La Agencia Tributaria española efectuó este martes una operación contra un sistema de ventas en negro de pescado en el mercado central de Barcelona por un presunto fraude superior a 100 millones de euros, informó el ministerio de Hacienda.

Más de cien inspectores de la agencia, acompañados por agentes de la policía, participaron en esta operación, dirigida contra veinte empresas de venta al por mayor de pescado.

El mercado central de Barcelona abastece a diez millones de personas, especialmente del noreste de España, el sur de Francia y el norte de Italia, y comercializa anualmente más de un millón de toneladas de hortalizas, 75.000 de pez y 22.000 de carne.

Según las investigaciones, iniciadas a mediados de 2014, "las sociedades inspeccionadas estarían en posesión de un sistema informático que permitía ocultar deliberadamente, y a voluntad, un importante volumen de su facturación", informó el ministerio en su comunicado. Este sistema "identificaba con una serie de códigos concretos aquellas ventas que se ocultaban en la contabilidad y en las correspondientes declaraciones tributarias de las empresas", añadió. Así, estas sociedades, que en total facturaban más de 300 millones de euros anuales, podrían haber ocultado "más de un 30% de ventas adicionales a las efectivamente declaradas", elevando a más de 100 millones el presunto fraude, informó Hacienda.

Según los investigadores, existían varios indicios sospechosos como el manejo de grandes cantidades en efectivo por parte de los responsables de las sociedades, la insuficiente documentación de los justificantes de venta o los márgenes netos de beneficios "anormalmente bajos" sobre el volumen de ventas, que apenas superaban el 1, 5%.

Durante la operación, en la que no se produjo ninguna detención, los inspectores registraron 23 puestos de venta y diez sedes de oficinas, todas ella ubicadas en el mercado central de Barcelona (Mercabarna).

En total, las empresas ubicadas en él facturan unos 4.800 millones de euros al año.

Desde su llegada al poder a finales de 2011, el gobierno conservador lanzó un plan de lucha contra el fraude fiscal en el país, forzado entonces a implantar duras políticas de austeridad para reducir su elevado déficit en plena crisis.

Este plan permitió, según el ministerio de Hacienda, recuperar en tres años 34.785 millones de euros. Según un reciente estudio de Randstad, la economía sumergida representa un 18, 6% del PIB español.