La democracia con mayúsculas es una democracia sin secretos, que obviamente tiene que estar fundamentada en la transparencia, siendo su principal objetivo garantizar que la totalidad de los ciudadanos sean los auténticos propietarios de la información pública, si bien para alcanzar esta finalidad la labor ejecutiva debe estar sustentada por personas de probada convicción democrática, que siendo defensoras de la libertad de información hayan asumido como paso fundamental erradicar de una vez por siempre el mal institucional del silencio administrativo como norma de conducta, de modo que los ciudadanos se sientan representados y puedan confiar sin recelo en las instituciones a las que ellos mismos con su soberanía le otorgaron el poder.

Pero la realidad pone de manifiesto que queda mucho por andar, pues cuando son los propios partidos los que niegan someterse a la transparencia, difícilmente los políticos adscritos a sus filas podrán asumir que el suyo debe ser un compromiso ineludible con la democracia y la ciudadanía, muestra de esa deficiencia tenemos por expresivo referente la administración local, que a pesar de su teórica cercanía al ciudadano bate el record del silencio administrativo en todo el ámbito institucional, hasta el punto que un 83% de solicitudes de información cursadas a entidades locales no recibieron respuestas alguna en el transcurso del año 2020.

Un problema que en buena lógica exigiría un acuerdo de todas las fuerzas políticas para crear instrumentos de escrutinio público con los que poner remedio a la situación, pero que paradójicamente tiene por toda respuesta el oscurantismo burocrático, ya sea dando continuidad al silencio o utilizando la evasión.

Aun cuando la obligación de resolver y notificar los procedimientos administrativos dentro de un plazo máximo es una garantía que los ciudadanos tienen conferida en sus relaciones con las Administraciones públicas, lejos de mantener observancia con esta disciplina legal, por norma general, las Administraciones se refugian en el silencio administrativo, abriendo así la vía de las impugnaciones y de los recursos que generan incertidumbre e inseguridad jurídica al administrado, por carencia de resolución expresa a la que acogerse

De ahí que el silencio administrativo seguirá siendo por lo tanto la " bienquerida" de las administraciones locales, al posibilitarles "resolver "cualquier expediente molesto dando la callada por respuesta, una práctica que aún siendo reflejo de opacidad, contra toda lógica, se mantuvo vigente en la mal llamada Ley de Transparencia, y con el paso del tiempo sigue siendo así aún cuando en buena praxis democrática la denegación de información y el ocultismo debieran ser la excepción, pero nunca la regla.

En un régimen democrático debe estar claro que la Administración está subordinada a la política, y que por tanto compete al Ejecutivo resultante dirigir la acción administrativa

Habiéndose de añadir que tal situación anula además los requisitos necesarios para combatir los excesos políticos, siendo por eso que la impunidad política debe entenderse como la consecuencia directa del silencio administrativo y la causa promotora de la inestabilidad democrática, pues al silenciar la comisión de los delitos se está amparando la representantes no deseables, y tal circunstancia, presupone la culminación sin paliativos de un proceso de involución.

Ese escamoteo en garantizar a los particulares la defensa de sus derechos les conduce a la complejidad jurídica y contraviene la obligación administrativa de cumplir con las normas dimanantes del mandato constitucional del artículo 103 de la Constitución, que señala, que la actuación de la Administración debe servir a los intereses de los ciudadanos, no debiendo repercutir por tanto las deficiencias de la actuación administrativa sobre los mismos y mucho menos lesionar sus legítimos derechos.

La realidad cotidiana demuestra, que cada día son mas los ciudadanos que en su relación con la Administración reciben la el silencio administrativo por toda por respuesta, sin que los políticos relacionados con los asuntos expuestos por los administrados asuman su obligación de tomar las medidas oportunas para sortear todo obstáculo que paralice, entorpezca o retrase el ejercicio pleno de los derechos del administrado.

Actitud de quien actúa a la ligera pareciendo hacer caso omiso de la existencia de doctrina y jurisprudencia que reviste la inactividad de la Administración de ilegalidad; extremo que de ser probado posibilitaría la apertura a la vía del resarcimiento, pues cuando el silencio administrativo es utilizado como coartada para resolver los expedientes molestos, los causantes de la demora en la adopción de la resolución serán responsables directos, y por eso, podrán verse envueltos en un proceso de demanda por daños y perjuicios que con su desinteresado proceder pudieran producir.

Los causantes de que las instituciones sean incapaces de dar respuesta adecuada a los problemas expuestos por la ciudadanía son los representantes políticos, pues en un régimen democrático debe estar claro que la Administración está subordinada a la política, y que por tanto compete al Ejecutivo resultante dirigir la acción administrativa y abortar toda práctica contrapuesta a la disciplina legal, es decir, justo lo contrario de lo que viene haciendo el BNG en el Ayuntamiento de Fene.