El presidente Felipe Calderón mostró un panorama oscuro del país en el mensaje con motivo del III Informe de gobierno. Y fue motivo para que, a pesar de la adversidad, pronunciara palabras de confianza para animar a ‘ la generación’ que provoque el cambio que el país necesita a partir de la aplicación de reformas profundas.

Ese mensaje del presidente proclamó un decálogo de cambios cuyas prioridades apuntan hacia el desarrollo humano sustentable, el combate a la pobreza y el crecimiento económico justo con generación de empleos; sin embargo, estas reformas quieren cimentarse en un país cuya riqueza ha venido a menos. La crisis internacional, la devaluación económica que ha mermado el poder adquisitivo de las familias, la zozobra por la inseguridad que ahuyenta los capitales y el fin de los recursos naturales que significaron la abundancia en otras décadas, han generado un número de pobres que raya en el escándalo y la obscenidad por la injusta distribución de la riqueza.

La oportunidad, según el presidente Calderón, está ‘ en concentrar la fuerza y los recursos del Estado mexicano en un esfuerzo de todos por frenar el crecimiento de la pobreza, por mitigar los impactos negativos que la crisis alimentaria y económica mundial han dejado en nuestra población de menores ingresos’ .

La ‘ joya de la corona’ del paquete económico para el año 2010 es una contribución particular para reforzar los programas sociales destinados a combatir la pobreza y propiciar el desarrollo de las clases vulnerables. Además de otras contribuciones que se pretenden imponer, el Plan Económico que tiene que ser discutido y aprobado por la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, propone una iniciativa de Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza para beneficiar a los que menos tienen.

Dicha iniciativa, en su exposición de motivos, destaca los avances en materia de desarrollo social que ha tenido la administración del presidente Calderón: Oportunidades, el programa de apoyos económicos a madres solteras, trabajadoras y estudiantes, la renovación de viviendas populares, el Seguro Popular, el Seguro Médico para una Nueva Generación, la Estrategia de Embarazo Saludable y las Caravanas por la Salud. Estos programas han aumentado en casi un punto porcentual en comparación con 2003, al pasar del 1.2 al 2.2 por ciento.

No obstante los esfuerzos, la iniciativa señala que las inversiones en materia de combate a la pobreza son insuficientes. Temas como el derecho a la protección a la salud de los mexicanos se encuentran comprometidos de no tenerse una mayor capacidad de recaudación que fortalecería los servicios médicos universales. Otra razón se encuentra, por otro lado, en la capacidad económica de México que, durante décadas, descansó en las volátiles ganancias obtenidas de la venta de hidrocarburos.

De acuerdo con el Ejecutivo, la solución está en la creación de una nueva contribución y se destine al fortalecimiento de los planes y programas que beneficien a las clases necesitadas. En esencia, la iniciativa apela al sentido de ‘ solidaridad’ que avala la obligación de los mexicanos al pagar sus impuestos. Y esta no es una afirmación hecha a la ligera, sino que la misma propuesta pone de paradigma una tesis del Poder Judicial de julio de 2009: ‘ El sistema tributario tiene como objetivo recaudar los ingresos que el Estado requiere para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, haciéndolo de manera que aquél resulte justo, equitativo y proporcional, conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... por lo que la obligación de contribuir es un deber de solidaridad con los menos favorecidos’ (Obligaciones tributarias obedecen a un deber de solidaridad. Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación, tomo XXX, julio 2009)

De esta forma, para ‘ demostrar un deber de solidaridad’ que mitigue la pobreza de 50.5 millones de mexicanos que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, calzado vivienda, salud, transporte y educación, y dentro de esos 50 millones de 19 millones que no tienen los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación, a los mexicanos, particularmente a la clase media que se va extinguiendo, se les obligará a tributar un 2% como resultado de cualquier actividad en la cadena económica.

