Está resultando muy difícil, por lo que se ve, formar un gobierno que recoja e integre “la opinión de los votantes” que han participado en las últimas elecciones generales celebradas en España (20D15). Sin embargo, no debería de ser tan difícil encontrar algunos asuntos fundamentales, que no implican ideología, y que podrían ser fácilmente aceptados y compartidos por todas las fuerzas políticas y por la sociedad civil, sin fisuras ni discusión, y que deberían de poder plantearse y abordarse sin problemas de consenso.

Se formula, en ésta reflexión, una propuesta de enfoque común, al alcance de todas las sensibilidades políticas; enfoque, en el que, para bien de los ciudadanos, sería muy deseable la convergencia, sin reservas, de todos los grupos del espectro político que aspiran a gobernar España.

Se trata de exaltar, promover y practicar, de forma decidida, sin fracturas ni excepciones, la honradez y la honestidad, tanto en la esfera personal e individual, como en el ámbito institucional.

Las sencillas ideas anteriores podrían constituir el germen de las bases de un programa de gobierno para España, que valdrían para cualquier país o Comunidad, Autónoma, o no, pero que, a día de hoy, ningún político, parece interesado en plantear, promover, proponer, explicar ni apoyar con claridad y decisión.

Asimismo, todos los partidos, “cualquiera que sea su color” deberían de defender y promover éstos “valores”, pero, por ahora, desafortunadamente, tal vez por darlo por supuesto, o, lo que sería mucho peor, como excusa para no avanzar en ello, ninguno de ellos dice, ni, mucho menos, hace, nada determinante e inequívoco en esa dirección.

Otros muchos aspectos son, sin duda, opinables y, en muchas ocasiones, están ligados a la ideología de cada partido, aunque, para ser realistas, en verdad, la ideología pasa a un lugar secundario, a la vista del escaso margen de maniobra que hay en el contexto actual, en el mundo en que vivimos, y en el entorno en el que estamos.

Desde el punto de vista práctico, para plasmar esas ideas, estamos hablando de abordar con decisión y urgencia la eliminación radical de prácticas que, sin ninguna sombra de duda, o matiz posible, son delictivas, como el nepotismo, la corrupción y el “cumplimiento selectivo” de las leyes; utilizando, para ello, todos los medios al alcance de un Estado Democrático de Derecho, que son muchos y eficaces.

Los avances en la erradicación de esas lacras, tendrán a corto, medio y largo plazo una clara influencia positiva en la prosperidad del país y en el nivel de vida y bienestar de la inmensa mayoría de sus habitantes. En efecto, estas mejoras serán consecuencia, entre otras, de las siguientes causas principales:

Más dinero disponible para inversiones públicas y prestación de servicios a los ciudadanos. Este dinero procederá del ahorro para las Administraciones, generado al no desviarse dinero de sus fondos y presupuestos para alimentar las corruptelas y, también, de los fondos generados por el adecuado pago de impuestos, de acuerdo con la ley y en las cuantías correctas, por todos los obligados a ello, tanto personas, como empresas y otras organizaciones.

Mejor calidad y mayor eficacia de los servicios públicos, conforme se vayan reduciendo los niveles de corrupción en los organismos encargados de su gestión. Estas mejoras serán consecuencia directa e inmediata de primar los criterios de calidad y eficiencia en los costes para la adjudicación de las obras de construcción de infraestructuras y para la contratación de las empresas que han de prestar, cuando sea el caso, tales servicios, por cuenta del Estado, o de otras Administraciones.

Mejor gestión, más profesionalizada y, por ello, más eficiente y eficaz, de las empresas y organizaciones públicas, y privadas. Este efecto se producirá al abandonar, o reducir drásticamente, la práctica del nepotismo, actualmente, por desgracia, con amplia implantación en nuestra sociedad, de forma que, con carácter general, pasarán a dirigir las entidades los más aptos y preparados en lugar de hacerlo los que cuentan con familiares o amigos mejor situados.

Sobre todo en las pequeñas colectividades, otro efecto positivo en relación con la erradicación de las prácticas de nepotismo, será que los votantes no decidirán su voto orientados por el deseo de que alcance el poder un determinado partido, porque esperan obtener ventajas personales gracias a sus relaciones con integrantes de tal partido, sino que querrán que gobierne el partido que, objetivamente, pueda ofrecer mayores garantías de buena gestión de la cosa pública.

¿Qué esperan los partidos para hacer un programa en esa línea? Los partidos nuevos o emergentes parece que están haciendo lo que han venido haciendo los partidos viejos de “la casta”, desde tiempo inmemorial. Eso, sin embargo, no puede ser excusa, al contrario, sería agravante, por conocido, pues, por ello, nadie puede alegar que le ha pillado por sorpresa, que no se esperaba que pudiera pasar.

