Nicaragua viola los derechos humanos de emigrantes cubanos, haitianos y africanos que intentan llegar a Estados Unidos, al impedirles el paso por su territorio, advirtieron este miércoles miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Enrique Gil, relator de la CIDH sobre derechos de los emigrantes, declaró que la actitud de Nicaragua refleja "una cascada de violaciones de los derechos de los migrantes" en una situación "que es lastimosa, preocupante y que entra en contra vía con los estándares del sistema interamericano".

El relator habló durante una audiencias de la CIDH, que celebra en Panamá su período de sesiones.

El gobierno de Managua bloqueó en noviembre de 2014 el paso por su territorio para emigrantes cubanos, haitianos, africanos y asiáticos que intentan llegar a Estados Unidos alegando violación de su soberanía.

El cierre de las fronteras dejó a miles de emigrantes varados en Colombia, Panamá y Costa Rica, a la espera de poder seguir su ruta. Miles de cubanos fueron trasladados en avión a México para continuar su ruta.

Durante la audiencia, las organizaciones denunciaron detenciones y expulsiones masivas de inmigrantes por parte de las autoridades nicaragüenses.

También citaron la muerte de ocho africanos el pasado 4 de agosto y de detenciones a personas que prestan ayuda a los emigrantes.

"Es una situación tan grave y es un horror humanitario que el mundo entero debe conocer lo que está ocurriendo en el Estado de Nicaragua", comentó Margarette May Macaulay, relatora para los derechos de las mujeres y personas afrodescendientes de la CIDH, tras escuchar los alegatos.

Nicaragua no envió representante a la audiencia, lo que fue lamentado por los miembros de la Comisión Interamericana y los denunciantes.

"El Estado de Nicaragua se ha mostrado insensible" con los emigrantes, a los que "cierra las puertas y los rechaza en un total acto de discriminación", manifestó Marco Carmona, secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua.

"Hay una falta de voluntad política" del gobierno de Daniel Ortega "de mejorar su imagen de respeto hacia los derechos humanos", lamentó Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos.