En América Latina únicamente ocho países tienen prevista la pena perpetua como castigo a delitos graves. Nicaragua hizo una reforma constitucional para convertirse en el octavo país de esta región en establecer la cadena perpetua como pena permitida, siguiendo de esta manera las tendencias establecidas en países como Argentina, Chile, México, Honduras y Perú, y que son una alternativa a la pena de muerte.

En el parlamento nicaragüense aprobó la propuesta de modificar su constitución, para incorporar la cadena perpetua como castigo a los delincuentes.

Con esta reforma, aprobada con 70 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones, se prevé elevar a nivel constitucional la cadena perpetua, una vez que sea ratificada en una segunda legislatura, para que comience su vigencia.

En este país, los delitos agravados de homicidio, violación, secuestro, desaparición forzada y tortura, así como el crimen organizado y la traición a la patria se consideran delitos cuyos perpetradores representan un peligro para la sociedad. Es por ello que para ese tipo de delitos se busca el establecimiento de la cadena perpetua.

Lo anterior, en un contexto en que la población nicaragüense, conforme a datos recopilados entre mayo y junio, tiene la percepción de que en el año 2020 por Gallup, hace preguntados sobre cuáles son los principales problemas de su país, en el cuarto lugar, abajo de la pandemia, el desempleo y su propio gobierno, el problema de la seguridad y el aumento del número de crímenes, así como una mayor sensación de inseguridad en todo el país, y el temor de salir de su domicilio y ser asaltados, es una sensación que hay un aumento según los datos recopilados en esta encuesta, y que en parte responsabilizará su propio gobierno, por la decisión de liberar en mayo de este año al menos a 2815 delincuentes comunes.

Esta reforma fue promovida por el presidente Daniel Ortega, quien públicamente defendió la necesidad de imponer penas más duras después de haberse dado a conocer la violación y el asesinato de dos niñas el mes de septiembre pasado.

Sin embargo, esta reforma también contiene un elemento represivo y de intimidación, pues se considera que las acciones de grupos opositores pueden ser clasificadas y consideradas como “crímenes de odio”.

Por su parte, diputados oficialistas consideran esta reforma como “un mecanismo de protección al derecho humano de la vida, ya que protegerá mujeres, niños y adultos mayores de quienes pretenda cometer delitos horrendos contra ellos”.

El artículo modificar es el artículo 37 de la constitución nicaragüense, en el cual se establece que no pueden imponerse penas aisladamente o en conjunto, que sobrepasen los 30 años; texto constitucional al que se le agregará la excepción de que las personas condenadas por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueldad, tratos degradantes, humillantes, inhumanos o que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional, si podrá tener penas mayores.

Si bien no menciona la cadena perpetua como tal, si deja abierta la posibilidad de que a través de las penas acumuladas pueden ponerse un efecto semejante, como sucede en otras legislaciones, tal como lo explica la organización reforma penal internacional, la cual explica que los conceptos de cadena perpetua, no tienen siempre el mismo significado en todos los ámbitos jurídicos.

En muchos países puede existir una condena perpetua y sin consideración a una liberación previa, en tanto que en otros lugares si se les puede considerar para ese tipo de liberaciones, dependiendo de la gravedad del delito. Por otra parte, hay legislaciones en las que si bien, no hay una cadena perpetua como tal, la acumulación de penas si puede mantener a un reo en prisión hasta su muerte.

Nicaragua, al igual que otros países de América Latina, tiene problemas de delincuencia que desbordan los sistemas judiciales y penitenciarios, y parecieran sobrepasar la capacidad del Estado para establecer el orden. Uno de los sistemas más comunes para intentar mantener el orden social, es el endurecimiento de las penas. Varios países han optado por esta opción para no utilizar la pena de muerte, y es por ello que este mismo gobierno encabezado por Daniel Ortega que antes de 1990 propuso esa limitación de penas hasta un máximo de 30 años, ahora busque la incorporación de la cadena perpetua para solucionar los problemas de violencia en su país.