligaron a tirarse al suelo71.

Autores y partícipes

En base a los testimonios brindados por los testigos y el personal de la Marina de Guerra del Perú que estuvo destacado en la base de Huanta, las pruebas actuadas en el proceso del fuero común y las constataciones realizadas por la CVR, se puede afirmar que existen suficientes elementos probatorios que permiten presumir razonablemente, que las personas halladas en la fosa de Pucayacu, distrito de Marcas, departamento de Huancavelica, fueron detenidas arbitrariamente, torturadas y ejecutadas arbitrariamente por personal de la Infantería de Marina. Además, se debe determinar la responsabilidad de otros integrantes del Destacamento de Infantería de Marina de la Provincia de Huanta, oficiales y subalternos, quienes tomaron parte activa en la ejecución arbitraria de las víctimas. Asimismo, de los efectivos policiales de la Comisaría de Luricocha, responsables de detenciones arbitrarias contra varias personas de la provincia de Huanta, varias de las cuales fueron posteriormente entregados a los efectivos militares.

Las víctimas

Existen elementos razonables para sostener que una de las víctimas de las fosas de Pucayacu, fue Nemesio Fernández Lapa, detenido por Infantes de Marina en la madrugada del 15 de julio de 1984, en su domicilio de la calle Espinar Nº 128, Barrio de Cedrocucho, Huanta. Además, existen 49 cuerpos no identificados, así como las denuncias por desaparición de otras 57 personas que según sus familiares fueron detenidas por personal de la Marina o por policías que posteriormente los trasladaron al Estadio de Huanta.

La CVR considera que el derecho a la vida, a la libertad, integridad y seguridad personales de los pobladores de la provincia de Huanta fueron violados por parte de efectivos militares instalados en la Base de la Marina de Huanta, derechos recogidos en numerosos tratados internacionales de los cuales el Perú es parte obligada.

Desde la perspectiva del derecho interno, los hechos configuran los delitos de secuestro, y contra la vida en su hipótesis de homicidio calificado.

La CVR sostiene que este modo de actuación de las fuerzas del orden respondió a un patrón conocido y asumido por el comando de turno. Por la magnitud de los hechos y por la lógica de la actuación militar, resulta difícil suponer que los hechos fueran sólo el resultado de la actuación aislada de algunos efectivos militares72.

Por otro lado, la CVR deplora la interferencia del Fuero Militar en el juzgamiento de violaciones de los derechos humanos ya que éstas no pueden ser consideradas delitos militares o de función, puesto que estos actos no tienen ninguna relación con la institución militar o castrense.

Asimismo, se hace imprescindible realizar la diligencia de exhumación de los cadáveres hallados en las fosas de Pucayacu para determinar la identidad de las víctimas y la entrega a sus familiares. Todo esto en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos que incluyen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los hechos73.

71 Declaración testimonial ampliatoria, Expediente N° 30-84, Fojas 573.

72 Ver al respecto el Capítulo correspondiente a Crímenes y Violaciones a los derechos humanos del Informe Final de la CVR.

73 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia caso Velásquez Rodríguez, , parágrafo 177.