Se trata de exaltar, promover y practicar, de forma decidida, la honradez y la honestidad, tanto en la esfera individual, como en el ámbito institucional

La sociedad civil y la ciudadanía debemos de exigir con la mayor insistencia que los políticos y sus partidos son los que tienen la obligación de dar ejemplo en el cumplimiento de las leyes, en su actividad pública, por supuesto, y en su actividad privada, desde luego.

También deben de promover que todo el mundo cumpla las leyes que nos obligan a todos, denunciando y rechazando a aquellas personas, sobre todo si son poderosas, populares o famosas, que se saltan o desprecian las leyes o, lo que es aún peor, buscan ayudas y procedimientos para bordearlas o tergiversarlas en su favor, cometiendo “fraude de ley”.

Si bien es verdad que la falta de honestidad y honradez es un asunto de personas, no es menos cierto, puesto que las organizaciones están formadas por ellas, que los partidos deben de ser absolutamente intransigentes con esas prácticas, sobre todo las que son realizadas por personas ligadas a ellos, tanto si se beneficia el partido, como si el beneficiado es solo, o también, el propio delincuente.

Los políticos tienen la obligación de transmitir a la sociedad el mensaje de que las practicas que implican el incumplimiento de las leyes, la corrupción y el nepotismo no son bien vistas por ningún partido, ¿o hay alguno al que le parezcan bien o deseables, todas o alguna de ellas?

En esa línea, los políticos y los partidos que los acogen deben de liderar el rechazo social, y político, a los corruptos, nepotes y defraudadores, tanto empresas, como personas, declarándoles la guerra sin cuartel y promover, implantar y organizar la persecución, jurídica y social, de todos ellos.

Hay que insistir en el mensaje de que no ser honrado y honesto no puede salir gratis. No es de recibo que se robe al país, es decir, a todos los ciudadanos, y, a cambio de solo unos pocos años, o, incluso, solo meses, de cárcel y algunos disgustillos, le quede al delincuente un patrimonio de decenas, cuando no centenares, de millones de euros. Estas situaciones son un claro estímulo a un razonamiento del siguiente tenor: “robemos y, después, ya se verá, si es que llega a verse, claro”.

Es decir, si el delincuente obtiene, por ejemplo, 100 millones de euros a cambio de pasar tres o cuatro años en la cárcel, el “sueldo” recibido habría sido de 33 o 25 millones/año; tales cantidades, sin ninguna duda, no hubieran podido ser obtenidas de forma honrada y no están, desde luego, al alcance de cualquier trabajador; el “sueldo”, entonces, le merece la pena al delincuente.

Para que el mensaje sea captado, los políticos tienen el deber ineludible de trabajar en la creación de leyes que aseguren que cometer estos tipos de delitos acarreará, sin sombra de duda, a los delincuentes, unas consecuencias que han de ser verdaderamente disuasorias.

Igualmente, los personajes políticos, con la ayuda de los medios, han de sensibilizar a la sociedad en su conjunto contra aquellos que eluden el pago del IVA, o no dan de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores, empleados de hogar, etc.

Se aporta, para finalizar, una reflexión sobre la cuantía de las multas a imponer por determinados delitos o infracciones, como las de tráfico, contra la Ley de Seguridad Vial, por ejemplo.

Las multas deberían de ser proporcionales a los ingresos del delincuente, sobre todo en delitos de flagrante insolidaridad, como los de tráfico.

No es de recibo que un futbolista de élite, por ejemplo, que los ha habido, circule a 200 km/h en una zona con velocidad limitada a 90 km/h y se le imponga una multa de unos cientos de euros; el “castigo” será, apenas, de una centésima de porcentaje (0, 01%) de sus ingresos mensuales. Con el mismo criterio, al mileurista se le debería de imponer por la misma infracción, para ser justos y equitativos, una multa de, quizá, ¡10 céntimos de euro!.

Lo anterior pone de manifiesto, con toda claridad, lo ridículo que es imponer a ambos sujetos una multa de igual cuantía en euros; obviamente, sobre ser ridículo, es claramente injusto, además de nada disuasorio para el futbolista de élite.

No es justo, por tanto, que la multa impuesta sea de igual cuantía para este sujeto que la que se le impondría, en el mismo supuesto, al que vive con el salario mínimo. Si la multa impuesta a un mileurista es de 300 euros, por ejemplo, la del futbolista de élite, por el mismo delito, debería de ser también del 30% de sus ingresos mensuales; ¿tal vez uno o dos millones de euros?. Eso sería, probablemente, más disuasorio.

No debería de ser tan difícil encontrar algunos asuntos fundamentales que podrían ser compartidos por todas las fuerzas políticas y por la sociedad civil

Otra cosa son las penas de cárcel, en su caso, esas sí parece justo y razonable que, para delitos iguales,  deban de ser iguales para todos.