La “joya de la corona” del paquete económico para el año 2010 es una contribución particular para reforzar los programas sociales

¿Qué se quiere gravar? De acuerdo con el proyecto de decreto, la nueva contribución que, según los planes hechos en el escritorio, vendría a generar 70 mil millones de pesos y se impondría de manera indirecta al valor de la realización de las actividades económicas en todas las etapas de producción, aplicándose de forma general a las que no están sujetas a contribución alguna. Así, serán objeto de este impuesto la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes y servicios.

¿A qué se destinará? Los cálculos de la iniciativa tratan de demostrar, de una manera muy optimista, el destino de los recursos que fortalecerían a los programas sociales en 2010: Oportunidades se vería ampliado en 24 mil 877.2 millones de pesos; la asignación de 4 mil 571 millones de pesos a acciones comunitarias de educación; el crecimiento del Programa Comunidades Saludables en 68.1 por ciento; la mejora del Sistema integral de Calidad en Salud en un 55.7 por ciento y la designación de 2 mil 930 millones de pesos al Programa de Empleo Temporal, entre otros.

¿Quiénes estarán obligados? Las personas físicas y morales que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes y beneficios. La Federación, el Distrito Federal los estados, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedad cooperativas o cualquiera otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales, también pagarán la contribución.

¿Qué se exenta? La iniciativa contempla exentar actividades económicas ya que algunas ‘ podrían generar pérdidas o minusvalías para sus contrapartes y por lo tanto sólo representan trasferencias más no agregan valor a la economía’ . Así, propone exentar la compra de divisas, moneda nacional y extranjera; la operaciones en oro y plata, los títulos de crédito, el pago de intereses que cobran y pagan las instituciones financieras, exceptuando los intereses derivados de las tarjetas de crédito y de los créditos hipotecarios; la enajenación de bienes inmuebles usados, excepto cuando son enajenados por empresas, y el transporte marítimo internacional de bienes.

La pobreza escandalosa que vive México es resultado de la dilapidación de los recursos provenientes del petróleo. La falta de ahorro nacional y el pago de salarios exorbitantes hicieron que la riqueza fuera distribuida injustamente. En 2010, el hoyo económico en el presupuesto debido a la reducción de la producción petrolera en 700 mil barriles diarios, significa la pérdida de 300 mil millones de pesos de ingresos al año. Es lógico que, ante el escaso nivel de previsión de administraciones anteriores, se hayan generado más y más pobres lo que, en el fondo, implica un riesgo latente a la seguridad y estabilidad del país. La raíz de las revoluciones en la historia está en las condiciones miserables, de injusticia y de muerte en las que viven muchas personas de una nación, las cuales apenas subsisten con dos dólares diariamente.

En nombre de los pobres, más impuestos que castigan a la clase media que soportaría esta nueva carga. Si bien esta contribución tiene un espíritu que apela a la ‘ solidaridad’ de todos los mexicanos, es justo decir que muchísimas personas no pueden generar ahorro debido a los salarios miserables que no compensan justamente las largas jornadas laborales que se demandan. La crisis económica agobia a los trabajadores que ahora se sentirán cautivos por un nuevo impuesto que en el fondo es consecuencia del egoísmo, de la voracidad y de las injusticias que las clases pudientes tuvieron en el pasado, así como de la irresponsabilidad de diversas administraciones que prefirieron engordar los bolsillos de los funcionarios con jugosos salarios que serían la envidia de burócratas en países desarrollados.

La Iglesia católica enseña que la indigencia material, la opresión injusta las enfermedades y la muerte son formas de la miseria humana como signo manifiesto de la debilidad congénita en la que se encuentra el hombre (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica. No. 2448). Actualmente, nuestro país no escapa de estas manifestaciones que provocan una seria inestabilidad. Nuestra pertenencia al colectivo social no nos exime de colaborar con el bien común que es elemental para la marcha de cualquier nación; sin embargo, medidas jurídicas como esta nueva Ley que se pretende, son una reacción tardía ante la voracidad de algunos que han provocado tanta miseria y crisis, como bien señalan las palabras de la Carta del Apóstol Santiago en el 26 domingo ordinario del 2009 (St 5, 1-6), al haber vivido entregados ‘ al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza’ , cancelando el futuro de generaciones enteras.